Por Plataforma Agraria
La crisis agraria y alimentaria se intensifica cada día en Honduras. La falta de voluntad política durante décadas por parte de los gobiernos de turno ha llevado a que cientos de familias campesinas se organicen e inicien los procesos de recuperación de su tierra a nivel nacional, teniendo como resultado masivos desalojos violentos, represión, criminalización y muerte.
En los años 70, Honduras era considerado como el granero de Centroamérica, se producía lo que la población consumía y se exportaba el excedente a los países cercanos. La Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola, aprobada en el gobierno de Rafael Leonardo Callejas en 1992, despojó a miles de familias de sus tierras, obligándolas a trabajar para los terratenientes.
La problemática que enfrenta el país en el sector agrario ha cobrado la vida de decenas de campesinos y campesinas en los últimos cuatro años, en su mayoría en la zona del Bajo Aguán, como resultado de la criminalización del derecho al acceso a la tierra por parte de las instituciones estatales. Solo en los últimos tres meses han sido asesinados cinco productores del campo en la zona norte del país, sin que exista un responsable pagando por estos crímenes.
La problemática que enfrenta el país en el sector agrario ha cobrado la vida de decenas de campesinos y campesinas en los últimos cuatro años, en su mayoría en la zona del Bajo Aguán, como resultado de la criminalización del derecho al acceso a la tierra por parte de las instituciones estatales. Solo en los últimos tres meses han sido asesinados cinco productores del campo en la zona norte del país, sin que exista un responsable pagando por estos crímenes.
El 27 de marzo del 2014, fueron asesinadas dos líderes campesinas Uva Erlinda Castellanos, de 48 años, y Alma Yaneth Díaz Ortega, de 46 años. Ambas pertenecían a la Empresa Asociativa Campesina de Producción Bellavista, ubicada en el municipio Pimienta Cortes, a 25 kilómetros de San Pedro Sula.
De igual manera, se denunció el atentado criminal en contra de Miguel Sánchez, quien recibió seis impactos de bala de AK-47, miembro de la Empresa Asociativa Campesina de Producción "San Miguel Arcángel", del Movimiento Campesino Recuperando lo Nuestro (ECARLON), ubicado en Urraco Pueblo de Progreso, Yoro.
Sánchez fue trasladado a un centro asistencial, donde se debatía entre la vida y la muerte. Actualmente se encuentra fuera de peligro y recuperándose.
El 25 de Abril del 2014, Roberto Flores, 45 años, secretario general de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) de la regional de Comayagua, fue asesinado de varios impactos de bala en la misma localidad.
El ahora occiso tenía tres años de pertenecer a la Junta Central de la CNTC, pero habia informado que renunciaría al cargo, porque estaba siendo víctima de constante persecución y amenazas de muerte por parte de un terrateniente de Valle Bonito.
Magdalena Morales dirigente campesina de la CNTC del Progreso, Yoro, dijo que se han incrementado la persecución y asesinatos en contra de líderes campesinos/as que luchamos por un pedazo de tierra en Honduras.
El sábado 03 de mayo 2014, a las 3:20 de la tarde, hombres armados a bordo de una motocicleta asesinaron de varios disparos a Pedro Cabrera Rivas, 49 años, en su casa de habitación, ubicada en la comunidad Juan Ramón Morales, en Progreso, Yoro.
El mal logrado campesino era el presidente de la Empresa Campesina Brisas del Progreso, su esposa María Ernestina Hernández es miembro de la Empresa Asociativa Campesina San Isidro de la CNTC en el Progreso.
El lunes 05 Mayo 2014, al menos 200 familias campesinas miembros del Movimiento Campesino Refundación Gregorio Chávez (MCRGC) articuladas en la Plataforma Regional del Valle del Aguàn, iniciaron el proceso de recuperación de la tierra de la Finca Paso Aguàn ubicada en comunidad de Panamá, en el municipio de Trujillo, Colón.
Las familias campesinas se encuentran en posesión de las tierras, pero cercados por la guardia de seguridad de Corporación Dinant y miembros de la operación Xatruch bajo el mando del coronel René Jovel Martínez y el coronel German Alfaro Escalante.
El miércoles 07 de Mayo 2014, fue asesinado Jesús Omar García Toro, de 45 años, presidente del grupo campesino Agua de Vida, afiliada la Unión Campesina e Indígena de Honduras, (UCIH), ubicada en la comunidad de Agua Clara, en el municipio del Naranjito, departamento de Santa Bárbara.
El hecho ocurrió mientras García Toro realizaba sus labores diarias. "Eél iba a dejar un rollo de alambres por la zona que conocemos como la Quebrada El Plan. Al regreso lo interceptaron para acribillarlo”, dijo Evelin Aracely Enamorado, esposa del campesino asesinado.
García Toro, junto a 21 familias campesinas, iniciaron los procesos de recuperación de las tierras en la comunidad de Agua Clara desde hace dos meses. "Estas tierras estaban ociosas, no prestaban la función social de la propiedad, no estaban cultivadas, por tal razón se procedió a la recuperación”, dijo María E. Pérez, secretaria general de la mencionada organización campesina.
“Mi esposo, ya era objeto de amenazas de muerte por parte de Oscar Alfaro, quien dice ser el supuesto dueño de estas tierras,. En varias ocasiones, Alfaro le dijo que desocuparan la tierra, porque si no, lo iban a encontrar panza arriba en el lugar donde fue encontrado asesinado” manifestó su esposa.
Ante esta situación el movimiento campesino continua en lucha permanente por la aprobación de nuevo marco jurídico como es la Ley de Reforma Agraria Integral con Equidad de Género para la Soberanía Alimentaria y Desarrollo Rural.
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