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Por Tomy Morales | Defensores en Línea
El analista Fernando García aseguró que los derechos humanos no serán defendidos en las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, ZEDEs, porque tendrán su propia legislación.
El Congreso Nacional mediante el decreto 120-2013 aprobó las ZEDEs, una nueva versión de las polémicas "ciudades modelo", aprobadas el 11 de Junio del 2013. La ley orgánica especial que regulara las ZEDEs abre las puertas a empresarios extranjeros, para invertir en las zonas especiales con leyes autónomas de cada zona.
Para ello, se reformaron los artículos constitucionales 294, 303 y 329 y las ZEDEs tendrán sus propios órganos de gobierno, legislación y jurisprudencia.
Fernando García y un grupo de juristas le están dando seguimiento a toda la legislación que se ha emitido lo últimos tres años. En este análisis han identificado que las políticas de Estado se dirigen a tres aspectos: la concentración del poder político, la transnacionalización y privatización del patrimonio nacional, y la militarización del poder a nivel nacional.
En el caso de la transnacionalización se enmarca la ley que ratificó la reforma constitucional que estableció las ZEDEs y sus estatutos, donde se establece la posibilidad de identificar doce tipos diferentes de Zonas de Empleo. Lo que se hace es ceder la soberanía, ya que habrán 12 regímenes tributarios, 12 policías, 12 normas internas, 12 normas laborales, etc.
La Comisión de Mejores Prácticas Internacionales de Adopción, CAMP, que son 21 personas seleccionadas por el gobierno y ratificadas por el Congreso anterior, serían los que aprobarían las leyes, suplantando el papel del legislativo internamente en cada una de las zonas.
Para ello, se reformaron los artículos constitucionales 294, 303 y 329 y las ZEDEs tendrán sus propios órganos de gobierno, legislación y jurisprudencia.
Fernando García y un grupo de juristas le están dando seguimiento a toda la legislación que se ha emitido lo últimos tres años. En este análisis han identificado que las políticas de Estado se dirigen a tres aspectos: la concentración del poder político, la transnacionalización y privatización del patrimonio nacional, y la militarización del poder a nivel nacional.
En el caso de la transnacionalización se enmarca la ley que ratificó la reforma constitucional que estableció las ZEDEs y sus estatutos, donde se establece la posibilidad de identificar doce tipos diferentes de Zonas de Empleo. Lo que se hace es ceder la soberanía, ya que habrán 12 regímenes tributarios, 12 policías, 12 normas internas, 12 normas laborales, etc.
La Comisión de Mejores Prácticas Internacionales de Adopción, CAMP, que son 21 personas seleccionadas por el gobierno y ratificadas por el Congreso anterior, serían los que aprobarían las leyes, suplantando el papel del legislativo internamente en cada una de las zonas.
"Tenemos un retroceso y un fraccionamiento del país muy perjudicial, el camino normal que seguirán será la expropiación de tierras a los habitantes donde se establezcan y la expulsión de los que no cabrían en las zonas y pasarían a formar parte de las regiones marginadas del país", añadió el analista.
En cuanto a la posible violación de los Derechos Humanos en las ZEDEs, el profesional del derecho consideró que "no habría nadie que los defendiera porque la Corte ya se pronunció referente a las ZEDEs, y el único recurso al que recurriría la población hondureña es al recurso internacional de Derechos Humanos".
Pero el estado de indefensión de los Derechos Humanos pasa por la propuesta de revisión de los tratados suscritos por el Estado de Honduras, a los acuerdos en materia de Derechos Humanos y "eso es sumamente peligroso", concluyo García.
En cuanto a la posible violación de los Derechos Humanos en las ZEDEs, el profesional del derecho consideró que "no habría nadie que los defendiera porque la Corte ya se pronunció referente a las ZEDEs, y el único recurso al que recurriría la población hondureña es al recurso internacional de Derechos Humanos".
Pero el estado de indefensión de los Derechos Humanos pasa por la propuesta de revisión de los tratados suscritos por el Estado de Honduras, a los acuerdos en materia de Derechos Humanos y "eso es sumamente peligroso", concluyo García.
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