Por Marvin Palacios | Defensores en Línea
Al cumplirse hoy un año de la muerte violenta de Ebed Jassiel Yanes Cáceres (15 años) a manos de una patrulla militar en el sector de Villa Vieja, familiares demandaron justicia tanto para los militares que dispararon contra el menor como contra oficiales de alto rango de las Fuerzas Armadas (FFAA) que obstaculizaron el proceso de investigación, manipularon las pruebas y trataron de encubrir a los victimarios del menor, en un hecho acontecido la madrugada del 27 de mayo de 2012.
En conferencia de prensa desarrollada en la sede del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), la periodista Dina Meza dijo que el caso de Ebed Jassiel es un caso emblemático en donde se evidencia la impunidad en que se maneja el sistema de justicia en el país.
“Aquí están involucrados oficiales de alto rango de las Fuerzas Armadas que obstruyeron todo el proceso investigativo, que cambiaron las armas y que ocultaron evidencias”, expresó Meza.
Meza señaló que las armas utilizadas y el vehículo en el que se dio persecución al menor Ebed Jassiel Yanes Cáceres (un Ford 350) fueron donados por el gobierno de Estados Unidos, “ y aquí estamos señalando la participación directa de estos hechos por parte del gobierno norteamericano que mantiene a la nación hondureña en total militarización”.
La periodista anunció el inicio de una campaña internacional en varios países del mundo en donde se está exigiendo justicia en este y otros casos como el Ahúas en la mosquitia hondureña acontecido el 11 de mayo de 2012 cuando agentes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) conjuntamente con policías y militares hondureños, atacaron a una pequeña embarcación que transportaba a 16 miskitos indefensos en el sector de Ahúas en medio de un operativo antinarcóticos y el caso de la muerte (que aún se ha esclarecido) sobre la muerte del soldado Alex Josué Bannof ocurrida en una unidad militar.
Asimismo Meza apuntó que como parte de dicha campaña contra la impunidad, el COFADEH está exigiendo al Congreso Nacional la derogación del decreto 223-2011 que faculta a los militares ha ejercer labores exclusivas de la policía nacional.
Otra demanda que será expuesta en la campaña internacional será la desmilitarización de la seguridad pública y sancionar a los militares que violen los derechos humanos de la ciudadanía, explicó Meza.
El 14 de junio de 2012, La Fiscalía acusó a 3 de los 7 miembros de la patrulla militar pertenecientes al Primer Batallón de Fuerzas Especiales que le dieron persecución en un vehículo militar Ford 350 (donado por Estados Unidos) al menor de 15 años Ebed Jassiel Yanes Cáceres mientras se conducía en una motocicleta a la altura de la colonia Villa Vieja, salida a la carretera de oriente. En un sendero de dicha colonia Ebed jassiel se desplomó al recibir un disparo explosivo que se alojó en su mandíbula izquierda.
El retén militar ubicado en la colonia Los Pinos, estaba a cargo del Alférez de Fragata, José Emiliano Novoa Fúnez y el oficial supervisor era el teniente Coronel Juan Rubén Girón Reyes.
Wilfredo Yanes, padre de Ebed Jassiel expresó que “a un año de la muerte de mi hijo por parte de militares de la Fuerza Ejército de las Fuerzas Armadas (FFAA), me ha permitido la pudrición y la corrupción que los entes encargados de hacer prevalecer las leyes y de las instituciones responsables de la seguridad pública, experimentan en estos tiempos”.
Yanes criticó a la Fiscalía de Derechos Humanos por negarse a ampliar el delito de homicidio contra el subteniente Josué Antonio Sierra y el cabo Felipe de Jesùs Rodríguez, a quienes acusó de encubrimiento, abuso de autoridad y falta a los deberes de los funcionarios. Estos militares gozan de medidas sustitutivas a la prisión.
Solamente el sargento Eleázar Abimael Rodríguez guarda prisión en la Penitenciaría Nacional acusado de homicidio en perjuicio de Ebed Jassiel Yanes Cáceres y abuso de autoridad y falta a los deberes de los funcionarios, en perjuicio del estado de Honduras.
