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Pobres, campesinos y luchadores: condenados sin delitos
Por Gerardo Iglesias | Rel-UITA
El 15 de junio de 2012 murieron once campesinos y seis policías en un megaoperativo policial para desalojar a unas pocas familias de agricultores que ocupaban un predio en la zona Marina Cué, Curuguaty.
Este fue el primero de una vertiginosa cadena de hechos que culminó con la destitución del ex presidente Fernando Lugo. Once ocupantes sobrevivientes se encuentran privados de libertad sin ninguna prueba en su contra. Su abogado, Vicente Morales, dialogó con La Rel y explicó los pormenores del caso.
-¿Tiene usted una versión final de lo que ocurrió realmente en Curuguaty?
-No tenemos una conclusión al respecto porque ninguno de mis representados participó en los hechos ocurridos en lo que la fiscalía llama “zona cero”, esto es donde comenzaron los disparos.
No saben qué pasó porque simplemente no estaban allí. Lo que sí conocemos es todo lo que se refiere al proceso judicial que, en nuestra opinión, es unidireccional ya que toda la investigación -si así se le puede llamar- está preestablecida de manera prejuiciosa por el Ministerio Público.
-¿Puede explicar mejor esto?
-El fiscal Jalil Rachid ha elaborado una novela sobre los hechos y trata de generar pruebas e indicios que fortalezcan estrictamente ese relato. Es un método inductivo y no deductivo, por lo que nada tiene que ver con establecer la verdad. Lo que se busca es condenar a estos once procesados y no desentrañar qué ocurrió. Toda la investigación está viciada por el voluntarismo del fiscal.
-¿Puede dar algunos ejemplos?
-Claro. Se encontraron aproximadamente 300 casquillos de bala calibre 5.56 que se corresponden con las armas que usa la Policía, pero el fiscal negó que tal prueba existiera, hasta que un canal de televisión exhibió un video en el cual se veía a un ciudadano que recolectaba esos casquillos en una bolsa de plástico y se los entregaba a la Policía. Esto es un claro ocultamiento de evidencia y prueba que no se está investigando la muerte de los campesinos sino solamente la de los agentes policiales.
Un helicóptero policial Robinson 44 equipado con una cámara de video sobrevoló toda la zona desde una hora y media antes del tiroteo. El propio jefe del Grupo Especial de Operaciones (GEO), comisario Lovera, pudo ver desde el aire quiénes estaban dentro del predio y tomó la decisión de realizar el procedimiento.
Lo que vio fue 35 campesinos ateridos de frío, familias con sus hijos viviendo en carpas precarias, mal alimentadas, enfrentando condiciones de supervivencia muy duras. Esa cámara lo filmó todo, pero el video no aparece, y esto porque seguramente se ven cosas que la Fiscalía no quiere que se vean. La Policía informó oficialmente que ése día la cámara del helicóptero no funcionó.
Varios de los cuerpos fueron movidos para generar una supuesta escena del crimen. En una foto hay una canana de cartuchos de escopeta sobre el pecho de uno de los campesinos muertos, mientras que en otra toma aparece sin ese elemento sobre él, y así podríamos seguir enumerando enormes fallas en la cadena de custodia de pruebas que, de por sí, serían motivo suficiente para anular todo el proceso.
Los protocolos procesales no son adornos sino garantías de los derechos de las partes, y por tanto exige rigor en toda la cadena de recolección y custodia de evidencias y pruebas.
Son sólo campesinos muertos…
-Es difícil de creer que haya una acusación en esas condiciones…
-Acá hablamos de cientos de irregularidades de este tipo y mucho más graves aún. Hemos denunciado hasta posibles ejecuciones sumarias de campesinos en los hechos de Curuguaty, torturas, abusos de todo tipo en el mismo lugar.
Pero nuestras denuncias no son atendidas adecuadamente ya que el fiscal derivó nuestros planteos hacia una Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público que no tiene capacidad técnica ni es su misión investigar este tipo de denuncias.
