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| Foto G. Trucchi | Opera Mundi |
Debe garantizarse el derecho a
expresar opiniones sobre la situación de
derechos humanos y las elecciones
Por Human Rights Watch
Los
funcionarios del gobierno hondureño deberían
repudiar públicamente las críticas vertidas
recientemente contra dos líderes de
organizaciones no gubernamentales, señaló
hoy Human Rights Watch. Los funcionarios
deberían garantizar el derecho a informar
abiertamente violaciones de derechos humanos
y expresar opiniones e inquietudes con
respecto a las elecciones que se celebrarán
próximamente en el país.
El
5 de noviembre de 2013, durante una edición
del programa de debates de la televisión
hondureña “Frente a Frente”, el anfitrión,
Renato Álvarez, leyó un supuesto cable
diplomático que se había filtrado y que habría
sido enviado por el embajador de Honduras en Estados Unidos,
Jorge Ramos Hernández Alcerro, al Presidente
Porfirio Lobo. El supuesto cable contenía
comentarios negativos sobre la participación
de estos líderes en una reunión ante el
Congreso en Washington. El
gobierno de Lobo no ha negado ni confirmado la
autenticidad del cable.
“Si
el cable es genuino, representaría un cínico
desprecio por parte de un funcionario
hondureño ante los derechos y el bienestar de
líderes de comunidades de base en un país
afectado por la violencia política”, comentó José Miguel
Vivanco, director
para las Américas de Human Rights Watch. “Con
independencia de cuál sea su origen, el
gobierno debería repudiar de manera inequívoca
los comentarios expuestos en el cable y
enfatizar que el derecho a la libertad de
expresión incluye la manifestación de críticas
sobre el proceso electoral y las condiciones
de derechos humanos, ya sea en Honduras o ante
miembros y personal del Congreso de Estados
Unidos”.
En
el programa, Álvarez dijo que el presunto
cable contenía un análisis de una reunión
organizada el 29 de octubre en Washington, que
fue copatrocinado por un bloque del congreso
estadounidense y en el cual se abordaron temas
vinculados con las próximas elecciones en Honduras y El Salvador.
Las elecciones en Honduras están programadas
para el 24 de noviembre.
Entre
los panelistas se encontraban los
coordinadores de dos organizaciones no
gubernamentales de derechos humanos
hondureñas: Bertha Oliva del Comité de
Familiares Detenidos-Desaparecidos de Honduras
(COFADEH), una organización destacada de
derechos humanos, y Víctor Fernández del Movimiento Amplio
por la Dignidad y la Justicia (MADJ),
una organización que se dedica a combatir la
corrupción.
En
la transmisión, el anfitrión del programa leyó
numerosos párrafos del supuesto cable,
incluido el siguiente: “con la participación
de Bertha Oliva y Víctor Fernández queda
comprobada la conspiración de ONGs y
hondureños contra el proceso electoral en
Honduras”.
El
presunto cable también contenía un resumen de
los comentarios formulados por Bertha Oliva en
el panel, incluido el señalamiento de que en
Honduras las violaciones de derechos humanos,
la corrupción y la impunidad eran fenómenos
generalizados y que se había perseguido a
miembros de un partido político de oposición.
El cable también indicaba que en la mencionada
reunión Bertha Oliva había expresado la
necesidad de que Honduras se apartara del
sistema político bipartidista.
Tras
leer partes del supuesto cable, el anfitrión
pidió que cuatro invitados al programa
aportaran sus comentarios. Tres son candidatos
que competirán por bancas en el Congreso en
las próximas elecciones y el otro ya ocupa
actualmente un escaño en el Congreso y se
postula a reelección. Los cuatro criticaron
severamente los comentarios de Bertha Oliva y
la desacreditaron por haber expresado su
opinión con respecto a las elecciones.
Es
común que defensores de derechos humanos en
Honduras sean objeto de persistentes actos de
violencia y amenazas. Tras el asesinato en
septiembre de 2012 del reconocido defensor de
derechos humanos y abogado Antonio Trejo, la
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos, Navi Pillay, indicó:
“Existe un clima amenazante de inseguridad y
violencia en Honduras, y los defensores de
derechos humanos son blanco de amenazas,
intimidación, agresiones físicas y asesinatos.
La impunidad ante estas violaciones es
inaceptable”. La Alta Comisionada también
exhortó al gobierno de Honduras a “adoptar
urgentemente medidas para hacer frente a la
vulnerabilidad que sufren los defensores de
derechos humanos”.
La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha
otorgado en dos oportunidades medidas
“cautelares” de protección en favor de Bertha
Oliva.
“Expresar
opiniones sobre asuntos de importancia
nacional, ya sean las condiciones de derechos
humanos o las alternativas políticas, es un
aspecto elemental de una sociedad democrática
y un derecho que debería ser plenamente
garantizado por el gobierno”, opinó Vivanco.
“Tergiversar la manifestación de opiniones
para sugerir que pretenden atentar contra el
proceso electoral, especialmente en un
contexto en que los líderes de la sociedad
civil están ya expuestos a amenazas y
agresiones, no hace más que agravar los
riesgos que estos enfrentan”.
Para obtener más información
acerca del trabajo de Human Rights Watch
sobre Honduras, visite:
http://www.hrw.org/americas/
http://www.hrw.org/americas/
Para obtener más información,
comuníquese con las siguientes personas:
En Washington, D.C., José Miguel Vivanco (inglés, español): +1-202-612-4335; o +1-917-379-1180 (celular); o vivancj@hrw.org
En Nueva York, Nik Steinberg (inglés, español): +1-212-216-1255; o +1-323-828-0843 (celular); o steinbn@hrw.org. En Twitter @niksteinberg
En Washington, D.C., José Miguel Vivanco (inglés, español): +1-202-612-4335; o +1-917-379-1180 (celular); o vivancj@hrw.org
En Nueva York, Nik Steinberg (inglés, español): +1-212-216-1255; o +1-323-828-0843 (celular); o steinbn@hrw.org. En Twitter @niksteinberg
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