Después de una serie de asesinatos, organizaciones sociales piden ley que prohíba la minería en El Salvador

Foto G. Trucchi | Opera Mundi

Victoria de Salvador Sánchez Cerén, del FMLN, y su posicionamiento público contra la minería metálica, despertó nuevas esperanzas en la población

Por Giorgio Trucchi | Opera Mundi

Aquel 26 de diciembre de 2009, Dora Alicia Sorto, con 8 meses de embarazo, miró a su marido, José Santos Ramírez, mientras conversaba sin muchos apuros con Francisco Pineda, ambos directivos del Comité Ambiental de Cabañas (CAC). Eran días amargos y difíciles para los miembros de las organizaciones que encabezaban la lucha en contra del proyecto minero El Dorado, de la compañía canadiense-estadounidense Pacific Rim Mining Corp.

Dora Alicia los dejó conversar, cargó a su niñito de 2 años, agarró un guacal y se dirigió hacia el río a lavar ropa. Horas después, mientras Francisco se estaba despidiendo de José Santos, sonaron unos disparos. Los dos hombres instintivamente se agacharon, luego reaccionaron y, acompañados por varios pobladores, salieron corriendo hacia el río.

Cuando llegaron al lugar, el cuerpo de Dora Alicia yacía boca abajo en la ribera del río. Varios impactos de bala le habían segado la vida a ella y al pequeño que llevaba en su vientre. Afortunadamente, el otro niño solo resultó con una herida en la pantorrilla. Su madre lo había protegido con su cuerpo al desplomarse al suelo.

Las organizaciones ambientalistas de la zona no dudaron un solo instante que los responsables de este nuevo atentado contra la vida de quienes se oponían a la explotación minera, tuviesen vínculos con Pacific Rim.

Oro y plata en Cabañas

Pacific Rim obtuvo en 2004 la licencia de exploración e identificó no menos de 25 sitios para la extracción de oro y plata en siete departamentos, incluyendo a Cabañas, una de las zonas más pobres y atrasadas del país.

Según sus planes, la transnacional minera utilizaría en el proyecto El Dorado un promedio de 2 toneladas diaria de cianuro y casi 900 mil litros diarios de agua, es decir la misma cantidad que una familia campesina consuma en casi 20 años. El depósito para colas contaminadas con cianuro y mercurio ocuparía una superficie de 35 hectáreas, con paredes que tienen 30 metros de alto.

“En aquel momento no había ningún tipo de información, y nadie se preocupaba por la presencia de trabajadores de la empresa que andaban realizando análisis del terreno y sacando grandes cantidades de agua del río San Francisco. Todo cambió cuando, en abril de 2004, nuestro río se secó”, recuerda Francisco Pineda, coordinador general del CAC.

Esa situación hizo que los pobladores de diferentes comunidades reaccionaran y buscaran la forma de organizarse. La empresa respondió con una campaña de desinformación dirigida a los gobiernos municipales, líderes comunitarios y partidos políticos, para convencerlos de las bondades de los 5 proyectos mineros que iba a promover en Cabañas.

“Nos hablaban de desarrollo, puestos de trabajo, infraestructuras, reforestación y de cómo iba a mejorar la calidad del agua, pero nunca mencionaron, ni presentaron los estudios de impacto ambiental”, dijo Rhina Navarrete, coordinador general de la ASIC (Asociación Amigos de San Isidro Cabañas).

El contacto entre líderes comunitarios permitió que una delegación viajara a Honduras y visitara el Valle de Siria, donde el proyecto de explotación minera de la transnacional canadiense Goldcorp estaba generando graves impactos socio-ambientales y en la salud de la población.

Tomar conciencia sobre el drama que estaban viviendo miles de pobladores del Valle de Siria aceleró el proceso de organización y de incidencia contra la minería en Cabañas. La conformación de la Mesa Nacional Frente a la Minería y la creciente movilización ciudadana lograron que las autoridades ambientales pararan el otorgamiento de la licencia de explotación de la mina El Dorado.

La reacción de Pacific Rim fue inmediata. Con el apoyo de los medios de comunicación corporativos y del gran capital salvadoreño, la transnacional canadiense-estadounidense impulsó una gran campaña mediática, para desprestigiar a los líderes comunitarios e inculcar en la población la idea de que sí era posible una ‘minería verde’, amigable con el ambiente.