Yanes reveló que el propio fiscal de derechos dumanos, (German Enamorado) “me ha manifestado tener miedo presentar requerimientos contra la cadena de mando de los 3 primeros imputados, le pregunté ¿por qué? Y me dijo bueno, usted sabe cómo están las cosas en el país y yo le dije que todo trabajo tiene su riesgo y todo abogado que viene al Ministerio Público a aspirar a una plaza como fiscal ya sabe a lo que viene”.
El padre de Ebed Jassiel, anunció que los militares de alto rango que obstaculizaron el proceso de investigación, que ocultaron en principio las armas con las que se dio muerte al menor y que trataron de encubrir a los victimarios serán presentados ante el Juzgado de Tegucigalpa este miércoles 29 de mayo.
“Espero que el juez no se parcialice, que se dedique a aplicar la ley y que conforme a la responsabilidad que encuentre en cada uno de los referidos sea así el castigo, no buscamos venganza para con nadie, gracias a Dios, tenemos un corazón limpio, que si bien es cierto nos hicieron un grave daño, pero no sentimos en nuestro corazón nada negativo para contra las personas directas o indirectas que cortaron la vida de mi hijo”, aseguró Yanes.
Oficiales de alto rango acusados por la Fiscalía
Los militares acusados por la Fiscalía de Derechos Humanos por los delitos de encubrimiento, falta a los deberes a los funcionarios y abuso de autoridad son los siguientes:
1.- Coronel Raynel Enrique Fúnes Ponce, comandante del Primer Batallón de Fuerzas Especiales localizado en la Venta, Francisco Morazán y nombrado el 1 de febrero de 2013 como comandante del Comando de Operaciones Especiales (COES). (Encubrimiento y violación a los deberes de los funcionarios).
2.- Coronel de artillería Jesús Alberto Mármol Yánez, quien durante los meses de mayo y junio de 2012 fungió como comandante del Comando de Operaciones Especiales (COES) y comandante de la Operación Relámpago. (Encubrimiento y violación a los deberes de los funcionarios).
El 1 de febrero de 2013 fue nombrado Jefe del Departamento de Recursos Humanos (E-1).
3.- Teniente Coronel Mariano Mendoza Maradiaga, se desempeñó como subcomandante del Primer Batallón de Fuerzas Especiales y nombrado comandante del XVI Batallón de Infantería el 21 de enero de 2013. (Encubrimiento y abuso de autoridad).
4.- Teniente Coronel Juan Rubén Girón Reyes. Subcomandante del X Batallón de Infantería en Marcala, La Paz, nombrado el 1 de febrero de 2013 (encubrimiento y abuso de autoridad).
5.- Alférez de Fragata José Emiliano Novoa Fúnes (encubrimiento y abuso de autoridad)
6.- Juan José Flores Álvarez. Asesor Legal de las FFAA (encubrimiento y abuso de autoridad).
7.- Contralmirante y Auditor Jurídico de las Fuerzas Armadas, Ramón Cristóbal Romero Burgos. (Encubrimiento y abuso de autoridad).
El hecho delictivo de encubrimiento existió desde el momento que ocurrió la muerte del menor y durante el proceso de investigación del homicidio, porque se obstaculizó la obtención de indicios (armas y documentos), así como manipular la versión real sobre los hechos, retraso de la verificación de lo ocurrido, y la individualización de los responsables.
Un testigo protegido afirmó que el coronel Raynel Enrique Fúnes Ponce, comandante del Batallón de Fuerzas Especiales de la Venta, Francisco Morazán, ordenó entregar otras armas a la Fiscalía (carabinas A2) en lugar de los fusiles Pietro Bereta M-16 que utilizaron los efectivos militares el día de los sucesos.
La Fiscalía asegura que los militares pretendieron ocultar la verdad y dilatar el proceso de investigación. Además generaron toda una manipulación para obstaculizar el proceso investigativo para que no se pudiera identificar a los culpables que participaron en el homicidio.
Otro testigo declaró que los coroneles Girón, Castro y Fúnes persuadieron a los militares “para que guardáramos silencio sobre la muerte del joven, eso fue el domingo 27 de mayo en horas de la tarde en el IHMA, porque ellos ya habían reportado al alto mando”.
