Por Marvin Palacios | Defensores en Línea
El Movimiento Campesino Gregorio Chávez advirtió a las autoridades nacionales, a las organizaciones defensoras de derechos humanos y a la comunidad internacional sobre un eventual desalojo que estarían sufriendo en los próximos días unas 300 familias asentadas en la finca Paso Aguán, próxima a la comunidad Panamá, en la zona norte del país.
Así lo dio lo dio a conocer Jaime Cabrera coordinador de la Plataforma Agraria que aglutina a los líderes y lideresas de los 18 movimientos campesinos que luchan por el derecho a cultivar la tierra en el Bajo Aguán, departamento de Colón.
“Nos están anunciando un desalojo en los próximos días, nosotros solamente le pedimos al Gobierno, que ponga de su parte y no vaya a permitir un derramamiento de sangre en esta comunidad, en esta finca”, alertó Cabrera.
El dirigente aseguró que le enviaron al gobierno una serie de documentos en los que se denuncian las violaciones a los derechos humanos cometidas en la comunidad Panamá desde el año 2010, que incluyen el número de asesinatos que se han producido, las desapariciones de campesinos, violaciones de mujeres a manos de guardias de seguridad y denuncias de daños al ambiente producidas por la Corporación Dinant, propiedad del terrateniente Miguel Facussé.
“Aquí ha habido violaciones tremendas y le decimos al gobierno, revise ese documento que le hicimos llegar con el ministro, si se lo entregó el ministro, porque a veces estos documentos ellos los llevan y lo meten en el gavetero, pero nunca los entregan, revise ese documento señor presidente y siéntese con nosotros aunque sea unos 10 minutos para que dialoguemos, no somos delincuentes ni asesinos para que nos tenga miedo”, si a Tegucigalpa nos llama allá iremos, porque nos interesa la libertad de nuestra comunidad y la recuperación de nuestra tierra”, sostuvo Cabrera.
Por su parte Glenda Chávez, hija de Gregorio Chávez, asesinado por supuestos guardias de seguridad de Corporación Dinant el 12 de julio de 2012, expresó que si se ejecuta el desalojo de unas 300 familias asentadas en la finca Paso Aguán, no se darán por vencidos, seguirán luchando por recuperar la tierra. Chávez demandó de las autoridades que intervengan para evitar otro derramamiento de sangre.
“Le digo al coronel Joel Martínez (comandante de la Fuerza de Tarea Xatruch III) que no se equivoque, que piense hacer bien las cosas, porque nosotros como Observatorio de Derechos Humanos vamos a estar enfrente de la lucha, documentando todo lo que les hagan a los compañeros, ya este desalojo que supuestamente dicen que viene para esta comunidad de Panamá, nosotros estamos a la expectativa”, dijo Glenda Chávez que también pertenece al Observatorio Internacional de Derechos Humanos en el Aguán.
Gobierno quiere dividir a la Plataforma Agraria
Mientras tanto, Jaime Cabrera denunció también que el Gobierno de Juan Orlando Hernández está tratando de causar división en la Plataforma Agraria con el fin de obstaculizar los planes de las comunidades campesinas de obtener una parcela de tierra para el sustento de sus familias.
Nuestras mayores preocupaciones son que el Gobierno está tratando de que los grupos campesinos no estén unidos, que no estén ejerciendo en una Plataforma Agraria, porque aquí tuvimos una visita del ministro en este mes de mayo en donde expresó que nadie tenía que dar apoyo a otro movimiento, porque ya el que está en su tierra, tiene que estar trabajando en su tierra.
“Pero no se le está concediendo el deseo al ministro, ni al gobierno, porque seguimos unidos, sea como sea la situación de nosotros no es esa, nosotros estamos dispuestos de que el movimiento campesino que necesite el apoyo de la Plataforma Agraria, estaremos ahí pendientes, al pie de lucha con cada uno de ellos”, sostuvo el dirigente campesino.
A pesar de contar con medidas cautelares de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Jaime Cabrera fue víctima de tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de efectivos policiales y militares, cuando el 21 de mayo de este año, centenares de familias del Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán (MARCA) fueron desalojados brutalmente por contingentes policiales y militares de las tierras La Trinidad y La Despertar, que el abogado Antonio Trejo había logrado legalizar para dicho movimiento pero que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) revirtió el año pasado.