“El enfrentamiento pasó de lo local a lo nacional. La empresa visitó todas las municipalidades del país para ofrecer el financiamiento de proyectos y comprar voluntades. Adquirió espacios publicitarios en los principales medios nacionales e favoreció el engavetamiento de un proyecto de ley que prohibía la minería en el país”, explicó Francisco Pineda a Opera Mundi.

El inicio de la etapa de exploración en el cantón Trinidad, en 2008, provocó la muerte de varias cabezas de ganado y 15 nacimientos de agua se secaron casi de inmediato. Los pobladores enardecidos obligaron la empresa a sacar sus maquinarias de la zona.

Represión y muerte

En julio de 2009, ante la oleada de protestas y movilizaciones de las comunidades y la decisión del recién electo presidente Mauricio Funes de no otorgar ningún permiso de explotación minera, Pacific Rim decidió ampararse en el capítulo de inversiones del CAFTA-DR (Tratado de Libre Comercio Estados Unidos, América Central y República Dominicana) y, a través de una filial en Estados Unidos (PacRim Cayman LLC), demandó al Estado de El Salvador por 77 millones de dólares ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), ente adscrito al Banco Mundial.

Años más tardes, en 2013, Pacific Rim entró en bancarrota y fue vendida a la compañía de capital australiano-coreano Oceana Gold, que arreció la demanda en contra del Estado salvadoreño, solicitando una compensación de 315 millones de dólares en concepto de inversiones realizadas y pérdidas.

Casi simultáneamente a la introducción de la primera demanda, en el departamento de Cabañas inició una verdadera cacería contra los líderes y dirigentes comunitarios.

El 18 de junio de 2009, Marcelo Rivera, director de la ASIC, desapareció. Su cadáver fue encontrado diez días después en un pozo con señales de tortura. A finales de julio, el sacerdote Luis Quintanilla, locutor de Radio Victoria, uno de los pocos medios que criticaban abiertamente el proyecto minero, sufrió un intento de secuestro y asesinato.

A los pocos días, el 7 de agosto, Ramiro Rivera Gómez, síndico del CAC y líder del cantón Trinidad, fue víctima de una emboscada al recibir varios disparos por la espalda cuando se dirigía a ordeñar sus vacas. Sobrevivió al ataque sólo para ser emboscado nuevamente y asesinado el 20 diciembre, dos días antes de atestiguar en los tribunales contra el supuesto responsable del primer atentado.

En el ataque con armas de grueso calibre también perdió la vida la señora Felicita Echeverría, a la cual Rivera Gómez le había dado “jalón” en su vehículo. A los seis días ocurrió el brutal asesinato de Dora Alicia Sorto y del niño que llevaba en su vientre.

“Fue brutal. El asesinato de Dora y de su hijo impactó en la población, que quedó traumada y con mucho miedo. Además, las investigaciones no condujeron a nada y, tanto la policía como la fiscalía, concluyeron que el crimen fue por rencillas personales. El asesinato quedó impune”, lamentó Pineda.

El 3 de junio de 2011 desapareció Juan Francisco Durán Ayala, activista del CAC, y su cuerpo fue hallado 10 días después en una fosa común en San Salvador. Un día ante de su desaparición estaba poniendo pancartas, pegando afiches y entregando volantes en la ciudad de Ilobasco, exigiendo la aprobación de una ley contra la minería metálica y la salida de Pacific Rim de Cabañas.

Pese al temor, las organizaciones que integran la Mesa Nacional Frente a la Minería se mantuvieron firmes, y no permitieron que el miedo desarticulara su trabajo de resistencia en las comunidades. También se amplió el proceso de alianzas con la adhesión al Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4).

El objetivo sigue siendo la aprobación de una ley que prohíba la minería en El Salvador. La reciente victoria electoral del candidato Salvador Sánchez Cerén, del izquierdista FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional), y su posicionamiento público en contra de la minería metálica ha despertado nuevas esperanzas.

“Hemos logrado penetrar en algunas comunidades que eran muy hostiles y que estaban cooptadas por la empresa. Con otras aún no ha sido posible y sigue existiendo división. No es fácil, pero seguimos adelante, defendiendo nuestro territorio y la vida”, concluyó Rhina Navarrete.

Fuente original: Opera Mundi (portugués)