Foto William Corleto |
Por Florencia Goldsman | Pikara Magazine
“Qué
bonito se sentía ver cuando las sacaron las máquinas ésas, tan
enormes”, suspira Marta mientras recuerda la salida de los mastodontes
de hierro pesado. Desde una lucha que abre una esperanza para posibles
alianzas entre movimientos campesinos y comunitarios que comienzan a
multiplicar en Guatemala la metodología del “plantón pacífico”. En
defensa de los recursos naturales, el agua y el territorio. Las últimas
informaciones hablan de un desalojo violento, la resistencia continúa. -
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Para llegar a La Puya, en la región norte del departamento de Guatemala, hay que emprender camino de buses destartalados que se dirigen hacia el oriente. En el trayecto tanto el bus avanza como el calor aumenta. Las señales del camino parecen alucinaciones en medio del desierto.
Divisamos un cartel que presenta ‘Splash’, un parque acuático de piscinas con despampanantes formas geométricas anunciado en un rótulo oxidado. El cartel también anuncia que dichas fuentes acuíferas son propiedad del alcalde del pueblo, Nito Palencia. Es una zona de conflicto en la que el agua (su calidad para el consumo y utilización para la agricultura) es objeto de defensa, disputa y enfrentamiento por campesinas y campesinos que arriesgan la vida con visión de futuro, dicha publicidad llama la atención: ‘Splash’.
Aquí son las vecinas de las comunidades de las aldeas pertenecientes a San José del Golfo y otras a San Pedro Ayampuc quienes junto pobladores de cualquier edad, maridos, hijos e hijas y vecinos, desde hace dos años parcelan su tiempo para proteger el territorio. Ellas se organizan junto con familia y vecindad para montar una guardia pacífica 24 horas durante 7 días, para permanecer atentas y en guardia a las puertas del territorio que las empresas mineras reclaman como propio para la explotación.
Este camino de tierra rodeado de árboles y vegetación es el lugar en donde se encuentra el ingreso al proyecto Progreso VII Derivado, una de las 12 concesiones estatales a las mineras de exploración que forman parte del megaproyecto de extracción El Tambor, administrado en un principio por la empresa canadiense RadiusExplorations Ltd. y su subsidiaria en Guatemala, Exploraciones Mineras de Guatemala, S.A. (Exmingua). Hoy, no obstante, el proyecto ha sido vendido a la empresa norteamericana Kappes, Cassiday & Associates (KCA).
Las comunidades no reciben estos proyectos a ciegas, tienen información sobre los riesgos y daños que implican: la tala de montes, la movilización de tierras, la construcción de túneles y sobre todo, la perforación de pozos de agua y el uso de sustancias tóxicas. “Nosotros no queremos minería, somos un pueblo muy pobre en agua. El agua sirve para los cultivos y no es posible que sea utilizada para la mina. Y hay que entender que acá, cerca del corredor seco, el agua es muy escasa”, describe Ana Sandoval quien, a sus 22 años, además de estudiar derecho dedica gran parte de su tiempo a acompañar y posibilitar el acceso de periodistas, investigadores y personas solidarias con la resistencia.
Esta resistencia comenzó un 2 de marzo de 2012 cuando las comunidades informadas del avance del proyecto minero decidieron ocupar la entrada al territorio en donde se comenzarían los trabajos para las minas. Fue una mujer la que se plantó delante de las máquinas desafiando con su vida el avasallamiento. El 8 de mayo del mismo año, durante la madrugada, llegó una manada de máquinas dispuestas a entrar en la mina. Sin planearlo, las mujeres se tendieron en el suelo, cantaron y rezaron para impedir que las excavadoras entraran. Un mes después otra mujer, Yolanda Oquelí, una lideresa de la resistencia, sufrió un atentado en medio de la noche: un desconocido le disparó desde una camioneta. Oquelí sobrevivió a la muerte pero convive con una bala dormida cerca de su columna vertebral.
Este camino de tierra rodeado de árboles y vegetación es el lugar en donde se encuentra el ingreso al proyecto Progreso VII Derivado, una de las 12 concesiones estatales a las mineras de exploración que forman parte del megaproyecto de extracción El Tambor, administrado en un principio por la empresa canadiense RadiusExplorations Ltd. y su subsidiaria en Guatemala, Exploraciones Mineras de Guatemala, S.A. (Exmingua). Hoy, no obstante, el proyecto ha sido vendido a la empresa norteamericana Kappes, Cassiday & Associates (KCA).
Las comunidades no reciben estos proyectos a ciegas, tienen información sobre los riesgos y daños que implican: la tala de montes, la movilización de tierras, la construcción de túneles y sobre todo, la perforación de pozos de agua y el uso de sustancias tóxicas. “Nosotros no queremos minería, somos un pueblo muy pobre en agua. El agua sirve para los cultivos y no es posible que sea utilizada para la mina. Y hay que entender que acá, cerca del corredor seco, el agua es muy escasa”, describe Ana Sandoval quien, a sus 22 años, además de estudiar derecho dedica gran parte de su tiempo a acompañar y posibilitar el acceso de periodistas, investigadores y personas solidarias con la resistencia.
