Bajo Aguán: Organizaciones condenan contradictoria respuesta de la CFI

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Por Rel-UITA | Organizaciones firmantes

El año pasado, la presión y las denuncias de organizaciones nacionales e internacionales, entre ellas la Rel-UITA, sobre la grave situación de violación a los derechos humanos en el Bajo Aguán, ha llevado el Compliance Advisor Ombudsman (CAO), el órgano fiscalizador interno de la Corporación Financiera Internacional (CFI), entidad adscrita al Banco Mundial para propiciar ayuda financiera al sector privado, a realizar una profunda investigación in situ.

La investigación asume una gran importancia en vista del posible desembolso de una partida de 15 millones de dólares a favor de Corporación Dinant, cuyo presidente es el terrateniente y productor palmero, Miguel Facussé Barjum, que pretende extender aún más sus plantaciones de palma aceitera en la zona del Bajo Aguán.

Sorpresivamente, el informe final ha sido contundente en denunciar graves faltas de la CFI en el monitoreo de la situación socioambiental que se ha venido creando en la zona del Bajo Aguán, subestimando el conflicto agrario que ha dejado una larga secuela de muertos, heridos y desaparecidos. En este sentido, la CAO, entre otros puntos, ha pedido suspender el desembolso de los 15 millones a Corporación Dinant.

Ante la respuesta sumamente contradictoria y el rechazo de la CFI en reconocer las faltas señaladas por su órgano fiscalizador interno, unas 70 organizaciones nacionales e internacionales condenaron públicamente dicha actitud[1], y exigieron a la organización financiera un cambio de actitud y una revisión inmediata de sus decisiones.

El informe de auditoría está entre los más condenatorios emitidos por el órgano fiscalizador interno y concluye que la rama del Banco Mundial encargada de otorgar créditos al sector privado, es decir, la Corporación Financiera Internacional:

    no observó sus propias políticas dirigidas a proteger las comunidades locales y siguió permitiendo que la compañía violara dichas salvaguardias a lo largo de los últimos cinco años y hasta la fecha;

    no detectó o deliberadamente ignoró la grave situación social, política y de derechos humanos en la que opera esta compañía, o bien en aquellos casos en que la detectó y tuvo en cuenta, no utilizó la información con la que contó para actuar con eficacia;

    no dio a conocer información vital del proyecto, no consultó a las comunidades locales ni identificó al proyecto como una inversión de alto riesgo, a pesar de la información de carácter público que estaba ampliamente disponible en el momento en que se realizó la inversión.

La CAO determinó que estas fallas en el proceder de la CFI fueron consecuencia, en parte, de que se incentivara al personal a “ignorar, omitir o incluso ocultar posibles riesgos ambientales, sociales y de conflictos”, y que el personal se sintiera presionado a “prestar dinero” y que se lo desalentara a “hacer olas”.

La auditoría de la CAO revela una de las inversiones más excesivas de la historia de la CFI. Tales resultados deberían provocar, con razón, gran conmoción en la institución y llevar a una admisión de culpabilidad, un compromiso a realizar una investigación y reforma de fondo y a nivel de rama y un pedido de disculpas y una recompensación a las comunidades afectadas que han sufrido a manos del cliente de la CFI.

Sin embargo, a pesar de la evidencia obtenida por la CAO de faltas graves y sostenidas en la forma en que manejó el caso la CFI, la respuesta oficial de la CFI es superficial y las acciones que propone son totalmente inadecuadas.

Ante la evidencia recabada por la CAO, que señala la existencia de problemas sistémicos y podría estar indicando negligencia de parte de la CFI, ésta no solo se niega a hacer algo para resolver tales problemas, sino que agrava la situación con más intentos de encubrir sus infracciones. En su respuesta, la CFI niega algunos de los resultados de la auditoría de la CAO sin especificar cuáles o aportar pruebas que sustenten esa negación.

La CFI afirma además que el Plan de Acción está supeditado a la aprobación de Dinant. Resulta altamente preocupante que la CFIsiga negando que su cliente haya cometido violaciones de los derechos humanos en el Valle de Aguán y que niegue que la causa de fondo de estas violaciones sea un conflicto por la tierra que lleva muchos años.

Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) exigen que:

    El director ejecutivo de la CFI, Jin Yong Cai, admita las numerosas faltas documentadas por la auditoría de la CAO;

    La CFI retire inmediatamente el Plan de Acción y su respuesta, y que en su lugar se instrumente un mecanismo de consulta que dé participación a las organizaciones campesinas en el desarrollo e implementación de un plan de acción más efectivo y abarcador que corrija las deficiencias destacadas por la CAO;

    Se suspenda todo futuro desembolso a la Corporación Dinant, incluida la segunda partida de US$ 15 millones que está pendiente, y que no se retome la financiación hasta tanto a) no sean juzgados los autores materiales e intelectuales de los crímenes y violaciones a los derechos humanos perpetrados contra los campesinos organizados y quienes los apoyan en el Valle de Aguán, y si se determinara la responsabilidad de Dinant en alguno de estos crímenes y violaciones de los derechos humanos, entonces la CFI deberá cortar inmediatamente su relación con Dinant; y b) se encuentre una solución abarcadora, justa, pacífica y duradera a los conflictos por la tierra entre la Corporación Dinant, el Estado hondureño y los movimientos campesinos locales;

    El presidente Kim encargue una investigación independiente para analizar las causas sistémicas subyacentes identificadas por la CAO del grave y reiterado incumplimiento de las normas por parte del personal de la CFI. Dicha investigación debería además proponer medidas para abordar y rectificar estas faltas sistémicas, que no se dan únicamente en el presente caso.

    También debería proponer medidas que incentiven al personal de la CFI a trabajar por la consecución de los dos objetivos institucionales, a saber, la eliminación de la pobreza extrema y la promoción de una prosperidad compartida, y no sólo por otorgar préstamos. En particular debería abordar lo que la CAO llama la cultura de “aversión al riesgo” de la CFI, por la cual “la responsabilidad por los resultados definida principalmente en términos financieros puede incentivar al personal a subestimar, no manifestar o, incluso, ocultar posibles riesgos ambientales, sociales y relacionados con conflictos”;

    Se asuma el compromiso de realizar evaluaciones del impacto sobre los derechos humanos en países de alto riesgo y en aquellos con una cultura documentada de impunidad, y el compromiso de tener en cuenta en tales evaluaciones los resultados obtenidos por los órganos de las Naciones Unidas encargados de supervisar la aplicación de los tratados de derechos humanos, así como de sistemas regionales de derechos humanos.

[1]  Movimiento Unificado Campesino del Aguán, Honduras; el Movimiento Madre Tierra Honduras; CIFCA; FIAN; la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo; Oxfam; ActionAid International; Rights Action; Trocaire; Greenpeace International; la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente; el Centro de Investigación sobre las Empresas Multinacionales (SOMO); Global Witness; Urgewald; el Proyecto Bretton Woods; CLOC-La Via Campesina; la Campaña Mundial por la Reforma Agraria; el Centro de Derecho Ambiental Internacional; APRODEV; Forest Peoples Programme; el Centro de Información de la Banca Multilateral (BIC); COFADEH (Honduras); Accountability Counsel; Transformasi untuk Keadilan Indonesia; GRAIN; Fédération internationale des ligues des droits de l'Homme; MISEREOR (Obra episcopal de la Iglesia católica alemana para la cooperación al desarrollo); ASTM - Acción Solidaridad Tercer Mundo; Grupo Sur - Red Europea de Incidencia - UE América Latina y el Caribe, Grupo de Trabajo de América Latina; Rel-UITA; Latindadd; BankTrack; Inclusive Development International; The Corner House; Hermanas de la Misericordia - Sisters of Mercy of the Americas; Re:Common; la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, El Salvador; Amigos de la Tierra Estados Unidos; la Oficina de Coordinación Regional para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL); ARTICLE 19 - Campaña Mundial por la Libertad de Expresión e Información; Health Poverty Action; el Programa de Políticas Climáticas del Instituto para el Estudio de Políticas (IPS); Carbon Market Watch; Rettet den Regenwald; Yayasan SETARA Jambi; erlassjahr.de/Jubilee Alemania; Fundación Ulu; Eurodad; World Family UK; Food First - Instituto de Políticas de Alimentación y Desarrollo; Centre national de coopération au développement CNCD-11.11.11; Clínica Internacional de Derechos Humanos; Indigenous Peoples Links; GMB; Foro Honduras Suiza; Ecologistas en Acción; Robin Wood; Both ENDS; Biofuelwatch UK/US; Finance & Trade Watch Austria; HondurasDelegation; Jamaa Resource Initiatives Kenya; ECA Watch Austria; Coalición Noruega para la Cancelación de la Deuda; MiningWatch Canada; el Comité de Justicia Social de Montreal, Canadá; KOSID; y Mani Tese  

Fuente: Rel-UITA