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Por Defensores en Línea
Fruto del trabajo conjunto que venimos realizando el Instituto de Estudios para América Latina y Africa (IEPALA) y el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (COFADEH), se adoptó el compromiso de organizar una misión parlamentaria de observación de DDHH a Honduras antes del cumplimiento de los 100 primeros días de mandato de Juan Orlando Hernández.
Desde su origen se hizo un esfuerzo por aglutinar a la mayor parte de las fuerzas políticas españolas, estando finalmente integrada dicha misión por legisladores de tres partidos políticos: el senador por el Partido Popular (PP) Dionisio García Carnero, el diputado de Izquierda Unida (IU) en el Congreso Joan Josep Nuet e Iñaki Anasagasti, senador del Partido Nacionalista Vasco (PNV).
El objetivo de esta misión es verificar la situación de Derechos Humanos en Honduras respecto a los derechos civiles, políticos y sociales, un país con un alto grado de violencia y elevadas tasas de pobreza y desigualdad, que además vive un momento de gran complejidad en relación al panorama político. Estos días estamos escuchando diferentes voces de la población hondureña a través de reuniones y entrevistas mantenidas con diferentes actores, habiéndonos reunido hasta este momento con familiares de víctimas, el movimiento sindical, el movimiento campesino, organizaciones y personas defensoras de los derechos humanos, periodistas, radios comunitarias y medios de comunicación, la Embajada de España en Honduras, el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), el grupo ACI, con el Coordinador General del partido LIBRE, el expresidente Manuel Zelaya, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscal de DDHH y el anterior y recién nombrado Comisionado Nacional de DDHH.
El objetivo de esta misión es verificar la situación de Derechos Humanos en Honduras respecto a los derechos civiles, políticos y sociales, un país con un alto grado de violencia y elevadas tasas de pobreza y desigualdad, que además vive un momento de gran complejidad en relación al panorama político. Estos días estamos escuchando diferentes voces de la población hondureña a través de reuniones y entrevistas mantenidas con diferentes actores, habiéndonos reunido hasta este momento con familiares de víctimas, el movimiento sindical, el movimiento campesino, organizaciones y personas defensoras de los derechos humanos, periodistas, radios comunitarias y medios de comunicación, la Embajada de España en Honduras, el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), el grupo ACI, con el Coordinador General del partido LIBRE, el expresidente Manuel Zelaya, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscal de DDHH y el anterior y recién nombrado Comisionado Nacional de DDHH.
Seguidamente a la presentación de este comunicado, seguiremos con el resto de la agenda, la cual recoge reuniones con los 4 ex magistrados de la Sala de lo Constitucional, las FFAA, los representantes del G-16, el representante del Alto Comisionado de NNUU de DDHH, el ex Director de la Oficina de la Reforma a la Seguridad Pública y la Bancada del Congreso Nacional.
Al encontrarnos en el ecuador de la misión no podemos aún emitir conclusiones definitivas pero debemos trasladar algunas preocupaciones:
1. En todos los encuentros mantenidos hasta este momento se ha reconocido el elevado grado de impunidad respecto a la violación de los DDHH existente en Honduras, habiendo sido informados incluso por la Corte Suprema de Justicia que la impunidad alcanzar hasta un 98% de las violaciones denunciadas.
2. Hemos escuchado repetidamente denuncias sobre la debilidad de la separación de poderes que existe en Honduras a pesar de lo establecido en la Constitución del país. En concreto el poder ejecutivo viene arrogándose competencias propias del poder legislativo, lo que conculcaría los principios sobre forma de gobierno establecidos en la carta magna. También hemos recibido denuncias sobre la excesiva influencia del poder ejecutivo en el poder judicial.
3. Hemos recibido denuncias sobre la constante asunción de competencias propias de instituciones civiles por parte de las FFAA: control de puertos y aeropuertos, fronteras, migraciones, funciones policiales y de orden público, control de comunicaciones, sistema eléctrico, recursos naturales como bosques e incluso funciones de intervención social respecto a menores y jóvenes, entre otras. La excesiva asunción de funciones propias del poder civil facilita la militarización de la sociedad y favorece el desarrollo de una cultura de violencia.
4. Incremento de la criminalidad organizada especialmente del narcotráfico y las maras incidiendo de forma preocupante sobre distintos sectores sociales y facilitando la pervivencia de situaciones de impunidad.
5. En reiteradas ocasiones se nos ha señalado que las violaciones de DDHH se concentran prioritariamente sobre determinados colectivos: periodistas, campesinos, sindicalistas, abogados, oposición políticas, mujeres, colectivo de diversidad sexual entre otros. El alto nivel de impunidad provoca que los responsables de estas violaciones de DDHH no sean sancionados por la justicia lo que a su vez facilita que continúen efectuándose todo tipo de violaciones de derechos fundamentales.
