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Por las condiciones altamente delicadas en que se encuentran los indígenas lencas en la comunidad de Río Blanco, en el Departamento de Intibucá después del ataque con bala viva a una protesta pacífica y como consecuencia el asesinato de Tomás García, miembro activo del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas, COPINH, la comunidad internacional debe exigir al gobierno de Honduras el respeto a los derechos humanos en esa zona, dijo Bertha Oliva Coordinadora General del COFADEH.
Este lunes 15 de julio el ejército atacó una protesta pacífica en contra de la instalación las empresas hidroeléctricas DESA y SINOHYDRO, desde hace unos 106 días. Las balas atravesaron el cuerpo de Tomás García quien era miembro del Consejo Indígena y Auxiliar de la Comunidad de Río Blanco.
En el ataque resultó herido de gravedad su hijo Allan García Domínguez, quien tiene perforado su tórax y afectado uno de sus pulmones y tendrá que ser operado de emergencia en San Pedro Sula, según los primeros informes que los médicos de un hospital de Santa Bárbara han brindado al Movimiento Ambientalista de Santa Bárbara, que acompaña al herido.
La Coordinadora del COFADEH expresó que “las condiciones en que están los compañeros y compañeras de la comunidad de Río Blanco y del COPINH, es altamente delicado y en esa línea creemos que es necesario que la comunidad internacional exija al gobierno de Honduras el respeto a los derechos humanos de los que con justa razón han decido levantar su voz para proteger y salvaguardar los recursos que les da la madre naturaleza”.
Para la defensora de derechos humanos esto solo es como el principio de lo que podrá suceder en contra de los indígenas, pero advirtió que no son hechos aislados sino que es parte de una estratégica para ir implementando medidas de represión para ir desarticulando todo lo que queda de movimiento social y movimientos organizados para lo cual se utilizan acciones de terror de cara a las elecciones generales del 24 de noviembre.
Estos ataques según la dirigente humanitaria estos ataques directos los está viviendo toda la gente que de una u otra forma a partir del 28 de junio de 2009 decidió reclamar y sentirse ofendida y dolida por la grave violación que se cometió a la Constitución de la república dejando al desamparo al pueblo hondureño en general, con el golpe de Estado.
“Enfrentamos una crisis de sometimiento a través de las armas y uniforme que cargan las fuerzas armadas de Honduras y la fuerza de seguridad pública, se volvió a los viejos tiempos donde la responsabilidad y la tutela de todo lo que era agresión la tenían las Fuerzas Armadas”, añadió.
Recordó que en la década de los ochenta se echó a andar la misma práctica y se destacó un protagonismo impresionante de las Fuerzas Armadas que recetaban la muerte, el odio, el desarraigo, el exilio político y las desapariciones forzadas, “hoy nuevamente con ese nivel de militarización en nuestro país, esos son los resultados, pero hay una fuerte combinación y acción de quienes han estado recibiendo entrenamiento en la Escuela de Las Américas, que es adoctrinamiento en contra de la vida y atenta contra los derechos de los pueblos .
En el ataque resultó herido de gravedad su hijo Allan García Domínguez, quien tiene perforado su tórax y afectado uno de sus pulmones y tendrá que ser operado de emergencia en San Pedro Sula, según los primeros informes que los médicos de un hospital de Santa Bárbara han brindado al Movimiento Ambientalista de Santa Bárbara, que acompaña al herido.
La Coordinadora del COFADEH expresó que “las condiciones en que están los compañeros y compañeras de la comunidad de Río Blanco y del COPINH, es altamente delicado y en esa línea creemos que es necesario que la comunidad internacional exija al gobierno de Honduras el respeto a los derechos humanos de los que con justa razón han decido levantar su voz para proteger y salvaguardar los recursos que les da la madre naturaleza”.
Para la defensora de derechos humanos esto solo es como el principio de lo que podrá suceder en contra de los indígenas, pero advirtió que no son hechos aislados sino que es parte de una estratégica para ir implementando medidas de represión para ir desarticulando todo lo que queda de movimiento social y movimientos organizados para lo cual se utilizan acciones de terror de cara a las elecciones generales del 24 de noviembre.
Estos ataques según la dirigente humanitaria estos ataques directos los está viviendo toda la gente que de una u otra forma a partir del 28 de junio de 2009 decidió reclamar y sentirse ofendida y dolida por la grave violación que se cometió a la Constitución de la república dejando al desamparo al pueblo hondureño en general, con el golpe de Estado.
