La carroña rentablePor Rodrigo Fernández Miranda - Alba Sud | Rel-UITA
Semanas atrás el juez estadounidense Thomas Griesa dictó una sentencia que obliga al Estado argentino a pagar a un puñado de fondos buitre, en efectivo, el total de la deuda soberana defaulteada que compraron a precio de remate en 2008. ¿Quiénes son y cómo operan estos fondos? ¿Qué hay detrás de este fallo y cuáles pueden ser sus consecuencias?
El 23 de diciembre de 2001 Argentina anunciaba que no cancelaría los vencimientos de capital e intereses de su deuda pública: 130 mil millones de dólares, el mayor default de la historia.
Tres días antes, en medio de un estallido social en todo el territorio nacional, “corralito”, niveles récord de pobreza, desigualdad y desocupación, había renunciado el presidente Fernando de la Rúa (1999-2001). El mito del alumno privilegiado del Consenso de Washington se había derrumbado.
El país había ido contrayendo su deuda externa durante décadas, aunque en los diez años anteriores de aplicación de recetas neoliberales ésta había crecido sensiblemente.
El sostenimiento de la paridad cambiaria del Plan de Convertibilidad, implementado en 1991 por el ministro de Economía Domingo Cavallo durante el gobierno de Carlos Menem (1989-1999), obligaba al país a endeudarse cada vez más.
Siguiendo con las políticas de endeudamiento, De la Rúa (también con Cavallo en la cartera de Economía) puso en marcha las operaciones financieras “Blindaje” y “Mega-Canje”, postergando los vencimientos, aumentando los intereses y llevando la deuda soberana a niveles insostenibles.
Recuperación y crisis
Después de seis presidentes consecutivos no electos, en mayo de 2003 Argentina volvía a tener un gobierno elegido por las urnas.
A partir de entonces el país salió de la cesación de pagos y negoció dos canjes de deuda, en 2005 y 2010: como resultado de la negociación se logró que más del 92 por ciento de los acreedores aceptara el canje, con una quita de 45.100 millones de dólares (48 por ciento de la deuda defaulteada en 2001), y una extensión de los plazos de pago.
No aceptaron las condiciones un puñado de los denominados fondos buitre: fondos especulativos radicados en paraísos fiscales que se dedican a comprar a precio de remate deuda de países o de empresas en quiebra para posteriormente reclamar por vía judicial la totalidad del valor de los títulos más sus intereses (los más destacados en el caso argentino son NML Capital y Elliot Management, propiedad del multimillonario estadounidense Paul Singer).
Éstos no habían prestado dinero al país, sino que habían comprado en 2008 bonos argentinos a precio de saldo.
Entre los antecedentes de estos fondos aparece la compra de deuda pública de la República Democrática del Congo o de Liberia, para después exigir judicialmente el pago del total, incluso embargando los fondos de organismos internacionales destinados a la lucha contra la pobreza extrema en estos países.
En el caso de Zambia, uno de los países más empobrecidos del planeta, el fondo Donegal International compró en 2006 deuda por 4 millones de dólares, reclamando al año siguiente un pago de 42 millones, monto equivalente a toda la ayuda internacional que recibió el país africano ese año.
La ONG británica Jubilee Debt Campaing denunciaba que unos 54 fondos buitre iniciaron litigios legales contra 12 países muy empobrecidos por un importe de 1.500 millones de dólares.
“Es preciso cambiar la legislación, a nivel nacional e internacional, para acabar con las operaciones de estos fondos”, afirmaba una portavoz de la organización. Sin embargo, desde las privatizaciones en la ex Unión Soviética en los años noventa, el ataque especulativo a Argentina es su presa más importante.
Al acecho de las deudas soberanas
Los buitres compraron en 2008 bonos argentinos defaulteados por 50 millones de dólares.
En octubre de 2013 la Cámara de Apelaciones de Nueva York dio lugar a su reclamo, sosteniendo que Argentina “discriminaba” a los tenedores de bonos que no ingresaron a ninguno de los dos canjes.
