Costa Rica: A un año del asesinato del ecologista Jairo Mora

Hoy sabemos que lo mataron brutalmente antes de torturarlo y difícilmente llegará la justicia 

Por Mauricio Álvarez | FECON

Sobre las playas de Moín y sus ecosistemas se siente el avance de eso que llaman progreso. A un año del asesinato del ecologista Jairo Mora se desarrolla una nueva trocha que corta el humedal que conectará la costa con el pretendido megapuerto, siendo éste sólo uno de los diez megaproyectos programados para Moín.


La lista de inversiones por casi cinco mil millones de dólares en esa playa incluye: una mega-marina, la ampliación del muelle petrolero, una nueva refinería con un acuerdo  que permite la exploración de hidrocarburos por los chinos y RECOPE, otro megapuerto de transferencia del contenedores, la citada ruta  257 (hoy trocha), un sistema ferroviario ,la modernización portuaria, la terminal de importación y almacenamiento del gas natural (ver más). Para completar estos negocios el gobierno promovió y se aprobó la ley nº 9205 sobre la titulación de propiedad JAPDEVA (impugnada por FECON y SITRAMINAE), donde se busca desafectar áreas silvestres protegidas como Humedal Cariari y 8 zonas más, para sacarlas del patrimonio del Estado y pasarlas a manos de privados, facilitando la industrialización de la Costa Caribe Norte.

Frente a este panorama el legado de Jairo Mora y su muerte por proteger esta indómita costa sigue impune. Su muerte está aún contaminada por las cortinas de humo que lanzaran en su momento el OIJ, Celso Gamboa y René Castro sobre la investigación del caso, la declaratoria de un área protegida y la falta de acción de la policía, en general para controlar los delitos ambientales y en éste caso en particular para prevenir la comisión de delitos en los ecosistemas costeros.

Hoy policías y guardacostas solo tienen mandato de combatir el narcotráfico desconociendo la ley e incumpliendo sus deberes. Al no proteger el patrimonio natural la autoridad también viola la ley Conservación de la Vida Silvestre (Art 88) que convierte las violaciones a esta ley  en delito, quien cace fauna silvestre o destruya sus nidos” (Art 93) y  quienes comercien, negocien, trafiquen o trasieguen animales silvestres, sus productos y derivados (Art 95). También desconocen la Ley general de Policía (art 10),  que obliga a observar la constitución y los tratados internacionales y cuando no actúan para “Prevenir y reprimir la comisión de infracciones punibles dentro del territorio nacional” (Art. 22).

Sobre estos últimos la Sala Constitucional señaló que “se han violentado los artículos 7, 50 y 89 de la Constitución Política al no cumplirse con la protección establecida en los Convenios Internacionales, desprotegiéndose en esa forma el derecho a un ambiente sano y sobretodo ecológicamente equilibrado, para el cual deben establecerse mecanismos preventivos para evitar la extinción de las especies, lo que requiere de una actitud cierta y responsable de las autoridades administrativas competentes" (...) “especies que ni siquiera son nuestras, sino que llegan a desovar a estas playas, lo cual como ya se dijo violenta los derechos constitucionales que protegen al medio ambiente, en razón de que es un derecho también para las generaciones futuras la posibilidad de conocerlas y de gozar del mismo ecosistema del que gozamos actualmente. (...) y posteriormente explicitó, “el Estado como se pudo comprobar, se comprometió en diferentes Tratados a la protección de ésta, lo que es su deber realizar a través del poder de policía”. (Voto 1999-01250)

Ya sabemos qué esperar de Celso Gamboa, aunque le damos el beneficio de que el cambio de camiseta partidaria, surta algún efecto para honrar los compromisos con los ambientalistas como de lograr justicia en el caso de Jairo Mora y mejorar el control de los delitos ambientales, incluyendo en el contenido del curriculum de formación de los policías la acción policial que la ley ordena sobre  los delitos ambientales. También hemos solicitado que le brinden auxilio y protección a los ambientalista, con una comisión y un fuero especial, como don Alcides Parajeles de Osa, cuya vida entregada a la defensa de la Penísula de Osa está en permanente amenaza de muerte, el último ataque fue a balazos   por defender el patrimonio natural del Estado ya ni el MINAE ni la policía cumple en ese sitio con su trabajo (ver  carta abierta)

 A un año del  asesinato de Jairo recordamos los ocho activistas en Costa Rica cuyos asesinatos  en su mayoría continúan en la impunidad: Antonio Zúñiga, Oscar Quirós, Jorge Aguilar, Óscar Fallas, Jaime Bustamante y María del Mar Cordero, David Maradiaga y Kimberley Blackwell. Estas muertes se dieron en un contexto de persecución y amenazas documentadas que incluyen al menos: 12 atentados o ataques directos, 10 incendios a casas o locales, 16 casos de amenazas de muerte, 20 casos de demandas y 4 demandas colectivas de más de 26 de activistas locales.

A estas últimas demandas se unen las de vecinos del Coyol y la Garita de Alajuela que se enfrentan contra la instalación de una industria de gasificación de desechos.

Por eso creemos que a nivel legislativo se debe acoger la propuesta del partido Frente Amplio de reforma para despenalizar los delitos contra el  honor como las infracciones por injuria, calumnia  y difamación en caso de la defensa del interés y bienes colectivos y que dejen de usarse como armas para silenciar las comunidades, la prensa, profesores y  ciudadanía que denuncia actos daños al ambiente.

Le tocará al gobierno actual acatar las recomendaciones de John Knox, experto independiente de Naciones Unidas en  derechos humanos y ambiente. El acogió la propuesta de crear una comisión para llevar un registro sistemático de las amenazas a ambientalistas en función de su trabajo. En sus recomendaciones finales asegura que en “lo que concierne al riesgo de hostigamiento y violencia contra los defensores de los derechos humanos que trabajan en la esfera del medio ambiente, el Experto independiente recomienda a Costa Rica que intensifique aún más sus esfuerzos no solo por responder a las amenazas y los actos de violencia, sino también por prevenir las situaciones que dan lugar a esos problemas. El Experto sugiere a Costa Rica que estudie seriamente la posibilidad de establecer una comisión o un órgano equivalente, con representantes de un amplio abanico de interesados, que tenga el mandato de examinar la historia y la situación actual de los defensores de los derechos humanos que se ocupan de cuestiones ambientales en Costa Rica y de formular recomendaciones sobre la manera más adecuada de mejorar su protección” (Informe completo).

A un año de la partida de Jairo seguimos movilizados frente a la impunidad y trabajando por la instalación de este espacio de justicia y lograr reivindicar la historia de los y las ecologistas muertos, de reducir las amenazas y atentados, al mismo tiempo de visibilizar la criminalización  de los y las defensores del ambiente.