“Enfrentamos una crisis de sometimiento a través de las armas y uniforme que cargan las fuerzas armadas de Honduras y la fuerza de seguridad pública, se volvió a los viejos tiempos donde la responsabilidad y la tutela de todo lo que era agresión la tenían las Fuerzas Armadas”, añadió.
Recordó que en la década de los ochenta se echó a andar la misma práctica y se destacó un protagonismo impresionante de las Fuerzas Armadas que recetaban la muerte, el odio, el desarraigo, el exilio político y las desapariciones forzadas, “hoy nuevamente con ese nivel de militarización en nuestro país, esos son los resultados, pero hay una fuerte combinación y acción de quienes han estado recibiendo entrenamiento en la Escuela de Las Américas, que es adoctrinamiento en contra de la vida y atenta contra los derechos de los pueblos .
Una estrategia para destruir las organizaciones
Bertha Cáceres, Coordinadora del COPINH manifestó a través de una llamada telefónica en el Programa “Interpretando la Noticia”, en Radio Globo que se trata de una estrategia para destruir las organizaciones.
Relató que la acción violenta del ejército este 15 de julio sucedió cuando las comunidades lencas se acercaban al plantel de la empresa hidroeléctrica, “cuando se acercaban a los portones, sin mediar palabra el ejército abrió fuego contra los compañeros impactando las balas en los cuerpos de los compañeros Tomás García y de su hijo, en presencia de la policía que se quedó paralizada y no hizo nada para impedirlo”.
Los militares que se han movilizado pertenecen al Batallón de Ingenieros que se ubica en Siguatepeque, en la zona central del país, muy cercano al departamento de Intibucá donde están los hostigamientos contra los indígenas lencas.
Cáceres expresó que a pesar del luto por el asesinato de García las comunidades se mantienen en la zona ejerciendo su derecho a luchar por sus recursos naturales, lucha que les ha dejado muertes y unos siete desalojos violentos por parte de la policía y el ejército.
También denunció que el ejército está siendo alimentado por la misma empresa hidroeléctrica a la que le están defendiendo sus intereses, además que directivos de la empresa han sido vistos en las últimas horas reuniéndose con sicarios.
Señaló que hay responsabilidad estatal en este asunto y entre los funcionarios mencionó a Rigoberto Cuellar, actual ministro de la secretaría de Recursos Naturales, SERNA, a quien calificó de servil de las empresas transnacionales y una pieza clave para vender el país.
Aunado a esta instalación ilegal de la hidroeléctrica que contraviene el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que señala que las comunidades indígenas deben ser consultadas y eso no ha sucedido, añadió que la empresa SYNOHIDRO, otro de los socios en las hidroeléctricas en el Departamento de Intibucá, podría también entrarle a la construcción de las ciudades especiales de desarrollo, más conocidas como ciudades modelos.
La represión se combina que nuevas acciones judiciales que han sido emprendidas en las últimas horas por DESA SYNOHIDRO en contra de la dirigencia indígena donde figura la propia Bertha Cáceres, Francisco Sánchez, Tomás Membreño, entre otros.
El pasado 24 de mayo militares del Batallón de Ingenieros de Siguatepeque, Comayagua detuvieron a Berta Cáceres y Tomás Gómez Membreño acusándolos de portar ilegalmente un revólver calibre 357, que habría sido encontrado en la paila del vehículo en el que se conducían. Vea más datos
Los muertos desde que el ejército realiza funciones policiales suman y siguen
La lista de asesinatos con bala viva por parte del ejército desde que el Congreso Nacional de la República a través del Decreto número 223-2011, que le otorgara funciones policiales, suma y sigue.
Antes esta fuerza represiva participó en el asesinato de Isy Obed Murillo Mencías, el 05 de julio de 2009, cuando miles de manifestantes se encontraban esperando el retorno del presidente Manuel Zelaya Rosales, en el aeropuerto internacional de Toncontín, los militares desde dentro del aeropuerto dispararon bala viva a la multitud destrozándole el cráneo a Murillo Mencías, este crimen está en total impunidad.
Con el decreto 223-2011 lo militares tienen licencia para matar han señalado los familiares de las víctimas de Ebed Jassiel Yañez Cáceres, un niño que fue asesinado el 27 de mayo de 2012, en la salida a la carretera de oriente, en este caso ha habido obstrucción de la justicia y ocultamiento de evidencias por parte de la alta cúpula militar y solamente un militar de bajo rango guarda prisión.
También otras familias han sido afectadas en el país, sus parientes estarían vivos si los militares no estuvieran en las calles ejerciendo labores policiales, por eso el padre de Ebed Jassiel en acompañamiento del COFADEH, presentaron un recurso de Inconstitucionalidad para que se anule este decreto de muerte, pero los parientes de las víctimas siguen esperando justicia, aunque el manto de la impunidad acaricia y protege a los culpables.
