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Por Cofadeh
Un M-16 o un galil son fusiles de guerra, cuyos fogonazos no son vistos en las fronteras de Honduras contra los enemigos de la paz y la salud, los narcotraficantes.
Esas armas feroces en manos de los militares hondureños apuntan, afinan y disparan hacia la población civil.
Esas armas feroces en manos de los militares hondureños apuntan, afinan y disparan hacia la población civil.
En mayo del año pasado en Ahuas el ejército entrenado por la DEA disparó contra un grupo de indígenas miskitos, que regresaban en cayuco a su comunidad.
Entre las víctimas mortales hay mujeres y niños. También un niño fue la víctima en mayo del año pasado en la salida oriental de Tegucigalpa, por una tropa egresada de la Escuela de las Américas y equipada por el gobierno de Estados Unidos.
El ejército que custodia los capitales transnacionales de los Desarrolladores Eléctricos en Intibucá disparó contra la población indígena lenca que se opone a la represa Agua Zarca.
En el ataque militar murió fulminado el dirigente indígena Tomás García y una bala dejó un canal de sangre en el cuerpo menudo de su hijo Allan, de 17 años, aruñado por la violencia verde olivo.
Este comportamiento violento de los militares contra la ciudadanía ha sido justificado por el general Osorio Canales, diciendo que el oficial disparó su arma porque la víctima llevaba un machete en la mano.
En julio de 2009, el Custodio de los golpistas dijo que las tropas militares dispararon balas de goma contra la multitud en el aeropuerto Toncontin, pero Isy Obed Murillo quedó con su cabeza destrozada por balas de guerra.
Frente a un ejército anticomunista como es Osorio Canales y violento como es toda la narcoligarquía nacional que lo sostiene, la ciudadanía está indefensa.
Es necesario que los militares salgan de la campaña electoral donde han sido metidos por los políticos cobardes y salgan de las calles donde fueron puestos por los políticos cobardes.
Los soldados deben poner sus armas de guerra lejos de la gente y cerca de los mafiosos.
No es admisible la presencia militar en los campos de cultivo, en las represas hidroeléctricas ni mineras. Deben salir de la vista de la resistencia territorial y volver a sus barracas.
Deben entender los militares que ya están fichados otra vez como violadores de derechos humanos, antes como participantes en la desaparición forzada y torturas a la disidencia ideológica, hoy como asesinos de niños, indígenas y mujeres.
Las víctimas no queremos militares en las calles; para los delincuentes policías valientes y honrados. Para los extorsionadores, investigación criminal minuciosa y sanción ejemplar. Para los criminales, todo el peso de la ley.
Entre las víctimas mortales hay mujeres y niños. También un niño fue la víctima en mayo del año pasado en la salida oriental de Tegucigalpa, por una tropa egresada de la Escuela de las Américas y equipada por el gobierno de Estados Unidos.
El ejército que custodia los capitales transnacionales de los Desarrolladores Eléctricos en Intibucá disparó contra la población indígena lenca que se opone a la represa Agua Zarca.
En el ataque militar murió fulminado el dirigente indígena Tomás García y una bala dejó un canal de sangre en el cuerpo menudo de su hijo Allan, de 17 años, aruñado por la violencia verde olivo.
Este comportamiento violento de los militares contra la ciudadanía ha sido justificado por el general Osorio Canales, diciendo que el oficial disparó su arma porque la víctima llevaba un machete en la mano.
En julio de 2009, el Custodio de los golpistas dijo que las tropas militares dispararon balas de goma contra la multitud en el aeropuerto Toncontin, pero Isy Obed Murillo quedó con su cabeza destrozada por balas de guerra.
Frente a un ejército anticomunista como es Osorio Canales y violento como es toda la narcoligarquía nacional que lo sostiene, la ciudadanía está indefensa.
Es necesario que los militares salgan de la campaña electoral donde han sido metidos por los políticos cobardes y salgan de las calles donde fueron puestos por los políticos cobardes.
Los soldados deben poner sus armas de guerra lejos de la gente y cerca de los mafiosos.
No es admisible la presencia militar en los campos de cultivo, en las represas hidroeléctricas ni mineras. Deben salir de la vista de la resistencia territorial y volver a sus barracas.
Deben entender los militares que ya están fichados otra vez como violadores de derechos humanos, antes como participantes en la desaparición forzada y torturas a la disidencia ideológica, hoy como asesinos de niños, indígenas y mujeres.
Las víctimas no queremos militares en las calles; para los delincuentes policías valientes y honrados. Para los extorsionadores, investigación criminal minuciosa y sanción ejemplar. Para los criminales, todo el peso de la ley.
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