El juez Thomas Griesa determinó que el Estado argentino debía pagar más de 1.300 millones de dólares a estos especuladores, y a su vez ordenó al Banco de Nueva York que no realice los pagos al 92,4 por ciento de los bonistas que entraron a los canjes de deuda si el país no cumplía con ese fallo.
Aceptando el canje propuesto por Argentina en 2010, estos fondos podrían haber triplicado o cuadruplicado lo invertido; no obstante, el fallo les permitiría un rendimiento especulativo de más del 1600 por ciento.
Los buitres cuentan a su vez con su aparato de comunicación: grupos de tarea como la American Task Force Argentina y economistas-operadores que, en alianza con grupos mediáticos nacionales e internacionales, buscan legitimar su posición y ganar apoyos ante la opinión pública.
En su última solicitada, publicada en los diarios Clarín y La Nación, intentaron generar miedo (“el tiempo se agota para Argentina”) y responsabilizar al gobierno de la situación (“los líderes de Argentina deben sentarse y dialogar (…) es hora de que Argentina reclame que sus líderes se comporten de manera seria y responsable para salvar a su país del default”).
Sin embargo, aunque este escenario afecta aquí y ahora a la República Argentina, deja bajo las garras de estos rapaces cualquier deuda soberana.
En 2014, la deuda representa el 104 por ciento del Producto Bruto en Estados Unidos, 93 por ciento en España, 132 por ciento en Italia, 129 por ciento en Portugal, 78 por ciento en Alemania, 175 por ciento en Grecia, 123 por ciento en Irlanda, 123 por ciento o 90 por ciento en Reino Unido.
El precedente de este fallo judicial va mucho más allá del perjuicio contra Argentina, y pone en riesgo cualquier futura reestructuración de deuda soberana.
Con la mirada puesta en la periferia europea, si se aplica el fallo de Griesa, ¿qué motivos y garantías tendrían los bonistas para aceptar una quita y extensión de los plazos de pago si este puñado de especuladores terminará cobrando por vía judicial el total del importe y en efectivo? Por otro lado, la aplicación del fallo reduciría la seguridad jurídica y la reputación de Nueva York como plaza financiera.
Respaldo a Argentina
Durante las últimas semanas, desde diferentes sectores de la política internacional se respaldó la posición argentina.
El país recibió el apoyo de bloques como el G77 + China, Mercosur, OEA, Unasur, Celac o BRICS. También hubo declaraciones favorables desde Estados Unidos: los departamentos de Estado y del Tesoro solicitaron presentar un informe al Tribunal avalando la postura argentina; la Reserva Federal advirtió sobre las “severas consecuencias” que podría suponer la aplicación de la decisión judicial.
Desde Italia, el primer ministro Matteo Renzi envió una carta a la presidenta argentina manifestando su apoyo en esta disputa.
Asimismo, se posicionaron otros actores: el Comité para la Anulación de la Deuda en el Tercer Mundo, el relator de Naciones Unidas sobre Deuda Externa y Derechos Humanos, el Bank of New York, el Grupo de Tenedores de Bonos liderado por Gramercy Funds Management, los acreedores europeos Euro Bondholders, el fondo Fintech, la Compañía Depositaria Fiduciaria, Clearstream Banking, Euroclear Bank o el Sistema Euroclear.
Salvo para los buitres, sus lobbies y el propio juez, lo injusto, parcial y riesgoso del fallo a favor de los buitres queda fuera de discusión: por unos u otros motivos, el rechazo internacional a la medida de Griesa no podía ser más amplio.
No es la economía, es la política
Durante décadas, el mecanismo de la deuda externa fue sumiendo a Argentina (al igual que al resto de la región) en una situación de creciente pobreza estructural, condicionamiento y vulnerabilidad económica y dependencia política: un círculo vicioso de endeudamiento creciente para seguir pagando deudas anteriores.
