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| Foto Bernabel Matos |
Tres años después de una represión asesina, aún reina la impunidad en Changuinola
Por Giorgio Trucchi | Rel-UITA
El 8 de julio de 2010 la represión policial y militar desplegada por el gobierno del presidente Ricardo Martinelli contra los trabajadores bananeros en Changuinola, Bocas del Toro, dejó un saldo de dos muertos, 78 lisiados de por vida y más de 700 heridos. Tres años después, esta violencia permanece impune.
La protesta contra la aprobación de la Ley 30, popularmente conocida como “Ley Chorizo”, había movilizado a amplios sectores de la sociedad panameña, y de manera particular al gremio bananero, encabezado por el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano y Agropecuaria y Empresas Afines (SITRAIBANA).
Con esta ley, el gobierno neoliberal de Ricardo Martinelli no sólo pretendía eliminar la retención de la cuota sindical a los trabajadores, minando de esa manera la economía de los sindicatos, sino que apuntaba a limitar la libertad sindical, así como el derecho a la huelga y a la negociación colectiva.
También decretaba la eliminación de los estudios de impacto ambiental para obras que fuesen declaradas de interés social, e introducía reformas antipopulares en los códigos Penal, de Trabajo y el de Justicia, así como en diferentes leyes nacionales.
Ante la creciente movilización de la población, la represión fue brutal
“De acuerdo con datos oficiales, la feroz represión dejó un saldo de dos muertos, los compañeros Antonio Smith y Virgilio Castillo, unos 700 heridos de balas y perdigones, 78 de ellos de gravedad. Fue una masacre brutal”, dijo a La Rel Genaro Benet, coordinador en Bocas del Toro de la Confederación de Trabajadores de la República de Panamá (CTRP).
Pese a que el escándalo que se desató a raíz de la represión logró sentar al gobierno a negociar y lo obligó a retirar la Ley 30, la mayoría de los acuerdos alcanzados entonces siguen siendo letra muerta.
“Lo único que el gobierno ha cumplido es el pago mensual a los 78 compañeros que quedaron lisiados de por vida, pero nunca se ha logrado que elevara este acuerdo a rango de ley, ni que cumpliera con la promesa de indemnizar y otorgar pensiones al resto de las víctimas y a las familias de los fallecidos.
Tampoco hubo una investigación seria de los hechos, ni se ha querido encontrar a los responsables de esta masacre. Todo ha quedado en total impunidad”, dijo Benet.
De acuerdo con datos brindados en aquellos días por el SITRAIBANA, de los más de 700 trabajadores heridos, 67 sufrieron daños en sus ojos, tres de los cuales perdieron la visión totalmente y 43 quedaron con pérdida parcial de la vista.
Además, dos sufrieron perforaciones en el riñón, otro una perforación en el pulmón y el resto reportó heridas en sus cuerpos que les han provocado lesiones de leves a graves y hasta invalidez.
Miembros del Comité 8 de Julio, organización que reúne a los afectados por la represión en Changuinola, emplazaron al gobierno de Martinelli: “De no aceptar sentarse a revisar los compromisos incumplidos hasta el momento, vamos a elevar la denuncia ante organismos internacionales y a iniciar movilizaciones en las calles, con el cierre de vías y puentes sobre el río Changuinola”, declararon a medios nacionales.
“Quieren que nos olvidemos de lo que ha ocurrido hace tres años y que todo vuelva a la normalidad –agregó Benet–, pero eso nunca ocurrirá. También quieren que olvidemos la promesa de declarar el 8 de julio como día de duelo en la provincia de Bocas del Toro, para recordar a las víctimas de la masacre. Recordarlas oficialmente, porque Changuinola está de duelo y las recuerda desde el pueblo.
Vamos a seguir con nuestras demandas, sin pausa, sin cansancio, hasta que se cumplan uno a uno todos los puntos del acuerdo firmado con el gobierno”, concluyó el dirigente sindical.
Con esta ley, el gobierno neoliberal de Ricardo Martinelli no sólo pretendía eliminar la retención de la cuota sindical a los trabajadores, minando de esa manera la economía de los sindicatos, sino que apuntaba a limitar la libertad sindical, así como el derecho a la huelga y a la negociación colectiva.
También decretaba la eliminación de los estudios de impacto ambiental para obras que fuesen declaradas de interés social, e introducía reformas antipopulares en los códigos Penal, de Trabajo y el de Justicia, así como en diferentes leyes nacionales.
Ante la creciente movilización de la población, la represión fue brutal
“De acuerdo con datos oficiales, la feroz represión dejó un saldo de dos muertos, los compañeros Antonio Smith y Virgilio Castillo, unos 700 heridos de balas y perdigones, 78 de ellos de gravedad. Fue una masacre brutal”, dijo a La Rel Genaro Benet, coordinador en Bocas del Toro de la Confederación de Trabajadores de la República de Panamá (CTRP).
Pese a que el escándalo que se desató a raíz de la represión logró sentar al gobierno a negociar y lo obligó a retirar la Ley 30, la mayoría de los acuerdos alcanzados entonces siguen siendo letra muerta.
“Lo único que el gobierno ha cumplido es el pago mensual a los 78 compañeros que quedaron lisiados de por vida, pero nunca se ha logrado que elevara este acuerdo a rango de ley, ni que cumpliera con la promesa de indemnizar y otorgar pensiones al resto de las víctimas y a las familias de los fallecidos.
Tampoco hubo una investigación seria de los hechos, ni se ha querido encontrar a los responsables de esta masacre. Todo ha quedado en total impunidad”, dijo Benet.
De acuerdo con datos brindados en aquellos días por el SITRAIBANA, de los más de 700 trabajadores heridos, 67 sufrieron daños en sus ojos, tres de los cuales perdieron la visión totalmente y 43 quedaron con pérdida parcial de la vista.
Además, dos sufrieron perforaciones en el riñón, otro una perforación en el pulmón y el resto reportó heridas en sus cuerpos que les han provocado lesiones de leves a graves y hasta invalidez.
Miembros del Comité 8 de Julio, organización que reúne a los afectados por la represión en Changuinola, emplazaron al gobierno de Martinelli: “De no aceptar sentarse a revisar los compromisos incumplidos hasta el momento, vamos a elevar la denuncia ante organismos internacionales y a iniciar movilizaciones en las calles, con el cierre de vías y puentes sobre el río Changuinola”, declararon a medios nacionales.
“Quieren que nos olvidemos de lo que ha ocurrido hace tres años y que todo vuelva a la normalidad –agregó Benet–, pero eso nunca ocurrirá. También quieren que olvidemos la promesa de declarar el 8 de julio como día de duelo en la provincia de Bocas del Toro, para recordar a las víctimas de la masacre. Recordarlas oficialmente, porque Changuinola está de duelo y las recuerda desde el pueblo.
Vamos a seguir con nuestras demandas, sin pausa, sin cansancio, hasta que se cumplan uno a uno todos los puntos del acuerdo firmado con el gobierno”, concluyó el dirigente sindical.
Fuente: Rel-UITA
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