Esta resistencia comenzó un 2 de marzo de 2012 cuando las comunidades informadas del avance del proyecto minero decidieron ocupar la entrada al territorio en donde se comenzarían los trabajos para las minas. Fue una mujer la que se plantó delante de las máquinas desafiando con su vida el avasallamiento. El 8 de mayo del mismo año, durante la madrugada, llegó una manada de máquinas dispuestas a entrar en la mina. Sin planearlo, las mujeres se tendieron en el suelo, cantaron y rezaron para impedir que las excavadoras entraran. Un mes después otra mujer, Yolanda Oquelí, una lideresa de la resistencia, sufrió un atentado en medio de la noche: un desconocido le disparó desde una camioneta. Oquelí sobrevivió a la muerte pero convive con una bala dormida cerca de su columna vertebral.
En diciembre de ese mismo año las mujeres enfrentaron a 25 patrullas que llegaron para desalojar a la población. “Una de mis sobrinas estaba aquí cuidando y la agarraron porque ella no los quería dejar pasar el cerco. Entonces yo la abracé y me tiraron gas, pero justo volteé la cara y no me hicieron nada”, recuerda Felisa Muralles, más conocida como Doña Licha. Esta mujer de 46 años y madre de seis hijos cambió su devenir de ama de casa para convertirse en una activista entusiasta y convencida.
A las mujeres nos ha ayudado mucho porque hemos salido del círculo de quien dice ‘la casa es para la mujer’. Estamos en reuniones, aprovechamos para ir a capacitaciones, una lo habla en la casa y esto va cambiando. Aquí muchos esposos que eran remachistas han cambiado. Los niños han tomado conciencia, vienen viejitos también, todos tienen la conciencia que esto hay que cuidarlo porque es lo que Dios nos ha dejado”. El plan de acción es simple y único: no responder a la violencia. A provocaciones ciegas, oídos sordos.
El arte de vivir con fe
Cuando en Guatemala se firmaron los Acuerdos de Paz entre 1991 y 1996 después décadas de exterminio en las aldeas indígenas y de violaciones sexuales cometidas por el Ejército, se abrieron también las puertas al plan global de la economía neoliberal en la región. En lo que va de la última década se ha profundizado el modelo a partir de la modificación del mapa geopolítico, que ha permitido la invasión de las empresas conocidas como ‘neoextractivistas’, que dan continuidad a la arbitrariedad de la política y las medidas represivas.
Los Gobiernos centroamericanos han desarrollado un discurso que bajo el disfraz de “la conservación del medioambiente” da luz verde a la monopolización de los recursos naturales, por medio de proyectos de ecoturismo, agronegocios y conservación de áreas protegidas. Las consecuencias siguen siendo la mercantilización de la biodiversidad, el despojo del territorio, la expulsión de las comunidades de su territorio y el control de la población.
El desalojo de la población de las zonas estratégicas, que son consideradas de alto interés para las transnacionales y los proyectos de Gobierno, desplazan a las poblaciones por medio de la migración forzada cercana a los centros de producción. Mediante estas estrategias los terrenos quedan a disposición para su explotación por las compañías en alianza con los Ejecutivos.
Las licencias otorgadas a la minería dan a Guatemala la sensación de lo eterno. Tal vez sea por eso el vínculo estrecho que tienen mujeres y hombres de La Puya con la fe. Como si su supervivencia estuviera atada a delicados hilos suprahumanos. Y porque las licencias caducarán en 25 años y ellas y ellos no dudan resistir por tiempo indefinido. “Tenemos fe en Dios que va a mejorar la situación, que no van a provocar. Algunos dicen que va haber siembra de arbolitos allí adentro, otros dicen que van a traer gente a vivir aquí, familias que no tienen dónde son todos rumores. Y si eso ocurriera el mismo Gobierno va a venir y los va a sacar”, arriesga Marta Pacheco, una pobladora en su turno de vigilia, que cuando no está en La Puya compartiendo almuerzos y cenas con tortillas, cuida a su esposo convaleciente.
En este sentido, el periodista guatemalteco Oswaldo J. Hernández analiza en el marco de la celebración de los dos años de La Puya: “Muchos coinciden en que una parte de la unidad está en la iglesia. No la iglesia católica o la evangélica, en sí, sino lo que significa desde la fe. Se trata para La Puya de una plataforma, un espacio cedido por los curas y pastores para el encuentro, una en la que las distintas comunidades pueden discutir sobre cómo llevar la defensa del territorio ante la minería, o al menos coordinar algo como La Puya”.
Orgullosas y de paciencia invencible
Doña Licha relata entusiasmada que desde que participa en La Puya está escribiendo un libro de memorias de la resistencia, con vivencias y fotos: “Ahora me he ido involucrando en más grupos, me he metido en grupos de la iglesia, eso me ha ido desenvolviendo. Ahora que me metí aquí eso me ayudó más. Antes era muy tímida pero ahora soy vicepresidenta del consejo de mi comunidad y directora de la junta directiva del instituto en que trabajo”.