Entre 2005 y 2014 la deuda argentina pasó del 160 al 41 por ciento del Producto Bruto.
Las políticas de desendeudamiento favorecieron una reversión de este círculo: en febrero de 2014, un informe del Banco Mundial destacaba la reducción de la pobreza y la desigualdad en Argentina, a partir de liberar fondos públicos para fines redistributivos, inversión pública social y transferencias monetarias al 40 por ciento de la población con menores recursos.
El informe señalaba la mejora en el índice de Gini en el país con mayor gasto social de la región. ¿Será la evidencia de esta recuperación lo que atrae a los buitres en busca de ganancias carroñeras?
El fallo de Griesa pone al descubierto la cara más oscura del sistema financiero internacional, umbrío en sí mismo. Pretende generar una arquitectura jurídica que vuelva al país a foja cero, al 23 de diciembre de 2001: que Argentina, y después quien siga, retome la vía del (sobre) endeudamiento, desande el camino de la recuperación de soberanía y regrese a una “democracia tutelada”.
Y así contribuir a consolidar un orden financiero global anarco-capitalista, una ley de la selva financiera capaz de generar la mayor cantidad de carroña que sea posible.
Este contexto pone sobre la mesa, en primer lugar, la urgencia de legislar, a través de un acuerdo multilateral, a los buitres, de poner una cota de legalidad internacional a la codicia y la especulación financiera.
No sólo es necesaria la restricción de sus movimientos, sino también la prohibición de compra de deuda soberana con estos fines. Existen dos precedentes recientes a escala nacional en el intento de legislar a estos fondos, en Francia (agosto de 2007) y en Estados Unidos (junio de 2009), con igual resultado.
En el primer caso, la ley no pudo ser debatida en el Parlamento, en el segundo el debate fue improductivo; en ambos, la presión de los lobbies pudo más que las instituciones de las superpotencias.
Por otra parte, se hace evidente la importancia de consolidar un nuevo polo de poder multilateral que refuerce la soberanía estatal, que proteja los derechos de los pueblos en la globalización y que evite estas formas perversas de acumulación y de colonialismo.
En el conflicto entre Argentina y los fondos buitre también se está jugando un pulso entre soberanía y especulación, entre democracias y dictadura de poderes fácticos.
No se trata de un tema de dinero, sino de poder; no es una cuestión económica, sino esencialmente política.
Tres días antes, en medio de un estallido social en todo el territorio nacional, “corralito”, niveles récord de pobreza, desigualdad y desocupación, había renunciado el presidente Fernando de la Rúa (1999-2001). El mito del alumno privilegiado del Consenso de Washington se había derrumbado.
El país había ido contrayendo su deuda externa durante décadas, aunque en los diez años anteriores de aplicación de recetas neoliberales ésta había crecido sensiblemente.
El sostenimiento de la paridad cambiaria del Plan de Convertibilidad, implementado en 1991 por el ministro de Economía Domingo Cavallo durante el gobierno de Carlos Menem (1989-1999), obligaba al país a endeudarse cada vez más.
Siguiendo con las políticas de endeudamiento, De la Rúa (también con Cavallo en la cartera de Economía) puso en marcha las operaciones financieras “Blindaje” y “Mega-Canje”, postergando los vencimientos, aumentando los intereses y llevando la deuda soberana a niveles insostenibles.
Recuperación y crisis
Después de seis presidentes consecutivos no electos, en mayo de 2003 Argentina volvía a tener un gobierno elegido por las urnas.
A partir de entonces el país salió de la cesación de pagos y negoció dos canjes de deuda, en 2005 y 2010: como resultado de la negociación se logró que más del 92 por ciento de los acreedores aceptara el canje, con una quita de 45.100 millones de dólares (48 por ciento de la deuda defaulteada en 2001), y una extensión de los plazos de pago.
