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Por Hugo Gordillo
En la década de los 70 del siglo pasado, el faraónico Proyecto hidroeléctrico de Chixoy se abrió paso en las Verapaces por la vía de la represión y la corrupción descarada.
Miles de campesinos fueron desplazados por dos gobiernos militares represivos electos fraudulentamente (Laugerud García y Lucas García) y dos gobiernos de facto entronizados a tableteo de armas (Ríos Mont y Mejía Víctores) para fortalecer el dominio de la bota militar sobre la garganta civil. Chixoy fue planteado como punta de lanza del desarrollo y como una necesidad nacional de generar energía a bajo costo.
En realidad fue una obra en la que los cuatro gobiernos impuestos se hartaron de dinero y el subdesarrollo permaneció en los acantilados de los ríos afluentes de Chixoy, con campesinos depauperados que veían cómo el agua del embalse cubría sus tierras para la siembra. Quienes reclamaron fueron sosegados a sangre y fuego en nombre del desarrollo.
A cuarenta años del desplazamiento sin resarcimiento, los pobladores saben perfectamente en qué consistió la punta de lanza del desarrollo: a la fecha, hay comunidades desterradas aledañas a Chixoy que no cuentan con energía eléctrica. El resto de la población sobrepaga un servicio, ahora en manos oligarcas nacionales y empresas transnacionales. Al desplazamiento se sumaron las matanzas. Los pobladores fueron acusados de guerrilleros marxista-leninistas, aunque nunca leyeron a Marx o a Lenin. La mayoría de ellos no sabía leer ni escribir, ni en español ni en su idioma materno.
Chixoy era una fiesta, los funcionarios de gobierno, ejecutivos y mandos medios de las empresas constructoras, derrochaban el dinero en una casa de putas centroamericanas y colombianas, establecida en un poblado cercano al proyecto. Los más patriotas brindaban por el futuro promisor de la patria. Por su parte, la soldadesca replicaba la borrachera de los generales, funcionarios civiles y gerentes, en un espectáculo orgiástico con mujeres de la comunidad de Río Negro: “En un lugar llamado El Conacaste, el oficial de mando les dijo que tenían que bailar con los soldados… Al llegar a Portezuela Pacoxom separaron a las más jóvenes y las violaron, mientras otros ahorcaban a las demás.” La punta de lanza militar del desarrollo masacró el 13 de marzo de 1982 a 70 mujeres y 107 niños.
Cuatro décadas después, la alianza político-militar-empresarial y mediática, a través del gobierno fascista del Partido Patriota, impulsa la minería como en los tiempos de Chixoy. La misma promesa. La punta de lanza del desarrollo se parece mucho a la bayoneta. Las empresas mineras modifican la geografía nacional desapareciendo cerros y fuentes de agua, dejando a su paso la huella de la contaminación. La punta de lanza militar del desarrollo reprime y mata, dejando su huella verde olivo sobre la sangre popular. Uno, tres o cinco por ciento de regalías para el Estado. Diez, veinte, treinta por ciento o más en regalos para la presidencia en dos despachos, funcionarios ambientalistas y de energía y minas, así como parte de la oligarquía que controla franquicias de explotación minera. Tajadas para diputados. Vale la pena el desarrollo.
A cuatro meses de haber ocupado el municipio de Mataquescuintla, Jalapa, en defensa de una empresa minera, el Ejército de ocupación no ha salido del área. Hoy se ve a los soldados jugando pelota en la cancha de Nueva Santa Rosa, mañana estarán de paseo por el parque de San Rafael Las Flores, pero siempre a la entrada de Mataquescuintla, bajando pasajeros de buses en busca de defensores de su tierra, acusados de terroristas.
La gente de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc viene resistiendo desde hace dos años la contaminación minera con arsénico. La represión gubernamental persigue y atenta contra los dirigentes del movimiento conocido como “La Puya”. La mayoría de proyectos mineros está marcado por lo mismo: contaminación empresarial y represión gubernamental con el apoyo de los empresarios organizados y los principales medios de comunicación social.