Varios otros elementos de esta naturaleza, evidencias, pruebas potenciales, fueron sistemáticamente descartadas por el fiscal sin una argumentación jurídica seria. No hay voluntad de investigar, de llegar a la verdad. Se inventan pruebas y hasta testimonios, se descartan otras, y todo para consolidar esa novela que creó el fiscal Rachid.
-La Policía afirma haber encontrado armas de los campesinos. ¿Qué tipo de armas?
-Hallaron cinco viejas escopetas con escaso mantenimiento, de las cuales sólo una habría sido disparada, aunque no se sabe cuándo se utilizó. Son armas típicas de cualquier familia campesina del Paraguay, que se usan para cazar animales de pequeño porte como forma de complementar la alimentación familiar.
De ninguna manera eso sirve para matar a una persona a no ser que se le dispare a uno o dos metros. También dice el Ministerio Público que la Policía entró desarmada, pero hay fotos y videos que muestran que había 324 policías con chalecos antibalas, con pistolas, con caballos, escopetas calibre 12, granadas, granadas de gas, todos comunicados por radio, con un helicóptero, camionetas, furgones, etc.
La primera versión oficial que difundieron fue que lo que se apersonó en la zona era una modesta comitiva de unos pocos policías desarmados, pero con el tiempo se fue demostrando que fue un vasto operativo minuciosamente planeado y ejecutado.
-¿Qué piensa la opinión pública de todo esto?
-La gente no otorga ninguna credibilidad a la versión del fiscal; ya todo el mundo sabe qué ocurrió realmente en Curuguaty, aunque no haya investigación oficial.
Hay videos grabados en el momento del tiroteo en el cual se escuchan ráfagas de armas automáticas. Esas grabaciones están en internet y son conocidas por todos. Esto jamás se investigó.
Había allí unos 14 o 15 fotógrafos de diversos medios y de la propia Policía, pero esas imágenes nunca fueron integradas al expediente ni recibidas por la Fiscalía. No hay falta de material para analizar, sino ausencia de voluntad de investigar y establecer la verdad.
Cuando no se investiga y se sale con el discurso de que se trata de campesinos entrenados como terroristas por las FARC -o los marcianos, falta eso-, simplemente se pretende ocultar lo que ocurrió realmente y cuál fue el verdadero móvil, el objetivo de esta masacre.
Quizás hubo una chispa de descontrol y a partir de allí todo se desmadró. Los campesinos estaban asustados, viendo que los rodeaban desde varios flancos policías fuertemente armados. Cómo empezó todo, eso es lo que debería investigar la Fiscalía.
La muerte como herramienta
-¿Es posible que se quiera desnaturalizar estos hechos ya que fueron el principal argumento con el que se pretendió justificar el golpe parlamentario que destituyó a expresidente Fernando Lugo?
-Yo no incurro en consideraciones políticas; estoy involucrado en este caso desde el punto de vista técnico.
Pero cualquier paraguayo sabe que en nuestro país existe un gravísimo problema relacionado con la distribución de la tierra. El gobierno anterior estaba comenzando una investigación sobre el asunto. Todos sabemos que existe duplicación de títulos, falsificaciones, adulteraciones, etc.
El Registro de la Propiedad es un sótano sin acceso al público, no está informatizado y por lo tanto no está en internet, para acceder a él se precisa una orden judicial, es casi imposible para alguien que no tenga recursos para contratar a un escribano que redacte una solicitud de información conocer los linderos y el tamaño de cualquier propiedad rural. Esto es una cueva misterios.
-¿Con qué base se mantiene a los campesinos en prisión?
-El fiscal acusó a los detenidos por tentativa de homicidio aún sin ninguna prueba real. La ley determina que los acusados de este delito deben estar recluidos.
Nosotros discrepamos con ese criterio porque está reñido con el principio básico de que toda persona se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario, y justamente en éste no se ha demostrado ninguna responsabilidad de mis representados, y todos están en prisión ya sea en cárceles o en domicilio.
