Por Carolina Bedoya | desinformemonos.orgLos habitantes de El Catatumbo demandan que el Estado les garantice el derecho como comunidad campesina a la soberanía alimentaria y a la vida digna que históricamente les arrebataron.
El Catatumbo colombiano llega a un mes de fuertes manifestaciones, con el resultado de cuatro campesinos asesinados y más de un centenar de heridos por el uso de armas de asalto por parte de la fuerza pública. Después de varias semanas de intento de diálogo con el gobierno, sin recibir respuesta a la exigencia de una Zona de Reserva Campesina y un programa de sustitución concertado de cultivos de coca, los campesinos se declararon en huelga.
Los catatumberos demandan que el Estado les garantice el derecho como comunidad campesina a la soberanía alimentaria y a la vida digna que históricamente les arrebataron.
Esta situación no es nueva para los habitantes del Catatumbo; además de la extracción histórica de los recursos naturales que solamente elevó la miseria y la exclusión, durante el gobierno de Álvaro Uribe se consolidaron las políticas de la llamada “seguridad democrática”: asesinatos selectivos, falsos positivos, Plan Colombia y extracción de oro, petróleo y uranio. Catatumbo es una región en disputa en la que toman parte multinacionales y grupos armados legales e ilegales. Esto dejó, en lo que va de esta década, 11 mil 500 campesinos asesinados, más de cien mil desplazados, 600 desaparecidos y 78 casos conocidos de falsos positivos.
El Catatumbo está situado al noroeste del departamento de Norte de Santander. Es una de las regiones ambientalmente más importantes por su ubicación en la cordillera oriental y una de las primeras en extraer petróleo. Cuenta con una serie de elementos naturales que la hace una de las regiones más importantes para la regularización climática: un alta presencia de áreas de conservación y ecosistemas compartidos, como bosque tropical, bosque nuboso y selva. Es una de las 56 áreas protegidas de Colombia y tiene más de 500 especies de aves y especies endémicas. Existen dos resguardos indígenas con un número de pobladores que alcanzan las 3 mil 129 personas. Hoy, en esta zona en disputa viven 23 comunidades indígenas y más de 200 mil campesinos.
El Catatumbo es relevante por su ubicación fronteriza, gran parte de la cual es reserva forestal; también cuenta con grandes cuencas hídricas y zonas selváticas. Sus más de 3 mil 390 hectáreas de cultivos de coca la convierten en una zona mucho más violenta. Existió resistencia del pueblo barí contra los capuchinos en 1530 y contra un proyecto de exterminio de las comunidades indígenas que habitan estas tierras, donde grupos armados se disputan el cultivo de la coca y la extracción de minerales.
Oro negro y blanco
En 1936, las concesiones petroleras pasaron a manos de empresas estadounidenses y arrasaron con pueblos indígenas. En pleno 2013 el panorama no cambió: el 84 por ciento de la producción de petróleo es de capital extranjero y tiende al crecimiento. En el 2005, el gobierno colombiano otorgó la licencia a ocho empresas para exploración, explotación, beneficio, transformación, transporte y comercialización de carbón con la técnica a cielo abierto, y se desconoció el derecho de las comunidades a la información y consulta previa.
Con la ejecución del plan Colombia, entre el 2000 y el 2005 se erradicaron aproximadamente 20 mil 406 hectáreas de coca, con lo que se afectó a diversos cultivos y la salud de los pobladores del Catatumbo. Por esto, los campesinos del Catatumbo exigen al gobierno la suspensión inmediata de las erradicaciones forzosas de los cultivos de coca y que se construya conjuntamente un programa de sustitución gradual y concertada de los cultivos. La idea es que se trabaje el problema de la coca no como un problema criminal, sino como un problema económico, social y político. La erradicación es uno de los puntos que exigen los campesinos por su fuerte afectación ambiental y social. El periodista Alfredo Molano escribió en El Espectador que “la erradicación forzosa, manual o por fumigación aérea, obliga a los campesinos a desplazarse y a dejar sus mejoras a los acreedores que las concentran como haciendas ganaderas. En Filo Gringo se ven los potreros ganaderos de un lado y los cultivos de coca, protegidos por la selva y entremezclados con cultivos legales. Sobra decir que la región fue uno de los blancos de la invasión paramilitar protegida por la Fuerza Pública en 1999”.