La noche del 8 de septiembre, en la comunidad de San José Nacahuil, San José del Golfo, sendos ataques armados a tres cantinas dejaron 11 muertos y 15 heridos. Una hora antes, un carro policial entró al poblado, a seis años de que la comunidad quemó la subestación policial que albergaba a una policía corrupta, según los pobladores.
El ministro de gobernación, el militar Mauricio López Bonilla, manipulador mediático, confeccionista de cortinas de humo y creador de crisis políticas, en lo cual tiene una gran experiencia internacional, justificó todo de la manera más tradicional: “recibimos una denuncia anónima de que podía haber un atentado, por eso enviamos a la patrulla. El ataque pudo ser de una mara que tuvo enfrentamiento con narcotraficantes cerca del lugar.” Todas sus respuestas a la usanza de los tiempos de la guerra, con su respectiva gradualidad de encubrimiento, distorsión evasión y negación. Primero, no fue el gobierno. Segundo, no fue el Ejército. Tercero, no fue la policía. Por lo tanto, no hay responsabilidad del Ejecutivo ni de sus instituciones. Tantas de estas declaraciones se han caído, como la masacre de Totonicapán a manos del Ejército. El crimen de Estado contra los totonicapenses arribará a su primer aniversario el 4 de octubre. Todo está fresco.
Si se descubre que el Gobierno fue responsable de la masacre de Nacahuil, el general Otto Pérez y su banda pueden dormir tranquilos. El ministro de gobernación dirá que fue un hecho aislado por parte de algunos policías. Por lo tanto, la responsabilidad es personal, no institucional. Si se descubre que fue institucional, la responsable será la policía. El Ejército criminal puede dormir tranquilo. Con la más mínima sospecha de participación por parte de militares, ex militares o paramilitares, el aparato propagandístico del gobierno lo negará todo. Tanto como en el pasado.
¿Quién replicó en Nacahuil la borrachera de dinero y poder de los generales dentro fuera del gobierno? ¿La policía, la policía militarizada, el Ejército, las bandas paramilitares del gobierno o al servicio de la empresa minera? Esta vez no hubo violación de mujeres como en marzo del 82 en Río Negro, pero es probable que la matanza de Nacahuil se haya celebrado con una orgía en Casa Presidencial, en el Ministerio de Gobernación, en alguna Asociación de viejos militares, en alguna empresa de seguridad, en alguna organización terrorista, en algún salón de reuniones donde se sienta a discutir la oligarquía, en una mesa redonda de diputados. Si fue así, después de ensangrentar Nacahuil, convirtieron sus centros de reunión en casas de putas, como la que había en los linderos del proyecto Chixoy.
A cuarenta años del desplazamiento sin resarcimiento, los pobladores saben perfectamente en qué consistió la punta de lanza del desarrollo: a la fecha, hay comunidades desterradas aledañas a Chixoy que no cuentan con energía eléctrica. El resto de la población sobrepaga un servicio, ahora en manos oligarcas nacionales y empresas transnacionales. Al desplazamiento se sumaron las matanzas. Los pobladores fueron acusados de guerrilleros marxista-leninistas, aunque nunca leyeron a Marx o a Lenin. La mayoría de ellos no sabía leer ni escribir, ni en español ni en su idioma materno.
Chixoy era una fiesta, los funcionarios de gobierno, ejecutivos y mandos medios de las empresas constructoras, derrochaban el dinero en una casa de putas centroamericanas y colombianas, establecida en un poblado cercano al proyecto. Los más patriotas brindaban por el futuro promisor de la patria. Por su parte, la soldadesca replicaba la borrachera de los generales, funcionarios civiles y gerentes, en un espectáculo orgiástico con mujeres de la comunidad de Río Negro: “En un lugar llamado El Conacaste, el oficial de mando les dijo que tenían que bailar con los soldados… Al llegar a Portezuela Pacoxom separaron a las más jóvenes y las violaron, mientras otros ahorcaban a las demás.” La punta de lanza militar del desarrollo masacró el 13 de marzo de 1982 a 70 mujeres y 107 niños.
