Por Tatiana Félix | Adital
Ante la aprobación en el primer debate de la ley para la creación de los "Tigres” –Tropa de Inteligencia y Grupos de Respuesta Especial de Seguridad–, la semana pasada en Honduras, la Alianza por los Derechos Humanos expresó una vez más su rechazo al proyecto que pretende crear una nueva policía militar de carácter más represiva en el país.
De acuerdo con la propuesta del diputado Juan Orlando Hernández, de julio de 2012, los "Tigres” estarían compuestos por 200 efectivos con sede en San Pedro Sula y otros 200 en Tegucigalpa, para combatir al crimen organizado. La tropa estaría formada con jóvenes entre 18 y 22 años de edad para ser una especie de "super policías”, con formación policial-militar, capacidad para investigar y realizar acciones rápidas.
Para la Alianza, la propuesta de ley va contra las actividades de seguridad pública, "constituyéndose en una verdadera amenaza a la protección de la ciudadanía y vigencia de sus derechos”, siendo contraria también a los compromisos asumidos por el gobierno hondureño ante organismos internacionales de Derechos Humanos, de no disponer de militares para asuntos de seguridad pública.
La organización cree que éste es un intento de entorpecer los procesos de reforma y para colocar a esa tropa militar "al servicio de grupos nocivos del país”, pero que el objetivo no debería ser militarizar la policía, sino civilizarla ya que es un organismo al servicio de civiles. La Alianza recuerda que el relator de las Naciones Unidas sobre la Libertad de Opinión y Expresión tampoco aprueba la iniciativa de "militarización de las funciones policiales”, alegando que las funciones militares deben mantenerse separadas de las funciones policiales, siendo que esta última debe ser "enteramente civil”.
"Con los 57 millones de dólares que se gastarán en esta nueva fuerza militar, se debe apoyar la creación de nuevas fuentes de trabajo, mejorar las condiciones de vida de los campesinos, contratar nuevos médicos en los hospitales o resolver la problemática de los profesores. Demasiados recursos para un país con serias dificultades económicas”, sostiene la Alianza.
En virtud de esta situación, la Alianza recomienda que continúen los procesos de reforma institucional y "limpieza” de la corrupción de la policía, y que se realice la desmilitarización de la misma, ya que "necesitamos una policía al servicio de la ciudadanía y no sometida a una visión en contra del pueblo”.
"Solicitamos al Congreso Nacional no aprobar la iniciativa TIGRES, porque ésta podría ser contraproducente para los derechos humanos y no es la respuesta a los problemas de seguridad ciudadana”, explica la entidad.
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Para la Alianza, la propuesta de ley va contra las actividades de seguridad pública, "constituyéndose en una verdadera amenaza a la protección de la ciudadanía y vigencia de sus derechos”, siendo contraria también a los compromisos asumidos por el gobierno hondureño ante organismos internacionales de Derechos Humanos, de no disponer de militares para asuntos de seguridad pública.
La organización cree que éste es un intento de entorpecer los procesos de reforma y para colocar a esa tropa militar "al servicio de grupos nocivos del país”, pero que el objetivo no debería ser militarizar la policía, sino civilizarla ya que es un organismo al servicio de civiles. La Alianza recuerda que el relator de las Naciones Unidas sobre la Libertad de Opinión y Expresión tampoco aprueba la iniciativa de "militarización de las funciones policiales”, alegando que las funciones militares deben mantenerse separadas de las funciones policiales, siendo que esta última debe ser "enteramente civil”.
"Con los 57 millones de dólares que se gastarán en esta nueva fuerza militar, se debe apoyar la creación de nuevas fuentes de trabajo, mejorar las condiciones de vida de los campesinos, contratar nuevos médicos en los hospitales o resolver la problemática de los profesores. Demasiados recursos para un país con serias dificultades económicas”, sostiene la Alianza.
En virtud de esta situación, la Alianza recomienda que continúen los procesos de reforma institucional y "limpieza” de la corrupción de la policía, y que se realice la desmilitarización de la misma, ya que "necesitamos una policía al servicio de la ciudadanía y no sometida a una visión en contra del pueblo”.
"Solicitamos al Congreso Nacional no aprobar la iniciativa TIGRES, porque ésta podría ser contraproducente para los derechos humanos y no es la respuesta a los problemas de seguridad ciudadana”, explica la entidad.
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