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Por Diario CoLatino
Como una muestra de su compromiso por el respeto de los derechos humanos, el gobierno del Presidente Salvador Sánchez Cerén presentó hoy el Consejo Directivo del Programa de Reparación de Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos del Conflicto Armado. De acuerdo al mandatario, la misión del Consejo es trabajar por la reparación de las víctimas y velar que los atentados a los Derechos Humanos como los ocurridos durante el pasado conflicto armado no se repitan.
Asimismo, indicó que desde este Consejo se trabajarán diversas medidas como la rehabilitación y la dignificación de las víctimas.
“Continúo con el compromiso del expresidente Mauricio Funes de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos”, afirmó el mandatario, al referirse a que este consejo directivo tiene que ver con el Programa de Reparación de víctimas, creado el año pasado por el gobierno del expresidente Funes.
Este programa creado por el gobierno Funes está basado en los estándares de reparación que establece el derecho internacional y pretende proveer medidas de rehabilitación en materia de salud, educación y acceso a programas de agricultura familiar. El programa incluye indemnizaciones, dentro de las posibilidades presupuestarias, así como actos de dignificación desde el ámbito cultural dirigidas a honrar la memoria de las víctimas y garantías para la no repetición de los hechos tan atroces que marcaron la historia salvadoreña.
En tanto, Sánchez Cerén recordó que en el año 2010 se creó una comisión nacional de reparación a las víctimas, donde se comprobó que “existen en El Salvador familias que están sufriendo ese dolor” de la pérdida de un familiar en el contexto del conflicto armado.
“No podemos hablar de reconciliación sino reparamos ese dolor. Sabemos que la vida humana no se repara; pero sí tenemos la obligación, no solo moral, sino la obligación como país de hacer una reparación”, manifestó el jefe de Estado. Por lo que –afirmó- es en este contexto que considera este tema como prioritario para su gobierno y tomó la decisión de nombrar el consejo directivo, ya que su gobierno se ha comprometido en garantizar, respetar los derechos humanos y desarrollar este proceso en el país.
Este Consejo está integrado por representantes del gobierno y delegados de organizaciones civiles en representación de las víctimas.
Como coordinadora del Consejo fue nombrada la subsecretaria de Inclusión Social, Guadalupe de Espinoza.
Asimismo, otros de los representantes del gobierno son: Tania Rosa, del Ministerio de Relaciones Exteriores; y del la Dirección General de Estadísticas y Censos, del Ministerio de Economía, José David Morán.
En tanto, por parte de las organizaciones civiles lo integran: Guadalupe Mejía viuda de Mejíaz, Hernán Rodríguez Hurtado, Ana Patricia Osorio y Carolina Constanza.
Es de destacar que los representantes de las organizaciones han asumido el cargo de manera temporal, mientras se elabora y aprueba un reglamento en el que se incluirá el mecanismo de elección de estas designaciones.
El mandatario expresó que entre las primeras acciones que el Consejo realizará está la segunda etapa del Registro de Víctimas e iniciará con la incorporación de beneficiarios a los programas sociales que ya se ejecutan desde el Ejecutivo.
Además, trabajará junto a un equipo técnico en la elaboración del reglamento del programa, establecido en el Decreto 204, y la conformación de una mesa de seguimiento, a la cual podrá ser llamado el Procurador de Derechos Humanos, David Morales, con el fin de realizar coordinaciones.
Mientras tanto, la coordinadora de la Comisión, Guadalupe de Espinoza, aclaró que esta instancia tiene “el mandato directo del Presidente de la República para hacer lo que nos corresponde como gobierno” en materia de reparación, pues hay otras medidas que son responsabilidad de los órganos Legislativo y Judicial y de la Fiscalía.
Asimismo, explicó que el programa de reparación contempla distintos mecanismos, que tienen que ver con el acceso a la salud, a la educación y a la seguridad alimentaria, mecanismos compensatorios económicos, medidas de dignificación, reconocimiento de la verdad de los hechos y peticiones de perdón, así como la ejecución de acciones para garantizar que estos crímenes jamás vuelvan a suceder.
Este programa creado por el gobierno Funes está basado en los estándares de reparación que establece el derecho internacional y pretende proveer medidas de rehabilitación en materia de salud, educación y acceso a programas de agricultura familiar. El programa incluye indemnizaciones, dentro de las posibilidades presupuestarias, así como actos de dignificación desde el ámbito cultural dirigidas a honrar la memoria de las víctimas y garantías para la no repetición de los hechos tan atroces que marcaron la historia salvadoreña.
En tanto, Sánchez Cerén recordó que en el año 2010 se creó una comisión nacional de reparación a las víctimas, donde se comprobó que “existen en El Salvador familias que están sufriendo ese dolor” de la pérdida de un familiar en el contexto del conflicto armado.
“No podemos hablar de reconciliación sino reparamos ese dolor. Sabemos que la vida humana no se repara; pero sí tenemos la obligación, no solo moral, sino la obligación como país de hacer una reparación”, manifestó el jefe de Estado. Por lo que –afirmó- es en este contexto que considera este tema como prioritario para su gobierno y tomó la decisión de nombrar el consejo directivo, ya que su gobierno se ha comprometido en garantizar, respetar los derechos humanos y desarrollar este proceso en el país.
Este Consejo está integrado por representantes del gobierno y delegados de organizaciones civiles en representación de las víctimas.
Como coordinadora del Consejo fue nombrada la subsecretaria de Inclusión Social, Guadalupe de Espinoza.
Asimismo, otros de los representantes del gobierno son: Tania Rosa, del Ministerio de Relaciones Exteriores; y del la Dirección General de Estadísticas y Censos, del Ministerio de Economía, José David Morán.
En tanto, por parte de las organizaciones civiles lo integran: Guadalupe Mejía viuda de Mejíaz, Hernán Rodríguez Hurtado, Ana Patricia Osorio y Carolina Constanza.
Es de destacar que los representantes de las organizaciones han asumido el cargo de manera temporal, mientras se elabora y aprueba un reglamento en el que se incluirá el mecanismo de elección de estas designaciones.
El mandatario expresó que entre las primeras acciones que el Consejo realizará está la segunda etapa del Registro de Víctimas e iniciará con la incorporación de beneficiarios a los programas sociales que ya se ejecutan desde el Ejecutivo.
Además, trabajará junto a un equipo técnico en la elaboración del reglamento del programa, establecido en el Decreto 204, y la conformación de una mesa de seguimiento, a la cual podrá ser llamado el Procurador de Derechos Humanos, David Morales, con el fin de realizar coordinaciones.
Mientras tanto, la coordinadora de la Comisión, Guadalupe de Espinoza, aclaró que esta instancia tiene “el mandato directo del Presidente de la República para hacer lo que nos corresponde como gobierno” en materia de reparación, pues hay otras medidas que son responsabilidad de los órganos Legislativo y Judicial y de la Fiscalía.
Asimismo, explicó que el programa de reparación contempla distintos mecanismos, que tienen que ver con el acceso a la salud, a la educación y a la seguridad alimentaria, mecanismos compensatorios económicos, medidas de dignificación, reconocimiento de la verdad de los hechos y peticiones de perdón, así como la ejecución de acciones para garantizar que estos crímenes jamás vuelvan a suceder.
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