-¿En qué está ahora el proceso judicial?
-En este momento están fijadas Audiencias Preliminares para los días 15, 16 y 17 de julio. No nos sentimos optimistas para esta instancias, a pesar de los cientos de irregularidades que hemos denunciado y nulidades que hemos presentado.
Veremos cómo actúa la jueza que tiene a cargo el expediente, la doctora Yanina Ríos. De esa Audiencia tiene que surgir, según lo determine la jueza, si va alguien a juicio oral y por qué razones. En un proceso serio deberían ser todos liberados porque no hay pruebas para acusar a nadie.
El fiscal Rachid seguramente intentará sustituir la ausencia de pruebas con testimonios de 80 policías presentados como testigos. Pero la Policía es una institución sujeta a una cadena jerárquica que impide a cualquier agente dar una versión de acuerdo únicamente a su propia conciencia. Se pueden tener en cuenta estos testimonios, pero de ninguna manera constituyen prueba.
En este sentido, en la Audiencia pasada -que se suspendió-, se comenzó a enumerar las pruebas de la Fiscalía ante la asistencia de unas 100 personas, incluyendo cerca de 40 periodistas locales y extranjeros.
Se mencionaron “varios rollos de papel higiénico, dos hondas, cinco frascos de perfume, una botella de refresco, una lámpara de campaña”, etc. Fue tan ridículo que la asistencia no pudo reprimir la risa ante el sinsentido de presentar a estos campesinos como terroristas violentos, adoctrinados y radicalizados. Una escena totalmente surrealista.
-¿Cuánto puede durar este juicio?
-Quizás más de un año. Yo podría apresurarme y pedir un juicio oral, pero sería ponerlos en la plaza pública para el sacrificio, porque no están dadas las condiciones de un justo proceso, no hay garantías.
Pienso que mientras tanto, y desgraciadamente, ellos permanecerán recluidos, pero el tiempo nos va permitiendo ganar opinión pública, ir demostrando que no hay pruebas contra estos campesinos y que el proceso es un montaje funcional a otros fines.
Por supuesto, hay un cerco mediático para omitir parte importante de la información relacionada con el caso, y todo se termina politizando, partidarizando, y se pierde de vista que se trata de una cuestión de derechos, de un grupo de personas que reivindica un pedazo de tierra sobre el cual poder vivir y trabajar junto a su familia.
-No tenemos una conclusión al respecto porque ninguno de mis representados participó en los hechos ocurridos en lo que la fiscalía llama “zona cero”, esto es donde comenzaron los disparos.
No saben qué pasó porque simplemente no estaban allí. Lo que sí conocemos es todo lo que se refiere al proceso judicial que, en nuestra opinión, es unidireccional ya que toda la investigación -si así se le puede llamar- está preestablecida de manera prejuiciosa por el Ministerio Público.
-¿Puede explicar mejor esto?
-El fiscal Jalil Rachid ha elaborado una novela sobre los hechos y trata de generar pruebas e indicios que fortalezcan estrictamente ese relato. Es un método inductivo y no deductivo, por lo que nada tiene que ver con establecer la verdad. Lo que se busca es condenar a estos once procesados y no desentrañar qué ocurrió. Toda la investigación está viciada por el voluntarismo del fiscal.
-¿Puede dar algunos ejemplos?
-Claro. Se encontraron aproximadamente 300 casquillos de bala calibre 5.56 que se corresponden con las armas que usa la Policía, pero el fiscal negó que tal prueba existiera, hasta que un canal de televisión exhibió un video en el cual se veía a un ciudadano que recolectaba esos casquillos en una bolsa de plástico y se los entregaba a la Policía. Esto es un claro ocultamiento de evidencia y prueba que no se está investigando la muerte de los campesinos sino solamente la de los agentes policiales.
Un helicóptero policial Robinson 44 equipado con una cámara de video sobrevoló toda la zona desde una hora y media antes del tiroteo. El propio jefe del Grupo Especial de Operaciones (GEO), comisario Lovera, pudo ver desde el aire quiénes estaban dentro del predio y tomó la decisión de realizar el procedimiento.