Durante el violento desalojo, Cabrera fue capturado por policías y militares, uno de los hombres de verde, le colocó la punta del fusil dentro de la oreja izquierda y amenazó con matarlo. También mientras era conducido en la paila de un vehículo policial y estando atado de manos, sufrió toletazos y patadas.
Del brutal desalojo se produjeron unas 15 detenciones, entre niños, niñas, ancianos y hombres, varios de los cuales resultaron con heridas de gravedad y fracturas, producto de la brutalidad con que actuaron las fuerzas policiales y militares en esta zona.
El abogado y defensor de derechos humanos Antonio Trejo que también gozaba de medidas cautelares de protección, fue asesinado por sicarios en la capital de la República, el 29 de junio del 2012. Trejo había logrado que centenares de familias de MARCA quedaran en posesión de las tierras de las cooperativas San Isidro, Trinidad y Despertar.
No solo agentes de policía y militares que integran la Fuerza de Tarea Xatruch que opera en este sector, violan los derechos humanos en el Aguán, también guardias de seguridad que trabajan para la Corporación Dinant propiedad del terrateniente Miguel Facussé, han sido señalados como autores de brutales crímenes y desapariciones contra campesinos.
Los operadores de justicia no escapan a los señalamientos, cuando se constató que el juez ejecutor del desalojo (en este caso fue un defensor público de Trujillo) protagonizado en las cooperativas Despertar y Trinidad, aseguró que las víctimas de la represión, no presentaron lesiones visibles en sus cuerpos.
Un equipo de procuradoras de derechos humanos del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) que visitó la zona recientemente, recogió los testimonios de campesinos que fueron brutalmente golpeados por militares de la operación Xatruch.
A una de las víctimas, un efectivo militar, le colocó una bomba lacrimógena dentro de su camisa que le quemó la piel, a otro joven menor de edad lo patearon y lo golpearon con toletes hasta que se desmayó. Hombres y mujeres han reportado este tipo de tratos crueles, inhumanos y degradantes, después de ser capturados por los uniformados. Esto aconteció en el desalojo del pasado 21 de mayo.
El Movimiento Campesino Gregorio Chávez demanda el cese de la represión, la violencia, los desalojos violentos y la persecución contra sus dirigentes. Solicitan al Estado la liberación de la Finca Paso Aguán que está próxima a la comunidad Panamá y afirman que no quieren nada regalado, que están dispuestos a negociar y comprar las tierras de la finca.
Así lo dio lo dio a conocer Jaime Cabrera coordinador de la Plataforma Agraria que aglutina a los líderes y lideresas de los 18 movimientos campesinos que luchan por el derecho a cultivar la tierra en el Bajo Aguán, departamento de Colón.
“Nos están anunciando un desalojo en los próximos días, nosotros solamente le pedimos al Gobierno, que ponga de su parte y no vaya a permitir un derramamiento de sangre en esta comunidad, en esta finca”, alertó Cabrera.
El dirigente aseguró que le enviaron al gobierno una serie de documentos en los que se denuncian las violaciones a los derechos humanos cometidas en la comunidad Panamá desde el año 2010, que incluyen el número de asesinatos que se han producido, las desapariciones de campesinos, violaciones de mujeres a manos de guardias de seguridad y denuncias de daños al ambiente producidas por la Corporación Dinant, propiedad del terrateniente Miguel Facussé.
“Aquí ha habido violaciones tremendas y le decimos al gobierno, revise ese documento que le hicimos llegar con el ministro, si se lo entregó el ministro, porque a veces estos documentos ellos los llevan y lo meten en el gavetero, pero nunca los entregan, revise ese documento señor presidente y siéntese con nosotros aunque sea unos 10 minutos para que dialoguemos, no somos delincuentes ni asesinos para que nos tenga miedo”, si a Tegucigalpa nos llama allá iremos, porque nos interesa la libertad de nuestra comunidad y la recuperación de nuestra tierra”, sostuvo Cabrera.
Por su parte Glenda Chávez, hija de Gregorio Chávez, asesinado por supuestos guardias de seguridad de Corporación Dinant el 12 de julio de 2012, expresó que si se ejecuta el desalojo de unas 300 familias asentadas en la finca Paso Aguán, no se darán por vencidos, seguirán luchando por recuperar la tierra. Chávez demandó de las autoridades que intervengan para evitar otro derramamiento de sangre.