Cuatro décadas después, la alianza político-militar-empresarial y mediática, a través del gobierno fascista del Partido Patriota, impulsa la minería como en los tiempos de Chixoy. La misma promesa. La punta de lanza del desarrollo se parece mucho a la bayoneta. Las empresas mineras modifican la geografía nacional desapareciendo cerros y fuentes de agua, dejando a su paso la huella de la contaminación. La punta de lanza militar del desarrollo reprime y mata, dejando su huella verde olivo sobre la sangre popular. Uno, tres o cinco por ciento de regalías para el Estado. Diez, veinte, treinta por ciento o más en regalos para la presidencia en dos despachos, funcionarios ambientalistas y de energía y minas, así como parte de la oligarquía que controla franquicias de explotación minera. Tajadas para diputados. Vale la pena el desarrollo.
A cuatro meses de haber ocupado el municipio de Mataquescuintla, Jalapa, en defensa de una empresa minera, el Ejército de ocupación no ha salido del área. Hoy se ve a los soldados jugando pelota en la cancha de Nueva Santa Rosa, mañana estarán de paseo por el parque de San Rafael Las Flores, pero siempre a la entrada de Mataquescuintla, bajando pasajeros de buses en busca de defensores de su tierra, acusados de terroristas.
La gente de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc viene resistiendo desde hace dos años la contaminación minera con arsénico. La represión gubernamental persigue y atenta contra los dirigentes del movimiento conocido como “La Puya”. La mayoría de proyectos mineros está marcado por lo mismo: contaminación empresarial y represión gubernamental con el apoyo de los empresarios organizados y los principales medios de comunicación social.
La noche del 8 de septiembre, en la comunidad de San José Nacahuil, San José del Golfo, sendos ataques armados a tres cantinas dejaron 11 muertos y 15 heridos. Una hora antes, un carro policial entró al poblado, a seis años de que la comunidad quemó la subestación policial que albergaba a una policía corrupta, según los pobladores.
El ministro de gobernación, el militar Mauricio López Bonilla, manipulador mediático, confeccionista de cortinas de humo y creador de crisis políticas, en lo cual tiene una gran experiencia internacional, justificó todo de la manera más tradicional: “recibimos una denuncia anónima de que podía haber un atentado, por eso enviamos a la patrulla. El ataque pudo ser de una mara que tuvo enfrentamiento con narcotraficantes cerca del lugar.” Todas sus respuestas a la usanza de los tiempos de la guerra, con su respectiva gradualidad de encubrimiento, distorsión evasión y negación. Primero, no fue el gobierno. Segundo, no fue el Ejército. Tercero, no fue la policía. Por lo tanto, no hay responsabilidad del Ejecutivo ni de sus instituciones. Tantas de estas declaraciones se han caído, como la masacre de Totonicapán a manos del Ejército. El crimen de Estado contra los totonicapenses arribará a su primer aniversario el 4 de octubre. Todo está fresco.
Si se descubre que el Gobierno fue responsable de la masacre de Nacahuil, el general Otto Pérez y su banda pueden dormir tranquilos. El ministro de gobernación dirá que fue un hecho aislado por parte de algunos policías. Por lo tanto, la responsabilidad es personal, no institucional. Si se descubre que fue institucional, la responsable será la policía. El Ejército criminal puede dormir tranquilo. Con la más mínima sospecha de participación por parte de militares, ex militares o paramilitares, el aparato propagandístico del gobierno lo negará todo. Tanto como en el pasado.
¿Quién replicó en Nacahuil la borrachera de dinero y poder de los generales dentro fuera del gobierno? ¿La policía, la policía militarizada, el Ejército, las bandas paramilitares del gobierno o al servicio de la empresa minera? Esta vez no hubo violación de mujeres como en marzo del 82 en Río Negro, pero es probable que la matanza de Nacahuil se haya celebrado con una orgía en Casa Presidencial, en el Ministerio de Gobernación, en alguna Asociación de viejos militares, en alguna empresa de seguridad, en alguna organización terrorista, en algún salón de reuniones donde se sienta a discutir la oligarquía, en una mesa redonda de diputados. Si fue así, después de ensangrentar Nacahuil, convirtieron sus centros de reunión en casas de putas, como la que había en los linderos del proyecto Chixoy.
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