100 días en Ambiente: Lo bueno, lo malo y las medias tintas del gobierno Solís en Costa Rica

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Por Mauricio Álvarez | FECON

Una inquietud inusual rodea el informe de los primeros cien días después de décadas de gobiernos de turno que poco o ningún cambio era de esperar, sin embargo para la administración Solís la expectativa de cambio de su gestión puede ser inversamente proporcional a la erosión y descapitalización política que puede sufrir el nuevo gobierno. 

Con la Copa mundial vivida en medio de estos primeros meses de gobierno, hacer la analogía con un partido de fútbol queda muy a la mano para el ejercicio de análisis de esta centena de días donde los indicadores podríamos colocarles categoría de goles, faltas o penales.

A esta altura del partido un empate y varios penales quedan a la vista por la pugna entre fuerzas que quieren lograr una gestión del cambio, y las fuerzas que tienden hacia el continuismo y que están muy bien representadas por los miles de burócratas y mandos medios heredados de gobiernos anteriores y que vetan cualquier modificación y se perfilan como una tendencia de oposición dentro del Gobierno; a lo que hay que sumarle el trabajo orquestado por el poder empresarial-comercial que usa a los medios de comunicación masiva para llenar de titulares que provocan contradicciones y sólo evidencian las pifias del gobierno y no sus posibles aciertos.

Lo cierto es que la resistencia al cambio, propuesto por Solís y su gabinete, está presente dentro del aparato administrativo y el MINAE y otras dependencias vinculadas a medio ambiente no están exentas. Para muestra del nivel de cercanía entre las administraciones anteriores y los intereses empresariales vimos en plena Audiencia en Sala IV a un funcionario público que tomó, de la manera más natural y a la vista y paciencia de todas las personas en el recinto, la computadora del abogado de Monsanto para hacer su presentación, a ese “gesto” se le suma el silencio de otros funcionarios en la vista donde su participación fue no decir nada ¿actitud cómplice? ¿el que calla otorga. Juzgue usted.

En el área ambiental podemos western del italiano Sergio Leone “El bueno, el malo y el feo”, en un  ejercicio de análisis de las dibujar a grandes rasgos “lo bueno, lo regular  y lo malo”, algo así como aquella película del género spaghetti principales acciones y omisiones del arranque del gobierno.

Aciertos: “lo bueno”.

1. Decreto de incineración de Basura. El nuevo Gobierno envió un mensaje claro a favor de la salud pública y que se convierte en una respuesta positiva para las comunidades organizadas en contra de la incineración, las cuales ejercen la democracia de forma activa su para lograr el cumplimiento del derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Así, mediante el Decreto Ejecutivo 38500-S-MINAE,  el Ministerio de Ambiente en conjunto con el Ministerio de Salud establecen una Moratoria Nacional de las actividades de transformación térmica de residuos ordinarios sólidos hasta que no exista certeza científica de sus consecuencias por parte de las autoridades gubernamentales competentes. La moratoria está siendo atacado por unos algunos alcaldes municipales y empresas interesadas.

2. Decreto de maíz patrimonio cultural. Este responde a la lucha ecologista y comunitaria en defensa del maíz. Como parte de las acciones de incidencia de la campaña En defensa del maíz “se realizaron reuniones con el ministro del anterior gobierno y se presentó una propuesta de decreto pero a pesar de la anuencia del jerarca de Cultura Manuel Obregón el gobierno anterior no firmó. El decreto firmado por el gobierno es un paso más para cerrar definitivamente la puerta al maíz transgénico para ello está en las manos del actual poder aprobar una decreto de moratoria a los transgénicos así como apoyar un proyecto de prohibición por ley.

3. Diálogo nacional sobre el tema energía. Sacar contingencia eléctrica despejando la cancha sobre el tema. El lanzamiento del proceso de diálogo anunciado, que no hace otra cosa que formalizar o generarle condiciones de “civilismo” más apropiadas a las batallas del día a día en la discusión energética nacional, anuncia a diferencia de los anteriores, se le marcó la cancha al ICE quién siempre ha sido juez y parte, vende la electricidad, hace los estudios y además cuando es posible evaluarlos prácticamente están hechos los proyectos. El diálogo no podrá obviar que es negocio para el ICE el facturar electricidad y esto deberá estrepitosamente chocar contra la ausencia premeditada de una cultura de ahorro importante.