6. La inoperancia de los poderes públicos a la hora de combatir la impunidad impide la eficacia de las distintas medidas cautelares de protección sobre colectivos vulnerables dictadas tanto por la justicia hondureña como por el Sistema Interamericano de DDHH. La propia Corte de Justicia nos ha reconocido carecer de medios para implementar las medidas cautelares aprobados.
7. Hemos recibido múltiples denuncias sobre las nuevas formas de intimidación a personas defensoras de DDHH y otros colectivos vulnerables. Se generalizan amenazas, secuestros y violencia contra familiares de defensores y defensoras de DDHH.
A modo de recomendaciones:
1. El Estado debe asegurar una eficaz separación de poderes como premisa fundamental para garantizar el funcionamiento del estado de derecho.
2. La lucha contra la impunidad debe implicar a todos los poderes públicos de forma coordinada y eficaz, única manera de conseguir acabar con esta realidad y recuperar la credibilidad de la sociedad respecto al estado de derecho.
3. El combate a la criminalidad y a la violación de los DDHH nunca será eficaz si no va acompañada de una sólida política de prevención.
4. Es obligación del estado garantizar el estricto cumplimiento de las medidas cautelares acordadas por las instituciones competentes,a cuyo efecto deberán destinarse los recursos necesarios, puesto que de no hacerse supondría la responsabilidad y connivencia del estado con las muchas violaciones de derechos humanos denunciadas.
Al concluir esta misión los integrantes prepararán un informe exhaustivo en el que se recojan sus impresiones y conclusiones definitivas.
Al encontrarnos en el ecuador de la misión no podemos aún emitir conclusiones definitivas pero debemos trasladar algunas preocupaciones:
1. En todos los encuentros mantenidos hasta este momento se ha reconocido el elevado grado de impunidad respecto a la violación de los DDHH existente en Honduras, habiendo sido informados incluso por la Corte Suprema de Justicia que la impunidad alcanzar hasta un 98% de las violaciones denunciadas.
2. Hemos escuchado repetidamente denuncias sobre la debilidad de la separación de poderes que existe en Honduras a pesar de lo establecido en la Constitución del país. En concreto el poder ejecutivo viene arrogándose competencias propias del poder legislativo, lo que conculcaría los principios sobre forma de gobierno establecidos en la carta magna. También hemos recibido denuncias sobre la excesiva influencia del poder ejecutivo en el poder judicial.
3. Hemos recibido denuncias sobre la constante asunción de competencias propias de instituciones civiles por parte de las FFAA: control de puertos y aeropuertos, fronteras, migraciones, funciones policiales y de orden público, control de comunicaciones, sistema eléctrico, recursos naturales como bosques e incluso funciones de intervención social respecto a menores y jóvenes, entre otras. La excesiva asunción de funciones propias del poder civil facilita la militarización de la sociedad y favorece el desarrollo de una cultura de violencia.
4. Incremento de la criminalidad organizada especialmente del narcotráfico y las maras incidiendo de forma preocupante sobre distintos sectores sociales y facilitando la pervivencia de situaciones de impunidad.
5. En reiteradas ocasiones se nos ha señalado que las violaciones de DDHH se concentran prioritariamente sobre determinados colectivos: periodistas, campesinos, sindicalistas, abogados, oposición políticas, mujeres, colectivo de diversidad sexual entre otros. El alto nivel de impunidad provoca que los responsables de estas violaciones de DDHH no sean sancionados por la justicia lo que a su vez facilita que continúen efectuándose todo tipo de violaciones de derechos fundamentales.
6. La inoperancia de los poderes públicos a la hora de combatir la impunidad impide la eficacia de las distintas medidas cautelares de protección sobre colectivos vulnerables dictadas tanto por la justicia hondureña como por el Sistema Interamericano de DDHH. La propia Corte de Justicia nos ha reconocido carecer de medios para implementar las medidas cautelares aprobados.
7. Hemos recibido múltiples denuncias sobre las nuevas formas de intimidación a personas defensoras de DDHH y otros colectivos vulnerables. Se generalizan amenazas, secuestros y violencia contra familiares de defensores y defensoras de DDHH.
A modo de recomendaciones:
1. El Estado debe asegurar una eficaz separación de poderes como premisa fundamental para garantizar el funcionamiento del estado de derecho.
2. La lucha contra la impunidad debe implicar a todos los poderes públicos de forma coordinada y eficaz, única manera de conseguir acabar con esta realidad y recuperar la credibilidad de la sociedad respecto al estado de derecho.
3. El combate a la criminalidad y a la violación de los DDHH nunca será eficaz si no va acompañada de una sólida política de prevención.
4. Es obligación del estado garantizar el estricto cumplimiento de las medidas cautelares acordadas por las instituciones competentes,a cuyo efecto deberán destinarse los recursos necesarios, puesto que de no hacerse supondría la responsabilidad y connivencia del estado con las muchas violaciones de derechos humanos denunciadas.
Al concluir esta misión los integrantes prepararán un informe exhaustivo en el que se recojan sus impresiones y conclusiones definitivas.
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