El expediente del caso Yánez es el número 1311-2012 y la causa está abierta en el Juzgado de Letras de lo Penal de la Seccional Judicial de Tegucigalpa. El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) es el representante legal de la familia Yánes Cáceres y ha llevado a cabo las diligencias judiciales.
“Aquí están involucrados oficiales de alto rango de las Fuerzas Armadas que obstruyeron todo el proceso investigativo, que cambiaron las armas y que ocultaron evidencias”, expresó Meza.
Meza señaló que las armas utilizadas y el vehículo en el que se dio persecución al menor Ebed Jassiel Yanes Cáceres (un Ford 350) fueron donados por el gobierno de Estados Unidos, “ y aquí estamos señalando la participación directa de estos hechos por parte del gobierno norteamericano que mantiene a la nación hondureña en total militarización”.
La periodista anunció el inicio de una campaña internacional en varios países del mundo en donde se está exigiendo justicia en este y otros casos como el Ahúas en la mosquitia hondureña acontecido el 11 de mayo de 2012 cuando agentes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) conjuntamente con policías y militares hondureños, atacaron a una pequeña embarcación que transportaba a 16 miskitos indefensos en el sector de Ahúas en medio de un operativo antinarcóticos y el caso de la muerte (que aún se ha esclarecido) sobre la muerte del soldado Alex Josué Bannof ocurrida en una unidad militar.
Asimismo Meza apuntó que como parte de dicha campaña contra la impunidad, el COFADEH está exigiendo al Congreso Nacional la derogación del decreto 223-2011 que faculta a los militares ha ejercer labores exclusivas de la policía nacional.
Otra demanda que será expuesta en la campaña internacional será la desmilitarización de la seguridad pública y sancionar a los militares que violen los derechos humanos de la ciudadanía, explicó Meza.
El 14 de junio de 2012, La Fiscalía acusó a 3 de los 7 miembros de la patrulla militar pertenecientes al Primer Batallón de Fuerzas Especiales que le dieron persecución en un vehículo militar Ford 350 (donado por Estados Unidos) al menor de 15 años Ebed Jassiel Yanes Cáceres mientras se conducía en una motocicleta a la altura de la colonia Villa Vieja, salida a la carretera de oriente. En un sendero de dicha colonia Ebed jassiel se desplomó al recibir un disparo explosivo que se alojó en su mandíbula izquierda.
El retén militar ubicado en la colonia Los Pinos, estaba a cargo del Alférez de Fragata, José Emiliano Novoa Fúnez y el oficial supervisor era el teniente Coronel Juan Rubén Girón Reyes.
Wilfredo Yanes, padre de Ebed Jassiel expresó que “a un año de la muerte de mi hijo por parte de militares de la Fuerza Ejército de las Fuerzas Armadas (FFAA), me ha permitido la pudrición y la corrupción que los entes encargados de hacer prevalecer las leyes y de las instituciones responsables de la seguridad pública, experimentan en estos tiempos”.
Yanes criticó a la Fiscalía de Derechos Humanos por negarse a ampliar el delito de homicidio contra el subteniente Josué Antonio Sierra y el cabo Felipe de Jesùs Rodríguez, a quienes acusó de encubrimiento, abuso de autoridad y falta a los deberes de los funcionarios. Estos militares gozan de medidas sustitutivas a la prisión.
Solamente el sargento Eleázar Abimael Rodríguez guarda prisión en la Penitenciaría Nacional acusado de homicidio en perjuicio de Ebed Jassiel Yanes Cáceres y abuso de autoridad y falta a los deberes de los funcionarios, en perjuicio del estado de Honduras.
Yanes reveló que el propio fiscal de derechos dumanos, (German Enamorado) “me ha manifestado tener miedo presentar requerimientos contra la cadena de mando de los 3 primeros imputados, le pregunté ¿por qué? Y me dijo bueno, usted sabe cómo están las cosas en el país y yo le dije que todo trabajo tiene su riesgo y todo abogado que viene al Ministerio Público a aspirar a una plaza como fiscal ya sabe a lo que viene”.