No aceptaron las condiciones un puñado de los denominados fondos buitre: fondos especulativos radicados en paraísos fiscales que se dedican a comprar a precio de remate deuda de países o de empresas en quiebra para posteriormente reclamar por vía judicial la totalidad del valor de los títulos más sus intereses (los más destacados en el caso argentino son NML Capital y Elliot Management, propiedad del multimillonario estadounidense Paul Singer).
Éstos no habían prestado dinero al país, sino que habían comprado en 2008 bonos argentinos a precio de saldo.
Entre los antecedentes de estos fondos aparece la compra de deuda pública de la República Democrática del Congo o de Liberia, para después exigir judicialmente el pago del total, incluso embargando los fondos de organismos internacionales destinados a la lucha contra la pobreza extrema en estos países.
En el caso de Zambia, uno de los países más empobrecidos del planeta, el fondo Donegal International compró en 2006 deuda por 4 millones de dólares, reclamando al año siguiente un pago de 42 millones, monto equivalente a toda la ayuda internacional que recibió el país africano ese año.
La ONG británica Jubilee Debt Campaing denunciaba que unos 54 fondos buitre iniciaron litigios legales contra 12 países muy empobrecidos por un importe de 1.500 millones de dólares.
“Es preciso cambiar la legislación, a nivel nacional e internacional, para acabar con las operaciones de estos fondos”, afirmaba una portavoz de la organización. Sin embargo, desde las privatizaciones en la ex Unión Soviética en los años noventa, el ataque especulativo a Argentina es su presa más importante.
Al acecho de las deudas soberanas
Los buitres compraron en 2008 bonos argentinos defaulteados por 50 millones de dólares.
En octubre de 2013 la Cámara de Apelaciones de Nueva York dio lugar a su reclamo, sosteniendo que Argentina “discriminaba” a los tenedores de bonos que no ingresaron a ninguno de los dos canjes.
El juez Thomas Griesa determinó que el Estado argentino debía pagar más de 1.300 millones de dólares a estos especuladores, y a su vez ordenó al Banco de Nueva York que no realice los pagos al 92,4 por ciento de los bonistas que entraron a los canjes de deuda si el país no cumplía con ese fallo.
Aceptando el canje propuesto por Argentina en 2010, estos fondos podrían haber triplicado o cuadruplicado lo invertido; no obstante, el fallo les permitiría un rendimiento especulativo de más del 1600 por ciento.
Los buitres cuentan a su vez con su aparato de comunicación: grupos de tarea como la American Task Force Argentina y economistas-operadores que, en alianza con grupos mediáticos nacionales e internacionales, buscan legitimar su posición y ganar apoyos ante la opinión pública.
En su última solicitada, publicada en los diarios Clarín y La Nación, intentaron generar miedo (“el tiempo se agota para Argentina”) y responsabilizar al gobierno de la situación (“los líderes de Argentina deben sentarse y dialogar (…) es hora de que Argentina reclame que sus líderes se comporten de manera seria y responsable para salvar a su país del default”).
Sin embargo, aunque este escenario afecta aquí y ahora a la República Argentina, deja bajo las garras de estos rapaces cualquier deuda soberana.
En 2014, la deuda representa el 104 por ciento del Producto Bruto en Estados Unidos, 93 por ciento en España, 132 por ciento en Italia, 129 por ciento en Portugal, 78 por ciento en Alemania, 175 por ciento en Grecia, 123 por ciento en Irlanda, 123 por ciento o 90 por ciento en Reino Unido.
El precedente de este fallo judicial va mucho más allá del perjuicio contra Argentina, y pone en riesgo cualquier futura reestructuración de deuda soberana.
Con la mirada puesta en la periferia europea, si se aplica el fallo de Griesa, ¿qué motivos y garantías tendrían los bonistas para aceptar una quita y extensión de los plazos de pago si este puñado de especuladores terminará cobrando por vía judicial el total del importe y en efectivo? Por otro lado, la aplicación del fallo reduciría la seguridad jurídica y la reputación de Nueva York como plaza financiera.
Respaldo a Argentina
Durante las últimas semanas, desde diferentes sectores de la política internacional se respaldó la posición argentina.