La última semana de abril esta comunidad de resistentes sintió la pequeña satisfacción de una batalla vencida: 17 máquinas destinadas a la construcción de la mina fueron retiradas del terreno. Sin embargo en La Puya no bajaron la guardia. No obstante, las intimidaciones de parte de la policía no tardaron en llegar el pasado 9 de marzo pero ellas y ellos, con ayuda de la iglesia y del pueblo, sonaron la alarma (el repique de campanas) para que llegara más gente a apoyar. “Habían venido como 26 patrullas y antimotines en su mayoría mujeres. Pero rápido una va viendo qué hacer para no caer en provocaciones y se retiraron”, explica Licha.
El arte de vivir con fe
Cuando en Guatemala se firmaron los Acuerdos de Paz entre 1991 y 1996 después décadas de exterminio en las aldeas indígenas y de violaciones sexuales cometidas por el Ejército, se abrieron también las puertas al plan global de la economía neoliberal en la región. En lo que va de la última década se ha profundizado el modelo a partir de la modificación del mapa geopolítico, que ha permitido la invasión de las empresas conocidas como ‘neoextractivistas’, que dan continuidad a la arbitrariedad de la política y las medidas represivas.
Los Gobiernos centroamericanos han desarrollado un discurso que bajo el disfraz de “la conservación del medioambiente” da luz verde a la monopolización de los recursos naturales, por medio de proyectos de ecoturismo, agronegocios y conservación de áreas protegidas. Las consecuencias siguen siendo la mercantilización de la biodiversidad, el despojo del territorio, la expulsión de las comunidades de su territorio y el control de la población.
El desalojo de la población de las zonas estratégicas, que son consideradas de alto interés para las transnacionales y los proyectos de Gobierno, desplazan a las poblaciones por medio de la migración forzada cercana a los centros de producción. Mediante estas estrategias los terrenos quedan a disposición para su explotación por las compañías en alianza con los Ejecutivos.
Las licencias otorgadas a la minería dan a Guatemala la sensación de lo eterno. Tal vez sea por eso el vínculo estrecho que tienen mujeres y hombres de La Puya con la fe. Como si su supervivencia estuviera atada a delicados hilos suprahumanos. Y porque las licencias caducarán en 25 años y ellas y ellos no dudan resistir por tiempo indefinido. “Tenemos fe en Dios que va a mejorar la situación, que no van a provocar. Algunos dicen que va haber siembra de arbolitos allí adentro, otros dicen que van a traer gente a vivir aquí, familias que no tienen dónde son todos rumores. Y si eso ocurriera el mismo Gobierno va a venir y los va a sacar”, arriesga Marta Pacheco, una pobladora en su turno de vigilia, que cuando no está en La Puya compartiendo almuerzos y cenas con tortillas, cuida a su esposo convaleciente.
En este sentido, el periodista guatemalteco Oswaldo J. Hernández analiza en el marco de la celebración de los dos años de La Puya: “Muchos coinciden en que una parte de la unidad está en la iglesia. No la iglesia católica o la evangélica, en sí, sino lo que significa desde la fe. Se trata para La Puya de una plataforma, un espacio cedido por los curas y pastores para el encuentro, una en la que las distintas comunidades pueden discutir sobre cómo llevar la defensa del territorio ante la minería, o al menos coordinar algo como La Puya”.
Orgullosas y de paciencia invencible
Doña Licha relata entusiasmada que desde que participa en La Puya está escribiendo un libro de memorias de la resistencia, con vivencias y fotos: “Ahora me he ido involucrando en más grupos, me he metido en grupos de la iglesia, eso me ha ido desenvolviendo. Ahora que me metí aquí eso me ayudó más. Antes era muy tímida pero ahora soy vicepresidenta del consejo de mi comunidad y directora de la junta directiva del instituto en que trabajo”.
La última semana de abril esta comunidad de resistentes sintió la pequeña satisfacción de una batalla vencida: 17 máquinas destinadas a la construcción de la mina fueron retiradas del terreno. Sin embargo en La Puya no bajaron la guardia. No obstante, las intimidaciones de parte de la policía no tardaron en llegar el pasado 9 de marzo pero ellas y ellos, con ayuda de la iglesia y del pueblo, sonaron la alarma (el repique de campanas) para que llegara más gente a apoyar. “Habían venido como 26 patrullas y antimotines en su mayoría mujeres. Pero rápido una va viendo qué hacer para no caer en provocaciones y se retiraron”, explica Licha.
“Qué bonito se sentía ver cuando las sacaron las máquinas ésas, tan enormes”, suspira Marta mientras recuerda la salida de los mastodontes de hierro pesado. Desde una lucha que abre una esperanza para posibles alianzas entre movimientos campesinos y comunitarios que comienzan a multiplicar en Guatemala la metodología del “plantón pacífico”. En defensa de los recursos naturales, el agua y el territorio. Las últimas informaciones hablan de un desalojo violento, la resistencia continúa.
Fuente: Pikara Magazine
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