“Le digo al coronel Joel Martínez (comandante de la Fuerza de Tarea Xatruch III) que no se equivoque, que piense hacer bien las cosas, porque nosotros como Observatorio de Derechos Humanos vamos a estar enfrente de la lucha, documentando todo lo que les hagan a los compañeros, ya este desalojo que supuestamente dicen que viene para esta comunidad de Panamá, nosotros estamos a la expectativa”, dijo Glenda Chávez que también pertenece al Observatorio Internacional de Derechos Humanos en el Aguán.
Gobierno quiere dividir a la Plataforma Agraria
Mientras tanto, Jaime Cabrera denunció también que el Gobierno de Juan Orlando Hernández está tratando de causar división en la Plataforma Agraria con el fin de obstaculizar los planes de las comunidades campesinas de obtener una parcela de tierra para el sustento de sus familias.
Nuestras mayores preocupaciones son que el Gobierno está tratando de que los grupos campesinos no estén unidos, que no estén ejerciendo en una Plataforma Agraria, porque aquí tuvimos una visita del ministro en este mes de mayo en donde expresó que nadie tenía que dar apoyo a otro movimiento, porque ya el que está en su tierra, tiene que estar trabajando en su tierra.
“Pero no se le está concediendo el deseo al ministro, ni al gobierno, porque seguimos unidos, sea como sea la situación de nosotros no es esa, nosotros estamos dispuestos de que el movimiento campesino que necesite el apoyo de la Plataforma Agraria, estaremos ahí pendientes, al pie de lucha con cada uno de ellos”, sostuvo el dirigente campesino.
A pesar de contar con medidas cautelares de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Jaime Cabrera fue víctima de tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de efectivos policiales y militares, cuando el 21 de mayo de este año, centenares de familias del Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán (MARCA) fueron desalojados brutalmente por contingentes policiales y militares de las tierras La Trinidad y La Despertar, que el abogado Antonio Trejo había logrado legalizar para dicho movimiento pero que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) revirtió el año pasado.
Durante el violento desalojo, Cabrera fue capturado por policías y militares, uno de los hombres de verde, le colocó la punta del fusil dentro de la oreja izquierda y amenazó con matarlo. También mientras era conducido en la paila de un vehículo policial y estando atado de manos, sufrió toletazos y patadas.
Del brutal desalojo se produjeron unas 15 detenciones, entre niños, niñas, ancianos y hombres, varios de los cuales resultaron con heridas de gravedad y fracturas, producto de la brutalidad con que actuaron las fuerzas policiales y militares en esta zona.
El abogado y defensor de derechos humanos Antonio Trejo que también gozaba de medidas cautelares de protección, fue asesinado por sicarios en la capital de la República, el 29 de junio del 2012. Trejo había logrado que centenares de familias de MARCA quedaran en posesión de las tierras de las cooperativas San Isidro, Trinidad y Despertar.
No solo agentes de policía y militares que integran la Fuerza de Tarea Xatruch que opera en este sector, violan los derechos humanos en el Aguán, también guardias de seguridad que trabajan para la Corporación Dinant propiedad del terrateniente Miguel Facussé, han sido señalados como autores de brutales crímenes y desapariciones contra campesinos.
Los operadores de justicia no escapan a los señalamientos, cuando se constató que el juez ejecutor del desalojo (en este caso fue un defensor público de Trujillo) protagonizado en las cooperativas Despertar y Trinidad, aseguró que las víctimas de la represión, no presentaron lesiones visibles en sus cuerpos.
Un equipo de procuradoras de derechos humanos del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) que visitó la zona recientemente, recogió los testimonios de campesinos que fueron brutalmente golpeados por militares de la operación Xatruch.
A una de las víctimas, un efectivo militar, le colocó una bomba lacrimógena dentro de su camisa que le quemó la piel, a otro joven menor de edad lo patearon y lo golpearon con toletes hasta que se desmayó. Hombres y mujeres han reportado este tipo de tratos crueles, inhumanos y degradantes, después de ser capturados por los uniformados. Esto aconteció en el desalojo del pasado 21 de mayo.
El Movimiento Campesino Gregorio Chávez demanda el cese de la represión, la violencia, los desalojos violentos y la persecución contra sus dirigentes. Solicitan al Estado la liberación de la Finca Paso Aguán que está próxima a la comunidad Panamá y afirman que no quieren nada regalado, que están dispuestos a negociar y comprar las tierras de la finca.
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