El padre de Ebed Jassiel, anunció que los militares de alto rango que obstaculizaron el proceso de investigación, que ocultaron en principio las armas con las que se dio muerte al menor y que trataron de encubrir a los victimarios serán presentados ante el Juzgado de Tegucigalpa este miércoles 29 de mayo.
“Espero que el juez no se parcialice, que se dedique a aplicar la ley y que conforme a la responsabilidad que encuentre en cada uno de los referidos sea así el castigo, no buscamos venganza para con nadie, gracias a Dios, tenemos un corazón limpio, que si bien es cierto nos hicieron un grave daño, pero no sentimos en nuestro corazón nada negativo para contra las personas directas o indirectas que cortaron la vida de mi hijo”, aseguró Yanes.
Oficiales de alto rango acusados por la Fiscalía
Los militares acusados por la Fiscalía de Derechos Humanos por los delitos de encubrimiento, falta a los deberes a los funcionarios y abuso de autoridad son los siguientes:
1.- Coronel Raynel Enrique Fúnes Ponce, comandante del Primer Batallón de Fuerzas Especiales localizado en la Venta, Francisco Morazán y nombrado el 1 de febrero de 2013 como comandante del Comando de Operaciones Especiales (COES). (Encubrimiento y violación a los deberes de los funcionarios).
2.- Coronel de artillería Jesús Alberto Mármol Yánez, quien durante los meses de mayo y junio de 2012 fungió como comandante del Comando de Operaciones Especiales (COES) y comandante de la Operación Relámpago. (Encubrimiento y violación a los deberes de los funcionarios).
El 1 de febrero de 2013 fue nombrado Jefe del Departamento de Recursos Humanos (E-1).
3.- Teniente Coronel Mariano Mendoza Maradiaga, se desempeñó como subcomandante del Primer Batallón de Fuerzas Especiales y nombrado comandante del XVI Batallón de Infantería el 21 de enero de 2013. (Encubrimiento y abuso de autoridad).
4.- Teniente Coronel Juan Rubén Girón Reyes. Subcomandante del X Batallón de Infantería en Marcala, La Paz, nombrado el 1 de febrero de 2013 (encubrimiento y abuso de autoridad).
5.- Alférez de Fragata José Emiliano Novoa Fúnes (encubrimiento y abuso de autoridad)
6.- Juan José Flores Álvarez. Asesor Legal de las FFAA (encubrimiento y abuso de autoridad).
7.- Contralmirante y Auditor Jurídico de las Fuerzas Armadas, Ramón Cristóbal Romero Burgos. (Encubrimiento y abuso de autoridad).
El hecho delictivo de encubrimiento existió desde el momento que ocurrió la muerte del menor y durante el proceso de investigación del homicidio, porque se obstaculizó la obtención de indicios (armas y documentos), así como manipular la versión real sobre los hechos, retraso de la verificación de lo ocurrido, y la individualización de los responsables.
Un testigo protegido afirmó que el coronel Raynel Enrique Fúnes Ponce, comandante del Batallón de Fuerzas Especiales de la Venta, Francisco Morazán, ordenó entregar otras armas a la Fiscalía (carabinas A2) en lugar de los fusiles Pietro Bereta M-16 que utilizaron los efectivos militares el día de los sucesos.
La Fiscalía asegura que los militares pretendieron ocultar la verdad y dilatar el proceso de investigación. Además generaron toda una manipulación para obstaculizar el proceso investigativo para que no se pudiera identificar a los culpables que participaron en el homicidio.
Otro testigo declaró que los coroneles Girón, Castro y Fúnes persuadieron a los militares “para que guardáramos silencio sobre la muerte del joven, eso fue el domingo 27 de mayo en horas de la tarde en el IHMA, porque ellos ya habían reportado al alto mando”.
El expediente del caso Yánez es el número 1311-2012 y la causa está abierta en el Juzgado de Letras de lo Penal de la Seccional Judicial de Tegucigalpa. El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) es el representante legal de la familia Yánes Cáceres y ha llevado a cabo las diligencias judiciales.
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