Lo que vio fue 35 campesinos ateridos de frío, familias con sus hijos viviendo en carpas precarias, mal alimentadas, enfrentando condiciones de supervivencia muy duras. Esa cámara lo filmó todo, pero el video no aparece, y esto porque seguramente se ven cosas que la Fiscalía no quiere que se vean. La Policía informó oficialmente que ése día la cámara del helicóptero no funcionó.
Varios de los cuerpos fueron movidos para generar una supuesta escena del crimen. En una foto hay una canana de cartuchos de escopeta sobre el pecho de uno de los campesinos muertos, mientras que en otra toma aparece sin ese elemento sobre él, y así podríamos seguir enumerando enormes fallas en la cadena de custodia de pruebas que, de por sí, serían motivo suficiente para anular todo el proceso.
Los protocolos procesales no son adornos sino garantías de los derechos de las partes, y por tanto exige rigor en toda la cadena de recolección y custodia de evidencias y pruebas.
Son sólo campesinos muertos…
-Es difícil de creer que haya una acusación en esas condiciones…
-Acá hablamos de cientos de irregularidades de este tipo y mucho más graves aún. Hemos denunciado hasta posibles ejecuciones sumarias de campesinos en los hechos de Curuguaty, torturas, abusos de todo tipo en el mismo lugar.
Pero nuestras denuncias no son atendidas adecuadamente ya que el fiscal derivó nuestros planteos hacia una Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público que no tiene capacidad técnica ni es su misión investigar este tipo de denuncias.
Varios otros elementos de esta naturaleza, evidencias, pruebas potenciales, fueron sistemáticamente descartadas por el fiscal sin una argumentación jurídica seria. No hay voluntad de investigar, de llegar a la verdad. Se inventan pruebas y hasta testimonios, se descartan otras, y todo para consolidar esa novela que creó el fiscal Rachid.
-La Policía afirma haber encontrado armas de los campesinos. ¿Qué tipo de armas?
-Hallaron cinco viejas escopetas con escaso mantenimiento, de las cuales sólo una habría sido disparada, aunque no se sabe cuándo se utilizó. Son armas típicas de cualquier familia campesina del Paraguay, que se usan para cazar animales de pequeño porte como forma de complementar la alimentación familiar.
De ninguna manera eso sirve para matar a una persona a no ser que se le dispare a uno o dos metros. También dice el Ministerio Público que la Policía entró desarmada, pero hay fotos y videos que muestran que había 324 policías con chalecos antibalas, con pistolas, con caballos, escopetas calibre 12, granadas, granadas de gas, todos comunicados por radio, con un helicóptero, camionetas, furgones, etc.
La primera versión oficial que difundieron fue que lo que se apersonó en la zona era una modesta comitiva de unos pocos policías desarmados, pero con el tiempo se fue demostrando que fue un vasto operativo minuciosamente planeado y ejecutado.
-¿Qué piensa la opinión pública de todo esto?
-La gente no otorga ninguna credibilidad a la versión del fiscal; ya todo el mundo sabe qué ocurrió realmente en Curuguaty, aunque no haya investigación oficial.
Hay videos grabados en el momento del tiroteo en el cual se escuchan ráfagas de armas automáticas. Esas grabaciones están en internet y son conocidas por todos. Esto jamás se investigó.
Había allí unos 14 o 15 fotógrafos de diversos medios y de la propia Policía, pero esas imágenes nunca fueron integradas al expediente ni recibidas por la Fiscalía. No hay falta de material para analizar, sino ausencia de voluntad de investigar y establecer la verdad.
Cuando no se investiga y se sale con el discurso de que se trata de campesinos entrenados como terroristas por las FARC -o los marcianos, falta eso-, simplemente se pretende ocultar lo que ocurrió realmente y cuál fue el verdadero móvil, el objetivo de esta masacre.
