Honduras: Caso de la comunidad garífuna de Punta Piedra se traslada a la Corte interamericana de derechos humanos.

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Por Ofraneh

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó a la OFRANEH, que el 1 de octubre del presente, transfirió el caso "Comunidad Garífuna de Punta Piedra, No.12-761, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

En el año 2003, la OFRANEH interpuso una petición ante la CIDH en relación a los despojos territoriales y violaciones de los derechos humanos en detrimento del territorio y pueblo Garifuna en Honduras, señalando específicamente a las comunidades de Triunfo de la Cruz, Punta Piedra y Cayos Cochinos, consignada como petición en la CIDH bajo el No. 906-03.

La petición original fue posteriormente divida por comunidades, siendo admitida la de Punta Piedra como  caso ante la  Comisión el 24 de marzo del 2010. Tras diez años de espera, la comunidad de Punta Piedra acompañada por nuestra organización, logra la transferencia del caso ante la Corte interamericana.

Punta Piedra sufrió una invasión territorial promovida por militares de alto rango que utilizaron campesinos para apoderarse de la cuenca del río Miel, territorio utilizado primordialmente por las mujeres de Punta Piedra para el cultivo de tubérculos.

El patrón de violencia instaurado tras la llegada de los invasores, hizo que el pánico cundiera entre nuestro pueblo, el que ha demostrado desde su arribo a Honduras, repudiar el uso de la fuerza bruta como estrategia de imposición. A inicios de la década de los años 90, los militares intentaron apoderarse de la franja entre Limón y Punta Piedra ante la supuesta existencia de yacimientos de petróleo y la expansión de la palma africana.

La comunidad de Punta Piedra recibió un título ejidal en 1921, y posteriormente en diciembre de 1993, el Estado concedió un título definitivo por 800 hectáreas, con una posterior ampliación en 1999, llegando a una cobertura total de 1513 hectáreas. Aún así la comunidad señala que no corresponde lo reconocido por el Instituto Nacional Agrario (INA) con el territorio ancestral de la comunidad.

La Comunidad de Punta Piedra firmó un acuerdo formal con la comunidad de Río Miel y representantes gubernamentales del INA el 13 de Diciembre de 2001. En el Acta de Compromiso el gobierno acordó reubicar a los individuos de la comunidad de Río Miel que estaban habitando el territorio ancestral Garífuna y se comprometió a llevar a cabo una valoración del territorio para poner fin al conflicto en aras de asegurar a la Comunidad el efectivo usufructo de su territorio reconocido en el título comunitario.

El 28 de septiembre del 2006, se firmó un acta de compromiso entre el Estado,  la comunidad de Punta Piedra, los invasores de Río Miel, y la OFRANEH; para efectuar un avalúo de las mejoras efectuadas por los invasores y así proceder a la relocalización de los supuestos campesinos, tras dos intentos de efectuar el avaluo postergado por el Estado.

Sin embargo el 11 de junio del 2007, el Garifuna Felix Ordóñez, originario de Punta Piedra fue asesinado por uno de los invasores de Río Miel. Ordoñez recibió una serie de amenazas donde se le pedía  abandonar su parcela de tierra. El Garífuna Marcos Bonifacio Castillo, testigo del homicidio tuvo que abandonar Punta Piedra tras ser amenazado por el homicida, que hasta la fecha de hoy continua prófugo, sin que las autoridades hubieran efectuado ningún esfuerzo para capturarlo.

El caso de Punta Piedra demuestra la tendencia que existe por parte de las diferentes administraciones gubernamentales de ignorar la problemática territorial que sufren las comunidades Garífunas, ademas del racismo que prevalece tanto en el Ministerio de  Seguridad y el INA, instancias las cuales sistemáticamente suelen desatender las denuncias interpuestas por miembros  de nuestro pueblo.

Dos décadas después de haberse dado la invasión en Punta Piedra,  Honduras se ha convertido en un estado fallido inducido; especialmente la costa norte, zona controlada por señores feudales asociados con el narcotráfico, siendo cada mas endeble la aplicación del estado de  derecho. La espiral de violencia en que se encuentra sumida Honduras reduce a los ciudadanos a una enorme impotencia y el terror se ha convertido en una infalible estrategia de sometimiento.

Cabe recordar como la actual administración Lobo, pretendió subastar el territorio comprendido entre la Bahía de Trujillo hasta el río Sico al capital extranjero a través de la Ley RED-ZEDE. Punta Piedra se encuentra casualmente en el corazón de la franja a subastar, la que ademas incluye 24 comunidades Garífunas, las cuales consideramos el santuario cultural de nuestro pueblo.

La OFRANEH señala que tanto la comunidad de Punta Piedra como nuestra organización hemos demostrado  una enorme voluntad para lograr solventar la problemática, sin embargo ninguna de las diferentes administraciones gubernamentales han tenido voluntad política para solucionar la problemática territorial y estamos seguros que si los afectados hubieran sido miembros de la elite de poder del país, el desalojo de los invasores de Río Miel, se hubiera dado hace décadas sin que se hubiera pagado mejoras.  Razón por la cual la OFRANEH se ha visto obligada a acudir a instancias internacionales para exigir y demandar el respeto a los derechos colectivos territoriales del pueblo Garifuna.