4. No a los proyectos hidroeléctricos Pacuare y Consuelo en Río Cañas Buenos Aires zona Sur. “Vamos a  verificar la directriz dictada al ICE que el río Pacuare no tendrá una represa por lo menos en este gobierno y no firmaré ninguna declaratoria que ponga en riesgo el agua para consumo humano” sentenció el jerarca del MINAE, Edgar Gutiérrez frente a unos 30 representante de comités de base del Movimiento Nacional en Defesa de los Ríos y organizaciones ecologistas reunidos el 4 agosto en el MINAE. El ministro volvió a repetir lo que ya les dijo a los diputados en una comparecencia reciente “Dejemos a los ríos tranquilos y estamos trabajando mociones a la ley de contingencia – pues los diputados de oposición aseguran que tienen los votos para aprobarla - a la que calificó como que es un adefesio y no puede aprobarse así como está. ¿Qué negocio para el país puede ser comprar energía producida por el agua en época de invierno, y combustible en época seca? Los empresarios que se pongan creativos para ofrecer al país lo que verdaderamente deje de consumir combustible”, sentenció.

Ambivalencias y medias tintas: lo “más o menos"

1. La moratoria petrolera modifica el artículo 1 del decreto 36 693 MINAET firmado durante la administración de Laura Chinchilla, ampliando su plazo hasta el 2021 fecha de la celebración del bicentenario de la Declaración de Independencia de Costa Rica. Este decreto es un logro de 15 años de movilización ecologista y comunitaria. Sin embargo, partiendo que aún no existe el texto final del decreto y que es sólo una ampliación del plazo, quedan vigentes las críticas que hizo el movimiento ambiental sobre el decreto que no incluye en la moratoria el “insistido” gas ni su exploración,  Mallon Oil sigue haciendo presión y por otro lado el acuerdo con China sigue vigente. Para consolidar el compromiso que se desprende del Pacto Ambiental al que se comprometió el actual presidente hace falta el impulso de una ley que declare a Costa Rica como país libre de exploración y explotación petrolera. El decreto de moratoria es un tránsito para prohibir por ley la actividad petrolera logrando convertir a nuestro país en el primer país en el mundo libre de industrias extractivas como la minería y la industria petrolera.

2. No firmar un decreto de moratoria a los transgénicos transitorio hasta que se apruebe el proyecto de ley y que consolide los compromisos de campaña del PAC. El Partido Acción Ciudadana (PAC) se propuso en campaña respetar la voluntad de más de setenta cantones que se han declarado "libres de cultivos transgénicos" en todo el territorio nacional.

3. No descartar el aeropuerto en la Zona Sur porque afecta el Parque de las esferas declarado recientemente patrimonio de la humanidad, y el humedal Térraba  Sierpe. El Aeropuerto en términos ambientales implicaría la aplicación, en el Pacífico Sur, del modelo turístico que ha hecho estragos económicos, sociales y ambientales en el pacifico Norte (Guanacastización de Osa). El Estudio de Impacto Ambiental del Aeropuerto entró a SETENA en diciembre del 2013, por lo que seguramente no fue evaluado para la candidatura de Patrimonio Mundial. Convirtiéndose en un elemento medular para la evaluación solicitada por Comité de Patrimonio Mundial sobre el impactos del Aeropuerto.  La SETENA pidió criterio a una serie de instituciones, por esto la UCR  presentó el estudio : “Valoración del documento sobre el estudio de impacto ambiental del aeropuerto internacional en la región Brunca (AIRB)”, un extenso documento de críticas y recomendaciones, así como señalamiento de omisiones al proyecto. 

4. Agenda ambiental legislativa: Lento o casi imperceptible avance de la presentada por ecologistas el 5 de junio pasado, destacando los proyectos de ley prioritarios, de los cuales fueron convocadolos proyecto de moratoria a los transgénicos y de Territorios Costeros Comunitarios (TECOCOS)mientras otros que continúan sin ser convocados son el de Fortalecimiento de los Acueductos Comunales ASADA, la Reforma Constitucional para que el agua se declare como un bien de dominio público y su acceso como un derecho humano, así como el pocos avance del importante proyecto No.18804 “Investigación sobre las responsabilidades del estado en el caso del asesinato del ambientalista Jairo Mora y otros casos de agresiones contra el movimiento ecologista (Comisión Permanente Especial de Ambiente) procedimiento comisiones especiales investigadoras.” Esto debió ser una prioridad a partir del triste  aniversario de la muerte de Jairo Mora.

5. Pocas señas de una reformar integral de la SETENA que catalogado como “primer reto ambiental del Gobierno en una solicitud de una 20 de organizaciones ambientales. Muchos de estas solicitudes fueron acogidos como compromisos de campaña. Esto se da después de 8 años de intervención política y de un enorme cúmulo de fracasos e irregularidades donde destacan: Caso Crucitas, Marina Moín, refinería China, el caso de torres y antenas de telefonía celular, el caso de P.H. Diquís, la falta de convocatoria a la Comisión Mixta de apoyo a SETENA , la no reglamentación de la Evaluación Ambiental Estratégica de políticas, planes y programas, proyectos inmobiliarios como Mar Serena y las Catalinas en Guanacaste y la Cementera en San Rafael de Alajuela.