Mientras el COFADEH mantiene una campaña internacional para exigir castigo a los responsables, justicia para las víctimas sobrevivientes y derogación del decreto 223-2011 que le da funciones policiales al ejército.
Bertha Cáceres, Coordinadora del COPINH manifestó a través de una llamada telefónica en el Programa “Interpretando la Noticia”, en Radio Globo que se trata de una estrategia para destruir las organizaciones.
Relató que la acción violenta del ejército este 15 de julio sucedió cuando las comunidades lencas se acercaban al plantel de la empresa hidroeléctrica, “cuando se acercaban a los portones, sin mediar palabra el ejército abrió fuego contra los compañeros impactando las balas en los cuerpos de los compañeros Tomás García y de su hijo, en presencia de la policía que se quedó paralizada y no hizo nada para impedirlo”.
Los militares que se han movilizado pertenecen al Batallón de Ingenieros que se ubica en Siguatepeque, en la zona central del país, muy cercano al departamento de Intibucá donde están los hostigamientos contra los indígenas lencas.
Cáceres expresó que a pesar del luto por el asesinato de García las comunidades se mantienen en la zona ejerciendo su derecho a luchar por sus recursos naturales, lucha que les ha dejado muertes y unos siete desalojos violentos por parte de la policía y el ejército.
También denunció que el ejército está siendo alimentado por la misma empresa hidroeléctrica a la que le están defendiendo sus intereses, además que directivos de la empresa han sido vistos en las últimas horas reuniéndose con sicarios.
Señaló que hay responsabilidad estatal en este asunto y entre los funcionarios mencionó a Rigoberto Cuellar, actual ministro de la secretaría de Recursos Naturales, SERNA, a quien calificó de servil de las empresas transnacionales y una pieza clave para vender el país.
Aunado a esta instalación ilegal de la hidroeléctrica que contraviene el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que señala que las comunidades indígenas deben ser consultadas y eso no ha sucedido, añadió que la empresa SYNOHIDRO, otro de los socios en las hidroeléctricas en el Departamento de Intibucá, podría también entrarle a la construcción de las ciudades especiales de desarrollo, más conocidas como ciudades modelos.
La represión se combina que nuevas acciones judiciales que han sido emprendidas en las últimas horas por DESA SYNOHIDRO en contra de la dirigencia indígena donde figura la propia Bertha Cáceres, Francisco Sánchez, Tomás Membreño, entre otros.
El pasado 24 de mayo militares del Batallón de Ingenieros de Siguatepeque, Comayagua detuvieron a Berta Cáceres y Tomás Gómez Membreño acusándolos de portar ilegalmente un revólver calibre 357, que habría sido encontrado en la paila del vehículo en el que se conducían. Vea más datos
Los muertos desde que el ejército realiza funciones policiales suman y siguen
La lista de asesinatos con bala viva por parte del ejército desde que el Congreso Nacional de la República a través del Decreto número 223-2011, que le otorgara funciones policiales, suma y sigue.
Antes esta fuerza represiva participó en el asesinato de Isy Obed Murillo Mencías, el 05 de julio de 2009, cuando miles de manifestantes se encontraban esperando el retorno del presidente Manuel Zelaya Rosales, en el aeropuerto internacional de Toncontín, los militares desde dentro del aeropuerto dispararon bala viva a la multitud destrozándole el cráneo a Murillo Mencías, este crimen está en total impunidad.
Con el decreto 223-2011 lo militares tienen licencia para matar han señalado los familiares de las víctimas de Ebed Jassiel Yañez Cáceres, un niño que fue asesinado el 27 de mayo de 2012, en la salida a la carretera de oriente, en este caso ha habido obstrucción de la justicia y ocultamiento de evidencias por parte de la alta cúpula militar y solamente un militar de bajo rango guarda prisión.
También otras familias han sido afectadas en el país, sus parientes estarían vivos si los militares no estuvieran en las calles ejerciendo labores policiales, por eso el padre de Ebed Jassiel en acompañamiento del COFADEH, presentaron un recurso de Inconstitucionalidad para que se anule este decreto de muerte, pero los parientes de las víctimas siguen esperando justicia, aunque el manto de la impunidad acaricia y protege a los culpables.
Mientras el COFADEH mantiene una campaña internacional para exigir castigo a los responsables, justicia para las víctimas sobrevivientes y derogación del decreto 223-2011 que le da funciones policiales al ejército.
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