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Por Sandra Cuffe | Defensores en Línea
Representantes de una delegación internacional de La Voz de los de Abajo anunciaron esta mañana, 28 de noviembre, ante medios nacionales e internacionales, que la Red de Solidaridad con Honduras no ratifica los resultados oficiales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), denunciando irregularidades, intimidaciones y asesinatos en el proceso electoral.
“Estamos preocupados por la violencia y el acoso contra la oposición política, los defensores de derechos humanos, campesinos y comunidades indígenas,” manifestó Vicki Cervantes, miembra de La Voz de los de Abajo, dando lectura a un informe preliminar de las observaciones de la delegación de observación electoral patrocinada por la Red de Solidaridad con Honduras (HSN, por sus siglas en inglés).
La delegación de La Voz de los de Abajo llegó al país el 15 de noviembre, señaló Alexy Lanza, y con una visión hacia la justicia social, ha venido acompañando el proceso democrático antes, durante y después de las elecciones. El grupo de Chicago forma parte de la HSN, que coordinó la presencia de más de 170 observadores electorales acreditados por el TSE.
Les acompañaban a los integrantes de la delegación internacional en la sede del Comité de Familiares de los Detenidos-Desaparecidos de Honduras (COFADEH), miembros del Central Nacional de Trabajadores Campesinos (CNTC), quienes denunciaron dos casos de asesinatos que se han dado en estos días.
“Estamos aquí para aprovechar el espacio y condenar a la vez los crímenes que se han dado en los últimos días,” dijo Franklin Almendares, Secretario General del CNTC.
Denunció los asesinatos el día 23 de noviembre, el día antes de las elecciones, de María Amparo Pineda Duarte y Julio Ramón Araujo Maradiaga en el municipio de Cantarranas, Francisco Morazán. Pineda Duarte era Presidente de la Cooperativa El Carbón, de la cual era miembro también Araujo Maradiaga.
“Ellos sufrieron amenazas desde hace mucho tiempo,” apuntó Almendares, señalando que unas amenazas provenían de un regidor del Partido Nacional en el municipio que pretende ser dueño de la tierra, a pesar de que la cooperativa obtuvo su título en el 2002. También avisó que los asesinatos de los integrantes de la Cooperativa El Carbón pudieran tener una vinculación política. “Los compañeros eran líderes del Partido Libertad y Refundación del sector de Cantarranas, departamento de Francisco Morazán,” dijo.
Ocurrió otro caso, denunció Almendares. El 27 de noviembre fue asesinado y decapitado Gilberto Lara del grupo campesino de La Laguna, en el departamento de Santa Bárbara. “Como CNTC, hemos tenido, después del golpe de Estado, más de 103 compañeros y compañeras que han sido asesinados y queremos que esto no se quede en la impunidad,” añadió.
“Son personas que son olvidadas,” dijo Florencia López, una familiar de María Amparo Pineda Duarte. “Estamos aquí para pedir justicia”.
La Voz de los de Abajo observó más de 100 mesas electorales en la zona norte, con una presencia en Yoro, Copán, Colón, Ocotepeque, Lempira y Santa Bárbara. Otro grupo se quedó en Tegucigalpa. Sus observadores fueron testigos de la compra de votos de distintas maneras, una intimidación de observadores y acompañantes electorales, y actos de violencia e intimidación.
La delegación misma fue sometida a una redada por agentes de migración al terminar una capacitación oficial de observación electoral por parte del TSE en El Progreso. “Durante la redada, los observadores fueron intimidados y algunos fueron amenazados con la deportación,” según el informe preliminar de la organización. Grupos de Alemania, El Salvador y Brasil también reportaron hostigamientos por arte de agentes de migración, destacó Cervantes.
Debido a las amenazas y violencia antes y durante las elecciones, las discrepancias en los datos de conteo, y el hecho de que no han sido procesados todos los votos, la Red de Solidaridad con Honduras informó que no puede ratificar los resultados oficiales que han sido anunciados por el TSE. De igual forma, los representantes de La Voz de los de Abajo cuestionaron el silencio de los medios en cuanto a los asesinatos y actos de intimidaciones que se dieron en el contexto electoral.
La delegación de La Voz de los de Abajo llegó al país el 15 de noviembre, señaló Alexy Lanza, y con una visión hacia la justicia social, ha venido acompañando el proceso democrático antes, durante y después de las elecciones. El grupo de Chicago forma parte de la HSN, que coordinó la presencia de más de 170 observadores electorales acreditados por el TSE.
Les acompañaban a los integrantes de la delegación internacional en la sede del Comité de Familiares de los Detenidos-Desaparecidos de Honduras (COFADEH), miembros del Central Nacional de Trabajadores Campesinos (CNTC), quienes denunciaron dos casos de asesinatos que se han dado en estos días.
“Estamos aquí para aprovechar el espacio y condenar a la vez los crímenes que se han dado en los últimos días,” dijo Franklin Almendares, Secretario General del CNTC.
Denunció los asesinatos el día 23 de noviembre, el día antes de las elecciones, de María Amparo Pineda Duarte y Julio Ramón Araujo Maradiaga en el municipio de Cantarranas, Francisco Morazán. Pineda Duarte era Presidente de la Cooperativa El Carbón, de la cual era miembro también Araujo Maradiaga.
“Ellos sufrieron amenazas desde hace mucho tiempo,” apuntó Almendares, señalando que unas amenazas provenían de un regidor del Partido Nacional en el municipio que pretende ser dueño de la tierra, a pesar de que la cooperativa obtuvo su título en el 2002. También avisó que los asesinatos de los integrantes de la Cooperativa El Carbón pudieran tener una vinculación política. “Los compañeros eran líderes del Partido Libertad y Refundación del sector de Cantarranas, departamento de Francisco Morazán,” dijo.
Ocurrió otro caso, denunció Almendares. El 27 de noviembre fue asesinado y decapitado Gilberto Lara del grupo campesino de La Laguna, en el departamento de Santa Bárbara. “Como CNTC, hemos tenido, después del golpe de Estado, más de 103 compañeros y compañeras que han sido asesinados y queremos que esto no se quede en la impunidad,” añadió.
“Son personas que son olvidadas,” dijo Florencia López, una familiar de María Amparo Pineda Duarte. “Estamos aquí para pedir justicia”.
La Voz de los de Abajo observó más de 100 mesas electorales en la zona norte, con una presencia en Yoro, Copán, Colón, Ocotepeque, Lempira y Santa Bárbara. Otro grupo se quedó en Tegucigalpa. Sus observadores fueron testigos de la compra de votos de distintas maneras, una intimidación de observadores y acompañantes electorales, y actos de violencia e intimidación.
La delegación misma fue sometida a una redada por agentes de migración al terminar una capacitación oficial de observación electoral por parte del TSE en El Progreso. “Durante la redada, los observadores fueron intimidados y algunos fueron amenazados con la deportación,” según el informe preliminar de la organización. Grupos de Alemania, El Salvador y Brasil también reportaron hostigamientos por arte de agentes de migración, destacó Cervantes.
Debido a las amenazas y violencia antes y durante las elecciones, las discrepancias en los datos de conteo, y el hecho de que no han sido procesados todos los votos, la Red de Solidaridad con Honduras informó que no puede ratificar los resultados oficiales que han sido anunciados por el TSE. De igual forma, los representantes de La Voz de los de Abajo cuestionaron el silencio de los medios en cuanto a los asesinatos y actos de intimidaciones que se dieron en el contexto electoral.
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