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| Foto FGR |
Por ContraPunto
El fiscal general Luis Martínez, confirmó la presentación de una demanda penal contra el ex presidente Francisco Flores por los delitos de enriquecimiento ilícito y peculado en el manejo de donativos enviados por Taiwán durante su mandato.
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En declaraciones a un programa de televisión, Martínez agregó que junto con el requerimiento judicial, se ha presentado una orden de arresto contra Flores, quien se encuentra desaparecido desde el 29 de enero al no atender el llamado de una comisión especial del parlamento que investiga su caso.
El fiscal señaló que en la demanda judicial contra el ex mandatario se ha agregado el delito de desobediencia por no atender el llamado de la comisión, la cual pidió a la policía que lo ubicara y lo trajera a declarar. Al respecto indicó que habló con el ministro de Seguridad, Ricardo Perdomo, respecto a la localización del ex gobernante.
Martínez sostuvo que la investigación continúa en curso y que el monto de enriquecimiento ilícito por el que se procesará a Flores asciende de momento a 5,3 millones de dólares.
En un primer informe de labores, la comisión parlamentaria concluyó en febrero pasado que se debía investigar al ex presidente Flores por no justificar el paradero de 75 millones de dólares donados por el gobierno de Taiwán para atender la emergencia generada por los terremotos de enero y febrero de 2001.
En dos comparecencias a la comisión, Flores reconoció que el dinero no entró a través de los canales establecidos para cooperación internacional ni se tienen registro de los fondos en instancia alguna. No obstante negó que se apropiara del dinero, sino que lo entregó a los afectados por los terremotos y además se utilizó para proyectos de seguridad.
No obstante, antiguos miembros de su gabinete negaron conocer la entrada y el destino de los fondos señalados en un reporte de operaciones sospechosas emitido en septiembre de 2013 por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, el cual el presidente Mauricio Funes dio a conocer en noviembre de ese año.
El fiscal Martínez explicó que la investigación contra Flores inició en octubre y que requirió pesquisas en Costa Rica, Estados Unidos y las Bahamas, destinos que habrían seguido tres cheques por un monto total de 10 millones de dólares emitidos en 2002 por el gobierno de Taiwán a nombre del ex presidente Flores.
Asimismo justificó que quería revestir de seriedad a la investigación y alegó no responder a presiones, esto debido a la enorme presión popular manifestada en distintas vías para que se judicializara el caso antes que el delito prescribiera el 31 de mayo próximo.
La presión social contra el fiscal se agravó, a tal grado que un grupo de organizaciones pidieron a la Asamblea Legislativa, llevar a declarar ante la comisión especial al mismo Martínez, algo que no prosperó en el seno de la comisión.
Por este caso, Flores enfrenta además un proceso sancionatorio en ARENA que podría derivar en su expulsión. El ex presidente fue el principal asesor de campaña del ex candidato presidencial Norman Quijano, mismo quien pidió a su partido iniciar el proceso sancionatorio para Flores en febrero, poco días antes de la segunda vuelta electoral del 9 de marzo, en la que perdió por escaso margen frente a Salvador Sánchez Cerén del FMLN.
El fiscal señaló que en la demanda judicial contra el ex mandatario se ha agregado el delito de desobediencia por no atender el llamado de la comisión, la cual pidió a la policía que lo ubicara y lo trajera a declarar. Al respecto indicó que habló con el ministro de Seguridad, Ricardo Perdomo, respecto a la localización del ex gobernante.
Martínez sostuvo que la investigación continúa en curso y que el monto de enriquecimiento ilícito por el que se procesará a Flores asciende de momento a 5,3 millones de dólares.
En un primer informe de labores, la comisión parlamentaria concluyó en febrero pasado que se debía investigar al ex presidente Flores por no justificar el paradero de 75 millones de dólares donados por el gobierno de Taiwán para atender la emergencia generada por los terremotos de enero y febrero de 2001.
En dos comparecencias a la comisión, Flores reconoció que el dinero no entró a través de los canales establecidos para cooperación internacional ni se tienen registro de los fondos en instancia alguna. No obstante negó que se apropiara del dinero, sino que lo entregó a los afectados por los terremotos y además se utilizó para proyectos de seguridad.
No obstante, antiguos miembros de su gabinete negaron conocer la entrada y el destino de los fondos señalados en un reporte de operaciones sospechosas emitido en septiembre de 2013 por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, el cual el presidente Mauricio Funes dio a conocer en noviembre de ese año.
El fiscal Martínez explicó que la investigación contra Flores inició en octubre y que requirió pesquisas en Costa Rica, Estados Unidos y las Bahamas, destinos que habrían seguido tres cheques por un monto total de 10 millones de dólares emitidos en 2002 por el gobierno de Taiwán a nombre del ex presidente Flores.
Asimismo justificó que quería revestir de seriedad a la investigación y alegó no responder a presiones, esto debido a la enorme presión popular manifestada en distintas vías para que se judicializara el caso antes que el delito prescribiera el 31 de mayo próximo.
La presión social contra el fiscal se agravó, a tal grado que un grupo de organizaciones pidieron a la Asamblea Legislativa, llevar a declarar ante la comisión especial al mismo Martínez, algo que no prosperó en el seno de la comisión.
Por este caso, Flores enfrenta además un proceso sancionatorio en ARENA que podría derivar en su expulsión. El ex presidente fue el principal asesor de campaña del ex candidato presidencial Norman Quijano, mismo quien pidió a su partido iniciar el proceso sancionatorio para Flores en febrero, poco días antes de la segunda vuelta electoral del 9 de marzo, en la que perdió por escaso margen frente a Salvador Sánchez Cerén del FMLN.
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