En Guatemala, las fuerzas represivas del Estado arremetieron contra comunidades del norte de Cobán, organizadas en el CUC (Comité de Unidad Campesina), que protestan contra la construcción de la hidroeléctrica Santa Rita.
En Honduras, unas 450
familias de los diferentes movimientos campesinos articulados en la
Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguán recuperaron nuevamente
una gran parte de la Finca Paso Aguán, ubicada en el municipio de
Trujillo, departamento de Colón.
Estado de Guatemala de nuevo reprime a comunidad Monte Olivo, Cobán, Alta Verapaz
Como resultado del convenio firmado el 30 de julio de 2014 entre la empresa Hidro Santa Rita y el presidente Otto Pérez Molina para reafirmar la cooperación entre el gobierno y esta empresa por 20 años, las fuerzas represivas del Estado guatemalteco, ante el ejercicio del derecho constitucional a manifestarse que realizaron las comunidades del norte de Cobán, arremetieron en contra de la población y realizaron un desalojo violento en la comunidad Monte Olivo, Cobán, Alta Verapaz, comunidad organizada en el Comité de Unidad Campesina –CUC-.
El resultado, hasta ahora, es de 5 personas capturadas, identificadas como: Isabel Choc Beb, Magdiel Ical Jun, Tomas Chen, Obdulia Ical Jun y Carmen Jun. Estos compañeros/as presentan golpes en diferentes partes del cuerpo ocasionados por la Policía Nacional Civil, PNC. También se reportan decenas de personas afectadas por las bombas lacrimógenas entre ellas unos 45 niños/as que presentan síntomas de intoxicación por los gases que ha lanzando la PNC.
Las familias de la Comunidad Monte Olivo han indicado que hay varias personas heridas y existe la angustia de que esas heridas hayan sido ocasionadas con arma de fuego porque entre los disparos de bombas lacrimógenas se escucharon detonaciones de balas de otro calibre.
La represión de la policía hacia los pobladores llegó a eso de las 10:00 de la mañana cuando se dieron cuenta que en la comunidad Monte Olivo se mantiene una resistencia pacífica en contra de la construcción de la hidroeléctrica Santa Rita. Los uniformados custodian maquinaria para realizar los trabajos de dicha empresa responsable de la conflictividad social en varias comunidades Q´eqchi´del área.
En la comunidad Monte Olivo la Hidro Santa Rita ha ocasionado el asesinato de varias personas, entre ellas, dos niños Ageo Isaac Guitz Maaz, David Estuardo Pacay Maaz y los adultos Víctor Juc Maaz y Carlos Ical Guitz Pacay.
Ante esa condenable situación exigimos:
Al presidente Otto Pérez Molina, al ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla y al gobernador de Alta Verapaz, Ronald Sierra, que detengan la represión en contra de la población indígena Q´eqchi´ que está poniendo en práctica sus derechos individuales y colectivos como pueblos indígenas, al manifestar su rechazo a la presencia de la Hidro Santa Rita en su territorio.
Exigimos que tanto, los funcionarios mencionados anteriormente, como la PNC respete la vida, la integridad física y la dignidad de las ciudadanas y ciudadanos de la comunidad Monte Olivo y demás comunidades del norte de Cobán.
A al Procuraduría de los Derechos Humanos, a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en nuestro país demandamos que se forme una comisión para verificar los daños ocasionados por estos “servidores públicos” en contra de la población de la comunidad Monte Olivo.
Solicitamos a la solidaridad nacional e internacional la divulgación de estos hechos y mantener la vigilancia de lo que suceda en el norte de Cobán
El resultado, hasta ahora, es de 5 personas capturadas, identificadas como: Isabel Choc Beb, Magdiel Ical Jun, Tomas Chen, Obdulia Ical Jun y Carmen Jun. Estos compañeros/as presentan golpes en diferentes partes del cuerpo ocasionados por la Policía Nacional Civil, PNC. También se reportan decenas de personas afectadas por las bombas lacrimógenas entre ellas unos 45 niños/as que presentan síntomas de intoxicación por los gases que ha lanzando la PNC.
Las familias de la Comunidad Monte Olivo han indicado que hay varias personas heridas y existe la angustia de que esas heridas hayan sido ocasionadas con arma de fuego porque entre los disparos de bombas lacrimógenas se escucharon detonaciones de balas de otro calibre.
