Último Momento: Colombia desconoce fallo de La Haya que favorece a Nicaragua

Por Informe Pastrán

El gobierno de Colombia ha tomado decisiones poniéndose al margen de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia del 19 de Noviembre del año pasado, que le restituyó derechos marítimos a Nicaragua.

El Presidente Juan Manuel Santos, emitió el Decreto Presidencial 1870 del 2 de Septiembre, ya publicado en el Diario La Gaceta de ese país, en donde ordena elaborar nuevos mapas obviando lo dispuesto por La Haya y estableciendo, por sí y ante sí, una frontera con Nicaragua y sosteniendo el meridiano 82 como esa frontera. 

El gobierno colombiano de plano no aceptará, ni ejecutará la sentencia de la CIJ, porque en ese decreto alega que dicha sentencia, “causó una situación de hecho que ha generado efectos nocivos de carácter económico y social para el desarrollo de la vida las actividades en el archipiélago” de San Andrés y otros cayos. 

El Decreto ordena nueva cartografía, un censo y plantea proteger la biósfera del Seaflower. Con esto, se argumenta que con una serie de decretos buscan establecer mecanismos de atención y protección de la soberanía sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Lo resuelto hasta ahora es que habrá una “actualización cartográfica” que definirá los límites del archipiélago; se levantará un registro poblacional para identificar plenamente a sus habitantes, y se implementarán planes ambientales para proteger la biosfera del Seaflower, declarada reserva natural por la Unesco, pero sin reconocer el derecho sobre la misma reserva que La Haya le reconoció a Nicaragua. 

La intención de la primera medida es definir hasta dónde van los límites de Colombia en esta región del Caribe, que a juzgar por los hechos estaría encaminada a ratificar lo que había antes del fallo La Haya, es decir, que para ellos la frontera llega hasta el meridiano 82.

Según el decreto, esto se basará en la “evaluación de especificaciones técnicas de las fotografías aéreas” realizadas entre 2011 y 2012, previos al fallo, a lo que se suma que está pendiente la identificación de la extensión real de la plataforma continental. La decisión busca además detectar “zonas susceptibles de desastres”.

La otra medida es el “levantamiento del registro de población”, que busca realizar una caracterización socioeconómica y demográfica de los habitantes del archipiélago. Esta decisión va ligada de una identificación de los pueblos raizales, con el fin de garantizarles la conservación de sus culturas y de sus derechos ancestrales. 

Con esto pretenden demostrar e insistir en que el fallo de La Haya violó los derechos humanos de los raizales.

Es claro que quieren oponerse a la exploración petrolera autorizada por Nicaragua y la construcción de un canal interoceánico, al argumenta que hay “indicios de sobrecarga” sobre el “sistema ambiental”, lo que desembocaría en efectos contraproducentes para la misma población.