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| CB24 |
Por Ofraneh
Según un informe de Casa Alianza, en el mes de mayo del presente año, fueron asesinados 287 personas, de las cuales 104 eran menores de 23 años. Informaciones vertidas por organismos de derechos humanos indican que entre el 2010 al 2013, de las 27.272 personas asesinadas, 458 eran menores de 14 años.
La espiral de violencia en la cual se encuentra sumida Honduras, se ha convertido en la excusa primordial para justificar desde el colapso institucional hasta el aberrante promedio de asesinatos imperante en Honduras, cifra que supera diez veces el promedio mundial. Por supuesto el Estado señala al narcotráfico como el culpable de la hecatombe, olvidando el contubernio existente entre políticos, empresarios, fuerzas de seguridad y criminales asociados en el trasiego de estupefacientes.
El evidente ambiente de terror existente en Honduras, forma parte de una guerra no declarada, maquillada por los medios de comunicación sujetos a los caprichos de una de las élites de poder más violentas del planeta.
El malestar expresado por la Casa Presidencial de Honduras en relación a las publicaciones referentes a los imparables asesinatos de menores de edad en los últimos años, sirvió para acrecentar el repudio de buena parte de la población de un país atónito ante la desfachatez de la actual administración y la pretensión de tapar el sol con un dedo, a través de una militarización acelerada.
Los espeluznantes informes de Casa Alianza han desatado la ira de la administración gubernamental de Juan Hernández , hasta el punto que a José Guadalupe Ruelas director de esa institución, le fue propinada una golpiza a manos de elementos de la Policía Militar encargados de resguardar la Casa Presidencial. La brutal acción fue justificada por funcionarios del gobierno, como una coincidencial reacción de los militares ante un conductor ebrio al resistirse a un arresto.
El colapso e inoperancia del sistema jurídico y de las fuerzas de Seguridad
A partir del golpe de estado del año 2009 se intensificó el colapso del sistema jurídico en Honduras, agravándose la situación con el golpe del poder legislativo al judicial, con la defenestración de la Corte de lo Constitucional (12-12-12), finiquitando con ese hecho la independencia de poderes en Honduras. Mientras tanto la policía nacional fue intervenida ante la infiltración del crimen organizado y el robo sistemático de sus arsenales
El intento de depuración de la Policía Nacional realizado por el abogado Gautama Fonseca en el año 2001, fue revertido por el Sr. Oscar Alvarez en el 2004, al asumir la “mano dura” como la esencia de su política para contrarrestar el fenómeno de las maras – pandillas juveniles producto de la guerra fría y las políticas neoliberales- cuyos miembros fueron encarcelados de forma masiva como parte de la aplicación de la controversial ley antimara, al mismo tiempo que dos de los más sobrepoblados presidios del país ardieron durante el período que fungió Alvarez como ministro de Seguridad.
La limpieza social dirigida especialmente en contra de los menores de edad no es algo nuevo en Honduras, sin embargo es a partir del golpe de estado del 2009 cuando prácticamente rebalsa lo imaginable, convirtiéndose en una guerra contra la juventud y niñez hondureña.
La militarización de los carteles de las drogas a partir de la aparición de los denominados ZETAS y la instalación de los carteles mexicanos en Honduras, tuvo como consecuencia cambios radicales en los modos de operación del crimen organizado, el que comenzó a reclamar y controlar territorio con el propósito de diversificar sus negocios apareciendo ligados en los últimos años a la siembra de palma y la minería ilegal.
El éxodo masivo de jóvenes y menores de edad hacia la pesadilla americana
El evidente ambiente de terror existente en Honduras, forma parte de una guerra no declarada, maquillada por los medios de comunicación sujetos a los caprichos de una de las élites de poder más violentas del planeta.
El malestar expresado por la Casa Presidencial de Honduras en relación a las publicaciones referentes a los imparables asesinatos de menores de edad en los últimos años, sirvió para acrecentar el repudio de buena parte de la población de un país atónito ante la desfachatez de la actual administración y la pretensión de tapar el sol con un dedo, a través de una militarización acelerada.