La lucha ininterrumpida
Desde que iniciaron las movilizaciones hace ya casi un mes, más de 14 mil campesinos tomaron las calles de varios municipios del Norte de Santander. La respuesta del gobierno fue el uso indiscriminado de la fuerza pública no sólo con gases lacrimógenos y armas para la dispersión de multitudes, sino con balas de fuego. El saldo son cuatro campesinos muertos, dos de ellos asesinados en su intento de bloquear la vía que conduce al aeropuerto de Ocaña. Los manifestantes expresaron desde el inicio su disposición al diálogo, pero éste no permite que la mesa de negociación avance con pretextos y exigencias de que lso campesinos se trasladen a Bogotá. “Cómo es posible una mesa de diálogo cuando sólo estamos 200 líderes en representación de 14 mil más que son atacados con armas de fuego”, respondió uno de los campesinos.
La Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT) exige al gobierno, para continuar con los diálogos, el cese al fuego, a la represión y a la estigmatización de los campesinos por parte del gobierno y los medios de comunicación, así como una difusión real de lo que pasa. La asociación pide que no se repita el argumento de que existen infiltraciones guerrilleras en los movimientos sociales y populares para legitimar la militarización, en un momento en que se habla de la aprobación de una reforma que ofrece beneficios jurídicos a militares involucrados en delitos de lesa humanidad y que abre la posibilidad a los uniformados de abrir fuego contra personas consideradas miembros de algún grupo armado.
Sin ninguna voluntad del gobierno ni acuerdo alguno, sumado a la orden del presidente Juan Manuel Santos de desbloquear las vías tomadas por los manifestantes, los catatumberos convocan a toda la población a tomar las calles con la consigna: “Mientras exista el hambre y la represión por el campo, mantendremos nuestros esfuerzos por permanecer en los territorios”.
Los catatumberos demandan que el Estado les garantice el derecho como comunidad campesina a la soberanía alimentaria y a la vida digna que históricamente les arrebataron.
Esta situación no es nueva para los habitantes del Catatumbo; además de la extracción histórica de los recursos naturales que solamente elevó la miseria y la exclusión, durante el gobierno de Álvaro Uribe se consolidaron las políticas de la llamada “seguridad democrática”: asesinatos selectivos, falsos positivos, Plan Colombia y extracción de oro, petróleo y uranio. Catatumbo es una región en disputa en la que toman parte multinacionales y grupos armados legales e ilegales. Esto dejó, en lo que va de esta década, 11 mil 500 campesinos asesinados, más de cien mil desplazados, 600 desaparecidos y 78 casos conocidos de falsos positivos.
El Catatumbo está situado al noroeste del departamento de Norte de Santander. Es una de las regiones ambientalmente más importantes por su ubicación en la cordillera oriental y una de las primeras en extraer petróleo. Cuenta con una serie de elementos naturales que la hace una de las regiones más importantes para la regularización climática: un alta presencia de áreas de conservación y ecosistemas compartidos, como bosque tropical, bosque nuboso y selva. Es una de las 56 áreas protegidas de Colombia y tiene más de 500 especies de aves y especies endémicas. Existen dos resguardos indígenas con un número de pobladores que alcanzan las 3 mil 129 personas. Hoy, en esta zona en disputa viven 23 comunidades indígenas y más de 200 mil campesinos.