El país recibió el apoyo de bloques como el G77 + China, Mercosur, OEA, Unasur, Celac o BRICS. También hubo declaraciones favorables desde Estados Unidos: los departamentos de Estado y del Tesoro solicitaron presentar un informe al Tribunal avalando la postura argentina; la Reserva Federal advirtió sobre las “severas consecuencias” que podría suponer la aplicación de la decisión judicial.
Desde Italia, el primer ministro Matteo Renzi envió una carta a la presidenta argentina manifestando su apoyo en esta disputa.
Asimismo, se posicionaron otros actores: el Comité para la Anulación de la Deuda en el Tercer Mundo, el relator de Naciones Unidas sobre Deuda Externa y Derechos Humanos, el Bank of New York, el Grupo de Tenedores de Bonos liderado por Gramercy Funds Management, los acreedores europeos Euro Bondholders, el fondo Fintech, la Compañía Depositaria Fiduciaria, Clearstream Banking, Euroclear Bank o el Sistema Euroclear.
Salvo para los buitres, sus lobbies y el propio juez, lo injusto, parcial y riesgoso del fallo a favor de los buitres queda fuera de discusión: por unos u otros motivos, el rechazo internacional a la medida de Griesa no podía ser más amplio.
No es la economía, es la política
Durante décadas, el mecanismo de la deuda externa fue sumiendo a Argentina (al igual que al resto de la región) en una situación de creciente pobreza estructural, condicionamiento y vulnerabilidad económica y dependencia política: un círculo vicioso de endeudamiento creciente para seguir pagando deudas anteriores.
Entre 2005 y 2014 la deuda argentina pasó del 160 al 41 por ciento del Producto Bruto.
Las políticas de desendeudamiento favorecieron una reversión de este círculo: en febrero de 2014, un informe del Banco Mundial destacaba la reducción de la pobreza y la desigualdad en Argentina, a partir de liberar fondos públicos para fines redistributivos, inversión pública social y transferencias monetarias al 40 por ciento de la población con menores recursos.
El informe señalaba la mejora en el índice de Gini en el país con mayor gasto social de la región. ¿Será la evidencia de esta recuperación lo que atrae a los buitres en busca de ganancias carroñeras?
El fallo de Griesa pone al descubierto la cara más oscura del sistema financiero internacional, umbrío en sí mismo. Pretende generar una arquitectura jurídica que vuelva al país a foja cero, al 23 de diciembre de 2001: que Argentina, y después quien siga, retome la vía del (sobre) endeudamiento, desande el camino de la recuperación de soberanía y regrese a una “democracia tutelada”.
Y así contribuir a consolidar un orden financiero global anarco-capitalista, una ley de la selva financiera capaz de generar la mayor cantidad de carroña que sea posible.
Este contexto pone sobre la mesa, en primer lugar, la urgencia de legislar, a través de un acuerdo multilateral, a los buitres, de poner una cota de legalidad internacional a la codicia y la especulación financiera.
No sólo es necesaria la restricción de sus movimientos, sino también la prohibición de compra de deuda soberana con estos fines. Existen dos precedentes recientes a escala nacional en el intento de legislar a estos fondos, en Francia (agosto de 2007) y en Estados Unidos (junio de 2009), con igual resultado.
En el primer caso, la ley no pudo ser debatida en el Parlamento, en el segundo el debate fue improductivo; en ambos, la presión de los lobbies pudo más que las instituciones de las superpotencias.
Por otra parte, se hace evidente la importancia de consolidar un nuevo polo de poder multilateral que refuerce la soberanía estatal, que proteja los derechos de los pueblos en la globalización y que evite estas formas perversas de acumulación y de colonialismo.
En el conflicto entre Argentina y los fondos buitre también se está jugando un pulso entre soberanía y especulación, entre democracias y dictadura de poderes fácticos.
No se trata de un tema de dinero, sino de poder; no es una cuestión económica, sino esencialmente política.
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