Quizás hubo una chispa de descontrol y a partir de allí todo se desmadró. Los campesinos estaban asustados, viendo que los rodeaban desde varios flancos policías fuertemente armados. Cómo empezó todo, eso es lo que debería investigar la Fiscalía.
La muerte como herramienta
-¿Es posible que se quiera desnaturalizar estos hechos ya que fueron el principal argumento con el que se pretendió justificar el golpe parlamentario que destituyó a expresidente Fernando Lugo?
-Yo no incurro en consideraciones políticas; estoy involucrado en este caso desde el punto de vista técnico.
Pero cualquier paraguayo sabe que en nuestro país existe un gravísimo problema relacionado con la distribución de la tierra. El gobierno anterior estaba comenzando una investigación sobre el asunto. Todos sabemos que existe duplicación de títulos, falsificaciones, adulteraciones, etc.
El Registro de la Propiedad es un sótano sin acceso al público, no está informatizado y por lo tanto no está en internet, para acceder a él se precisa una orden judicial, es casi imposible para alguien que no tenga recursos para contratar a un escribano que redacte una solicitud de información conocer los linderos y el tamaño de cualquier propiedad rural. Esto es una cueva misterios.
-¿Con qué base se mantiene a los campesinos en prisión?
-El fiscal acusó a los detenidos por tentativa de homicidio aún sin ninguna prueba real. La ley determina que los acusados de este delito deben estar recluidos.
Nosotros discrepamos con ese criterio porque está reñido con el principio básico de que toda persona se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario, y justamente en éste no se ha demostrado ninguna responsabilidad de mis representados, y todos están en prisión ya sea en cárceles o en domicilio.
-¿En qué está ahora el proceso judicial?
-En este momento están fijadas Audiencias Preliminares para los días 15, 16 y 17 de julio. No nos sentimos optimistas para esta instancias, a pesar de los cientos de irregularidades que hemos denunciado y nulidades que hemos presentado.
Veremos cómo actúa la jueza que tiene a cargo el expediente, la doctora Yanina Ríos. De esa Audiencia tiene que surgir, según lo determine la jueza, si va alguien a juicio oral y por qué razones. En un proceso serio deberían ser todos liberados porque no hay pruebas para acusar a nadie.
El fiscal Rachid seguramente intentará sustituir la ausencia de pruebas con testimonios de 80 policías presentados como testigos. Pero la Policía es una institución sujeta a una cadena jerárquica que impide a cualquier agente dar una versión de acuerdo únicamente a su propia conciencia. Se pueden tener en cuenta estos testimonios, pero de ninguna manera constituyen prueba.
En este sentido, en la Audiencia pasada -que se suspendió-, se comenzó a enumerar las pruebas de la Fiscalía ante la asistencia de unas 100 personas, incluyendo cerca de 40 periodistas locales y extranjeros.
Se mencionaron “varios rollos de papel higiénico, dos hondas, cinco frascos de perfume, una botella de refresco, una lámpara de campaña”, etc. Fue tan ridículo que la asistencia no pudo reprimir la risa ante el sinsentido de presentar a estos campesinos como terroristas violentos, adoctrinados y radicalizados. Una escena totalmente surrealista.
-¿Cuánto puede durar este juicio?
-Quizás más de un año. Yo podría apresurarme y pedir un juicio oral, pero sería ponerlos en la plaza pública para el sacrificio, porque no están dadas las condiciones de un justo proceso, no hay garantías.
Pienso que mientras tanto, y desgraciadamente, ellos permanecerán recluidos, pero el tiempo nos va permitiendo ganar opinión pública, ir demostrando que no hay pruebas contra estos campesinos y que el proceso es un montaje funcional a otros fines.
Por supuesto, hay un cerco mediático para omitir parte importante de la información relacionada con el caso, y todo se termina politizando, partidarizando, y se pierde de vista que se trata de una cuestión de derechos, de un grupo de personas que reivindica un pedazo de tierra sobre el cual poder vivir y trabajar junto a su familia.
Fuente: Rel-UITA
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