Desaciertos: “Lo malo”

1. Transgénicos. El triste y deplorable apoyo de funcionarios de MAG, MINAE a la compañía Monsanto en vista de Sala Constitucional. El presidente de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad, trató de defender la supuesta rigurosidad, capacidad administrativa y confianza de la “evaluación de riesgos” empleada en el país, lo cierto es que no existe tal control porque existen registros de impactos ecológicos ocurridos por transgénicos. Uno de estos impactos corresponde a los eventos descontrolados de propagación de plantas y rebrotes de algodón transgénico ocurridos en Cañas, Guanacaste en el año 2005 (Sprenger, 2008), y también, se recuerda que en Chomes en Puntarenas más de 180 mujeres trabajadoras sufrieron de intoxicaciones con uso de pesticidas en campos de algodón transgénico durante los meses de julio y octubre de 2010 (IRET, 2011).

2. Muelle de Apm Terminal. Se le da toda serie de ventajas y más tiempo al proyecto sin ningún balance más estratégico los impactos y costos socio ambiental del proyecto. Sin saber si el proyecto de  Megapuerto de APM Terminals es viable ambientalmente, se inició la construcción de una carretera  (ruta 257) que atravesara el Humedal Cariari en Moín de Limón. El Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) rechazó la medida cautelar provisional que ordenó al Servicio Nacional de Conservación (SINAC) del MINAE, no autorizar la tala de árboles en el Humedal. Sin embargo, los ecologistas sostenemos que es necesario que exista una ley para que se pueda reducir el Humedal y no un decreto de interés nacional como en este caso.  La SETENA solicitó a la empresa mediante Resolución N° 669-2014-SETENA del 3-5-2014, un anexo donde aclare las 110 omisiones, errores e inconsistencias al proyecto del mega-puerto. En dicha resolución se asegura que “se concluyó que el mismo no aporta suficiente información para poder determinar si el proyecto es viable ambientalmente”. A pesar que la SETENA calificó de “confusas” y “contradictorias” varias partes del  Estudio de Impacto ambiental (EIA) les dio 6 meses para presentar un anexo. Posterior a ello, deberá emitir un criterio final, tomando en cuenta que a pesar del posible rechazo al megapuerto se tendrá el humedal atravesado por una calle que no tuvo ningún sentido construir (Ver más).

3. Contra la Participación ciudadana en ambiente. En otro pulso más que parece ganar el sector empresarial el gobierno no levantó un veto  del gobierno de Oscar Arias al  proyecto de “Ley para fortalecer los mecanismos de participación ciudadana en materia ambiental”. Esta ley reforma y adiciona varios artículos de la Ley Orgánica del Ambiente, con la finalidad de fortalecer y consolidar los mecanismos para hacer efectiva la participación de la población en la toma de decisiones sobre asuntos relacionados con el ambiente. Esto mediante un procedimiento de consultas populares para que la población sea informada y pueda decidir sobre aquellos asuntos ambientales que sean competencia del MINAET y de trascendencia para sus comunidades. Las consultas pueden ser convocadas directamente por el Ministerio o por iniciativa popular mediante recolección de firmas de la ciudadanía interesada. En el proyecto de ley se establecen tres tipos de consulta: plebiscitos, referendos y audiencias públicas.

4. El Instituto Costarricense de Pesca (INCOPESCA) solicitó a la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) un aumento de la capacidad de captura de atún en aguas nacionales del Pacífico. Esta medida se da en un conflicto abierto por  el decreto de zonificación ZEE a la medida de algunos grupos que han estado en pugna por asegurar zonas particulares de pesca frente un proceso que parece irreversible de deterioro, sobre explotación y extinción de especies y recursos marinos.

Para finalizar, de las posiciones construidas con diversos actores ambientales agrupados como Pacto Ambiental hoy todavía no las conocen los jerarcas, algunos más bien se han contradicho, como afirmar que el PH Diquís es un “proyecto estrella” para el Gobierno y que “no hay piedras en el camino” para los proyectos (crhoy.com, 20-6-14).

Todavía hay Juntas Directivas, Institutos, Departamentos, oficinas, programas claves que permanecen  sin cambios y con poca o nula participación del sector ambiental. Por otro lado, se reconoce que existen espacios importantes de participación y una gran apertura, pero no hay un método de participación claro y operativo que garantice la efectividad de este derecho.

Más que “encharralado” nuestro sistema político está empantanado y necesita de un nuevo pacto social que se adapte a lo que hemos ido construyendo como consensos y superar los disensos. El gobierno tiene que ubicarse y superar el “modo campaña” para trabajar en los cambios sustanciales posibles.