La represión de la policía hacia los pobladores llegó a eso de las 10:00 de la mañana cuando se dieron cuenta que en la comunidad Monte Olivo se mantiene una resistencia pacífica en contra de la construcción de la hidroeléctrica Santa Rita. Los uniformados custodian maquinaria para realizar los trabajos de dicha empresa responsable de la conflictividad social en varias comunidades Q´eqchi´del área.
En la comunidad Monte Olivo la Hidro Santa Rita ha ocasionado el asesinato de varias personas, entre ellas, dos niños Ageo Isaac Guitz Maaz, David Estuardo Pacay Maaz y los adultos Víctor Juc Maaz y Carlos Ical Guitz Pacay.
Ante esa condenable situación exigimos:
Al presidente Otto Pérez Molina, al ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla y al gobernador de Alta Verapaz, Ronald Sierra, que detengan la represión en contra de la población indígena Q´eqchi´ que está poniendo en práctica sus derechos individuales y colectivos como pueblos indígenas, al manifestar su rechazo a la presencia de la Hidro Santa Rita en su territorio.
Exigimos que tanto, los funcionarios mencionados anteriormente, como la PNC respete la vida, la integridad física y la dignidad de las ciudadanas y ciudadanos de la comunidad Monte Olivo y demás comunidades del norte de Cobán.
A al Procuraduría de los Derechos Humanos, a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en nuestro país demandamos que se forme una comisión para verificar los daños ocasionados por estos “servidores públicos” en contra de la población de la comunidad Monte Olivo.
Solicitamos a la solidaridad nacional e internacional la divulgación de estos hechos y mantener la vigilancia de lo que suceda en el norte de Cobán
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Organizaciones campesinas articuladas en la Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguán recuperan su legítimo derecho al acceso a la tierra
Esta mañana unas 450 familias de los diferentes movimientos campesinos articulados en la Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguán recuperaron nuevamente una gran parte de la Finca Paso Aguán ubicada en el municipio de Trujillo, departamento de Colón.
Jaime Cabrera, coordinador de la Plataforma Agraria Regional, manifestó que “la acción fue realizada a las 9:00 de la mañana. Las familias campesinas entramos en posesión de las tierras pero cercados por al menos 250 elementos de seguridad, entre policía nacional y miembros de la operación Xatruch bajo el mando del coronel René Jovel Martínez y el coronel German Alfaro Escalante”.
“Pese al trabajo realizado por la inteligencia militar a lo interno de las organizaciones pretendiendo dividir las mismas, es evidente la unidad del sector campesino en la región y de la solidaridad con la que contamos en este nuevo esfuerzo de recuperar nuestro legítimo derecho al acceso a la tierra” puntualizó Cabrera.
La finca Paso Aguán ha sido utilizada como cementerio clandestino por la guardia de seguridad de corporación Dinant, donde en los últimos años han sido asesinado y enterrado dos campesinos, tal es el caso de Gregorio Chávez, secuestrado el 2 y encontrado enterrado el 7 de julio 2012 y José Antonio López Lara, vecino de la comunidad de Rigores quien despareció el 29 de abril 2012 y exhumado el 25 de abril de 2013, por integrantes de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala y Médicos Forenses del país.
Recientemente, la oficina del Asesor en Cumplimiento y Ombudsman (CAO) de la Corporación Financiera Internacional (IFC) publicó un nuevo informe sobre el cumplimiento del desempeño ambiental y social de la IFC con respecto a las inversiones en Banco Ficohsa. Este informe se centra en las inversiones de capital realizadas por la CFI en Banco Ficohsa en el 2011.
La investigación se inició por la CAO al enterarse de que Banco Ficohsa tiene una exposición significativa a Corporación Dinant, un cliente agroindustrial de la IFC en Honduras, que ha sido señalado a nivel nacional e internacional por participar en una serie de violaciones a los derechos humanos de los y las campesinas en el Bajo Aguán.
Pese a que la IFC estaba enterada del litigio de tierras entre las familias campesinas y Dinant y de los daños ambientales y sociales en relación a la inversión con Ficohsa, este facilitó un préstamo de 70 millones de dólares.
Las familias campesinas exigen que se les respete el derecho a la posesión de sus tierras, así como que cese la represión, persecución, criminalización y asesinato en contra de campesinos y campesinas que luchan por la tierra.
Hacemos un llamado enérgico a las organizaciones nacionales e internacionales defensores de derechos humanos a estar vigilantes de cualquier hecho violento que pueda ocurrir en contra de las familias campesinas que se encuentran en posesión de la finca Paso Aguán.
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