AFP |
Por Rafael
Cuevas Molina | AUNA-Costa Rica
Este 10 de mayo se cumplió un año de la condena por genocidio al ex general Efraín Ríos Montt en Guatemala, sentencia que no fue posible ejecutar por una serie de tecnicismos que fueron aducidos por la defensa del señor Ríos, los cuales no son más que una cortina de humo que trata de ocultar las verdaderas razones para anularla: el miedo a ser juzgados, ellos también, de los sectores dominantes guatemaltecos y miembros del ejército involucrados en crímenes de lesa humanidad.
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Así de simple pero, también, así de terrible.
En el juicio que se le siguió al señor ex general, después de muchos años de evadirlo por tener inmunidad como diputado al Congreso de la República, hubo un largo y escalofriante desfile de testigos que, frente él, los jueces, el público presente en la sala y el mundo, atestiguaron las atrocidades de que fueron víctimas. El señor militar vio y oyó todo impasiblemente, sin que se le moviera uno solo de los pelos de su poblado mostacho, y al final declaró ante los jueces con el tono evangelizador e histérico que le caracteriza, y con el que pretendió aleccionar y evangelizar a los guatemaltecos en la década de 1980, cuando peroraba por televisión discerniendo entre el bien y el mal, la vida y la muerte.
Los desmanes a los que fue sometido el pueblo guatemalteco han sido ampliamente documentados de múltiples y variadas formas. Hay miles de testigos y víctimas, y las pruebas abundan en todo el territorio nacional. ¿Por qué, entonces, los principales responsables siguen viviendo en la impunidad y algunos, como el ex general Otto Pérez Molina, llegan incluso a la más alta investidura del país?
Porque ellos siguen teniendo la sartén por el mango.
Y no tienen el mango de cualquier sartén: tienen el control de un aparato estatal corrupto hasta la médula, penetrado por los intereses corporativos del crimen organizado en asocio con miembros del ejército de Guatemala, que hicieron de la guerra un negocio.
Hay, entonces, demasiados intereses poderosos en juego.
La unión de cámaras empresariales de Guatemala, llamada CACIF por sus siglas, fue la primera que, al conocerse el resultado del juicio, salió a oponérsele pública y radicalmente. Los mismo hizo el señor presidente, el ex general Otto Pérez Molina, conocido en los años de la guerra como comandante Tito, cuando con lujo de detalles describía cómo se reprimía a la comunidad de Nebaj en el altiplano guatemalteco.
A ninguno de estos señores les conviene que se condene al ex general Efraín Ríos Montt, porque hacerlo significa legitimar una vía en la que, en algún momento, la justicia se encontrará con ellos en alguna vuelta del camino.
Tratan de tapar el sol con un dedo.
Los hechos son tan conocidos hoy y están tan bien documentados que aún quienes fueron cómplices de todo lo sucedido no pueden hacer más que reconocer lo que llaman “excesos” de la guerra. Es el caso de los Estados Unidos, quienes de diversas formas y tímidamente, han ido reconociendo paulatinamente que colaboraron con una banda de asesinos que se ensañó contra la población civil, la más de las veces indefensa.
Esto no les resta responsabilidades pero certifica aún más la existencia de los hechos. Ellos también deberán ser juzgados alguna vez.
Sabiendo que, dadas las artimañas que han utilizado, el juicio en algún momento deberá ser retomado posiblemente el año entrante, se han dado a la tarea de deshacerse de las personas honestas que, en ese aparato estatal corrupto hicieron posible, con su actitud valiente, el juicio.
De esta forma, la han emprendido contra la jueza Yassmín Barrios, quien presidió el Tribunal que juzgó y condenó al ex general, y contra la Fiscal General de la República Claudia Paz y Paz, que le dio prioridad a este tipo de procesos en su gestión. A la primera la suspendieron un año de sus funciones por supuestamente faltarle el respeto al abogado defensor de Ríos Mont en el juicio, y a la segunda le impidieron postularse de nuevo al cargo de Fiscal que ocupaba, acortando, además, el período de su gestión.
Piensen nuestros lectores que si esto es lo que hacen con figuras prominentes que se encuentran a la vista de todos, qué no harán con los y las testigos que, en la montaña, en caseríos dispersos y solitarios, en casas aisladas, se encuentran fuera de toda atención.