Los espeluznantes informes de Casa Alianza han desatado la ira de la administración gubernamental de Juan Hernández , hasta el punto que a José Guadalupe Ruelas director de esa institución, le fue propinada una golpiza a manos de elementos de la Policía Militar encargados de resguardar la Casa Presidencial. La brutal acción fue justificada por funcionarios del gobierno, como una coincidencial reacción de los militares ante un conductor ebrio al resistirse a un arresto.
El colapso e inoperancia del sistema jurídico y de las fuerzas de Seguridad
A partir del golpe de estado del año 2009 se intensificó el colapso del sistema jurídico en Honduras, agravándose la situación con el golpe del poder legislativo al judicial, con la defenestración de la Corte de lo Constitucional (12-12-12), finiquitando con ese hecho la independencia de poderes en Honduras. Mientras tanto la policía nacional fue intervenida ante la infiltración del crimen organizado y el robo sistemático de sus arsenales
El intento de depuración de la Policía Nacional realizado por el abogado Gautama Fonseca en el año 2001, fue revertido por el Sr. Oscar Alvarez en el 2004, al asumir la “mano dura” como la esencia de su política para contrarrestar el fenómeno de las maras – pandillas juveniles producto de la guerra fría y las políticas neoliberales- cuyos miembros fueron encarcelados de forma masiva como parte de la aplicación de la controversial ley antimara, al mismo tiempo que dos de los más sobrepoblados presidios del país ardieron durante el período que fungió Alvarez como ministro de Seguridad.
La limpieza social dirigida especialmente en contra de los menores de edad no es algo nuevo en Honduras, sin embargo es a partir del golpe de estado del 2009 cuando prácticamente rebalsa lo imaginable, convirtiéndose en una guerra contra la juventud y niñez hondureña.
La militarización de los carteles de las drogas a partir de la aparición de los denominados ZETAS y la instalación de los carteles mexicanos en Honduras, tuvo como consecuencia cambios radicales en los modos de operación del crimen organizado, el que comenzó a reclamar y controlar territorio con el propósito de diversificar sus negocios apareciendo ligados en los últimos años a la siembra de palma y la minería ilegal.
El éxodo masivo de jóvenes y menores de edad hacia la pesadilla americana
Las estadísticas sobre la criminalidad señalan como Honduras sobrepasa en el número de víctimas a países considerados como escenario bélicos. El jefe del Comando Sur, el general John Kelly en una conferencia de prensa indicó como Honduras “es más peligroso quizás que Afganistán”. Por supuesto tanto los militares estadounidense como las autoridades hondureñas culpan al narcotráfico de ser la raíz de la problemática, olvidando las largas décadas cuando la ruta centroamericana suplantó a la del caribe sin reacción alguna de los entes supuestamente encargados de frenar el narcotráfico.
La violencia urbana de forma paulatina se ha esparcido sobre áreas rurales controladas por los amos del narcotráfico. Mientras tanto la sociedad en general refleja la putrefacción del estado fallido inducido, teniendo como resultado un colapso social sin precedente. El antiguo fenómeno migratorio se ha recrudecido, intensificándose en el último año la huída tanto de la juventud como de la niñez, atraídos por la supuesta apertura de parte de las autoridades migratorias estadounidenses.
El descalabro social acompañado del aumento a las violaciones a los derechos humanos, es una invitación al éxodo. Tanto las administraciones gubernamentales de Honduras como los Estados Unidos han evadido asumir la actual crisis y las profundas raíces de la problemática continúen siendo ignoradas, optando los gobiernos por soluciones cosméticas. Honduras y los restantes países del triángulo de la muerte ven partir miles de menores de edad en pos no solamente de una supuesta vida más digna, además también así poder lograr evadir la violencia de las maras, crimen organizado y las fuerzas de “seguridad” estatales.
Desafortunadamente buena parte de esos migrantes, los esperan en los campos de concentración de la pesadilla americana, donde son sumidos en un limbo jurídico, a la espera de una deportación al infierno centroamericano.
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