El Catatumbo es relevante por su ubicación fronteriza, gran parte de la cual es reserva forestal; también cuenta con grandes cuencas hídricas y zonas selváticas. Sus más de 3 mil 390 hectáreas de cultivos de coca la convierten en una zona mucho más violenta. Existió resistencia del pueblo barí contra los capuchinos en 1530 y contra un proyecto de exterminio de las comunidades indígenas que habitan estas tierras, donde grupos armados se disputan el cultivo de la coca y la extracción de minerales.
Oro negro y blanco
En 1936, las concesiones petroleras pasaron a manos de empresas estadounidenses y arrasaron con pueblos indígenas. En pleno 2013 el panorama no cambió: el 84 por ciento de la producción de petróleo es de capital extranjero y tiende al crecimiento. En el 2005, el gobierno colombiano otorgó la licencia a ocho empresas para exploración, explotación, beneficio, transformación, transporte y comercialización de carbón con la técnica a cielo abierto, y se desconoció el derecho de las comunidades a la información y consulta previa.
Con la ejecución del plan Colombia, entre el 2000 y el 2005 se erradicaron aproximadamente 20 mil 406 hectáreas de coca, con lo que se afectó a diversos cultivos y la salud de los pobladores del Catatumbo. Por esto, los campesinos del Catatumbo exigen al gobierno la suspensión inmediata de las erradicaciones forzosas de los cultivos de coca y que se construya conjuntamente un programa de sustitución gradual y concertada de los cultivos. La idea es que se trabaje el problema de la coca no como un problema criminal, sino como un problema económico, social y político. La erradicación es uno de los puntos que exigen los campesinos por su fuerte afectación ambiental y social. El periodista Alfredo Molano escribió en El Espectador que “la erradicación forzosa, manual o por fumigación aérea, obliga a los campesinos a desplazarse y a dejar sus mejoras a los acreedores que las concentran como haciendas ganaderas. En Filo Gringo se ven los potreros ganaderos de un lado y los cultivos de coca, protegidos por la selva y entremezclados con cultivos legales. Sobra decir que la región fue uno de los blancos de la invasión paramilitar protegida por la Fuerza Pública en 1999”.
La lucha ininterrumpida
Desde que iniciaron las movilizaciones hace ya casi un mes, más de 14 mil campesinos tomaron las calles de varios municipios del Norte de Santander. La respuesta del gobierno fue el uso indiscriminado de la fuerza pública no sólo con gases lacrimógenos y armas para la dispersión de multitudes, sino con balas de fuego. El saldo son cuatro campesinos muertos, dos de ellos asesinados en su intento de bloquear la vía que conduce al aeropuerto de Ocaña. Los manifestantes expresaron desde el inicio su disposición al diálogo, pero éste no permite que la mesa de negociación avance con pretextos y exigencias de que lso campesinos se trasladen a Bogotá. “Cómo es posible una mesa de diálogo cuando sólo estamos 200 líderes en representación de 14 mil más que son atacados con armas de fuego”, respondió uno de los campesinos.
La Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT) exige al gobierno, para continuar con los diálogos, el cese al fuego, a la represión y a la estigmatización de los campesinos por parte del gobierno y los medios de comunicación, así como una difusión real de lo que pasa. La asociación pide que no se repita el argumento de que existen infiltraciones guerrilleras en los movimientos sociales y populares para legitimar la militarización, en un momento en que se habla de la aprobación de una reforma que ofrece beneficios jurídicos a militares involucrados en delitos de lesa humanidad y que abre la posibilidad a los uniformados de abrir fuego contra personas consideradas miembros de algún grupo armado.
Sin ninguna voluntad del gobierno ni acuerdo alguno, sumado a la orden del presidente Juan Manuel Santos de desbloquear las vías tomadas por los manifestantes, los catatumberos convocan a toda la población a tomar las calles con la consigna: “Mientras exista el hambre y la represión por el campo, mantendremos nuestros esfuerzos por permanecer en los territorios”.
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