Un aniversario con doble faz: por un lado, de júbilo por haber logrado llevar al gran genocida al banquillo de los acusados. Por otro, de frustración e impotencia ante las maniobras de la pandilla que sigue gobernando a Guatemala.
En el juicio que se le siguió al señor ex general, después de muchos años de evadirlo por tener inmunidad como diputado al Congreso de la República, hubo un largo y escalofriante desfile de testigos que, frente él, los jueces, el público presente en la sala y el mundo, atestiguaron las atrocidades de que fueron víctimas. El señor militar vio y oyó todo impasiblemente, sin que se le moviera uno solo de los pelos de su poblado mostacho, y al final declaró ante los jueces con el tono evangelizador e histérico que le caracteriza, y con el que pretendió aleccionar y evangelizar a los guatemaltecos en la década de 1980, cuando peroraba por televisión discerniendo entre el bien y el mal, la vida y la muerte.
Los desmanes a los que fue sometido el pueblo guatemalteco han sido ampliamente documentados de múltiples y variadas formas. Hay miles de testigos y víctimas, y las pruebas abundan en todo el territorio nacional. ¿Por qué, entonces, los principales responsables siguen viviendo en la impunidad y algunos, como el ex general Otto Pérez Molina, llegan incluso a la más alta investidura del país?
Porque ellos siguen teniendo la sartén por el mango.
Y no tienen el mango de cualquier sartén: tienen el control de un aparato estatal corrupto hasta la médula, penetrado por los intereses corporativos del crimen organizado en asocio con miembros del ejército de Guatemala, que hicieron de la guerra un negocio.
Hay, entonces, demasiados intereses poderosos en juego.
La unión de cámaras empresariales de Guatemala, llamada CACIF por sus siglas, fue la primera que, al conocerse el resultado del juicio, salió a oponérsele pública y radicalmente. Los mismo hizo el señor presidente, el ex general Otto Pérez Molina, conocido en los años de la guerra como comandante Tito, cuando con lujo de detalles describía cómo se reprimía a la comunidad de Nebaj en el altiplano guatemalteco.
A ninguno de estos señores les conviene que se condene al ex general Efraín Ríos Montt, porque hacerlo significa legitimar una vía en la que, en algún momento, la justicia se encontrará con ellos en alguna vuelta del camino.
Tratan de tapar el sol con un dedo.
Los hechos son tan conocidos hoy y están tan bien documentados que aún quienes fueron cómplices de todo lo sucedido no pueden hacer más que reconocer lo que llaman “excesos” de la guerra. Es el caso de los Estados Unidos, quienes de diversas formas y tímidamente, han ido reconociendo paulatinamente que colaboraron con una banda de asesinos que se ensañó contra la población civil, la más de las veces indefensa.
Esto no les resta responsabilidades pero certifica aún más la existencia de los hechos. Ellos también deberán ser juzgados alguna vez.
Sabiendo que, dadas las artimañas que han utilizado, el juicio en algún momento deberá ser retomado posiblemente el año entrante, se han dado a la tarea de deshacerse de las personas honestas que, en ese aparato estatal corrupto hicieron posible, con su actitud valiente, el juicio.
De esta forma, la han emprendido contra la jueza Yassmín Barrios, quien presidió el Tribunal que juzgó y condenó al ex general, y contra la Fiscal General de la República Claudia Paz y Paz, que le dio prioridad a este tipo de procesos en su gestión. A la primera la suspendieron un año de sus funciones por supuestamente faltarle el respeto al abogado defensor de Ríos Mont en el juicio, y a la segunda le impidieron postularse de nuevo al cargo de Fiscal que ocupaba, acortando, además, el período de su gestión.
Piensen nuestros lectores que si esto es lo que hacen con figuras prominentes que se encuentran a la vista de todos, qué no harán con los y las testigos que, en la montaña, en caseríos dispersos y solitarios, en casas aisladas, se encuentran fuera de toda atención.
Un aniversario con doble faz: por un lado, de júbilo por haber logrado llevar al gran genocida al banquillo de los acusados. Por otro, de frustración e impotencia ante las maniobras de la pandilla que sigue gobernando a Guatemala.
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