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Por PL
Suscrita el año anterior, la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres es quizás hoy de una las legislaciones más polémicas de Nicaragua, con partidarios netos, detractores y solicitantes de cambios a la norma jurídica.
A fines de enero de 2012, el Parlamento aprobó la normativa, unida a los ajustes correspondientes en el Código Penal, y su entrada en vigor ocurrió varios meses después, en las postrimerías de junio.
En términos sociales, podría afirmarse que el hecho funcionó como un aldabonazo para colocar en la mira de muchos un fenómeno extendido y de vieja data, aunque sin el suficiente coto institucional, en un contexto en que patrones culturales tienden a reproducir el fenómeno de la violencia, sobre todo en el ámbito intrafamiliar.
El más reciente pronunciamiento sobre el contenido de la ley ocurrió la víspera, cuando la agrupación denominada Las Asambleas de Dios anunció que recogerá al menos 50 mil firmas a fin de respaldar una petición de modificaciones ante la Asamblea Nacional.
Según refirió el presidente de esa organización cristiana, Saturnino Serrato, el espíritu de la ley es correcto, pero que se necesitan reformas para no dejar indefensos a los hombres.
La entidad evangélica dijo estar en desacuerdo con la violencia hacia las mujeres, pues transgrede los principios cristianos y acotó su disensión al texto jurídico, cuestionado también bajo el argumento de que atenta contra el matrimonio y la familia.
"Consideramos que esta ley conculca el derecho de igualdad absoluta entre el hombre y la mujer establecido en el artículo 48 de nuestra Constitución", indicó la protesta.
El reverendo Serrato aclaró que no buscan la reducción de penas ni la derogación de la ley, sino que pueda incluir trámites de investigación previa para corroborar los hechos.
"Aquí debemos dejar siempre bien claro: nosotros no estamos a favor de la actitud machista dominante, represiva, agresiva y violenta que hombres usan contra su pareja", manifestó el religioso, quien pidió una norma equilibrada.
De acuerdo con Wendy Puerto, también representante de las Asambleas de Dios, resulta necesario reformar la ley para establecer cuestiones como los trámites de mediación entre las partes en temas específicos como la violencia patrimonial y económica.
Al momento de su aprobación, los diputados apreciaron que la legislación concibe campañas educativas, castigos más severos a los culpables y medidas socioeducativas que eviten la reincidencia.
Según afirmaron, la visión resulta amplia al abordar fenómenos como agresión física, psicológica, sexual, patrimonial, económica y laboral.
Para la diputada Marta Marina González, titular de la Comisión de Juventud, Niñez y Familia del Parlamento, un elemento clave es la labor educativa, pues en Nicaragua "hay toda una cultura patriarcal, que viene de generación en generación, y esos valores negativos se ha venido transmitiendo y reproduciendo".
Dotar al país de una norma como esta, significa responder a "la demanda y el grito de las mujeres que se están sintiendo afectadas, unas, porque son asesinadas; otras, porque son violentadas físicamente, económicamente, laboralmente, sexualmente, y psicológicamente, entre otras cosas", respondió la legisladora en entrevista concedida una televisora local.
Consultada por periodistas, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, recalcó en días recientes que "la ley es para combatir la violencia, no es una ley contra los hombres", en alusión a distintas críticas.
"Me llama la atención cuando oigo a un pastor u otras personas de otras iglesias (decir) que la ley crea un desequilibrio en el hogar, pero no es la ley, es la violencia la que crea ese desequilibrio", expuso la magistrada, quien recordó que ninguna legislación por sí sola cambiará la situación.
Está por verse si el texto entrará o no en proceso de reforma; pero por lo pronto sería un éxito que la polémica resultara provechosa para ganar conciencia social sobre los abusos a la vista y favorecer del desarrollo de una cultura a favor de la equidad de género.
En términos sociales, podría afirmarse que el hecho funcionó como un aldabonazo para colocar en la mira de muchos un fenómeno extendido y de vieja data, aunque sin el suficiente coto institucional, en un contexto en que patrones culturales tienden a reproducir el fenómeno de la violencia, sobre todo en el ámbito intrafamiliar.
El más reciente pronunciamiento sobre el contenido de la ley ocurrió la víspera, cuando la agrupación denominada Las Asambleas de Dios anunció que recogerá al menos 50 mil firmas a fin de respaldar una petición de modificaciones ante la Asamblea Nacional.
Según refirió el presidente de esa organización cristiana, Saturnino Serrato, el espíritu de la ley es correcto, pero que se necesitan reformas para no dejar indefensos a los hombres.
La entidad evangélica dijo estar en desacuerdo con la violencia hacia las mujeres, pues transgrede los principios cristianos y acotó su disensión al texto jurídico, cuestionado también bajo el argumento de que atenta contra el matrimonio y la familia.
"Consideramos que esta ley conculca el derecho de igualdad absoluta entre el hombre y la mujer establecido en el artículo 48 de nuestra Constitución", indicó la protesta.
El reverendo Serrato aclaró que no buscan la reducción de penas ni la derogación de la ley, sino que pueda incluir trámites de investigación previa para corroborar los hechos.
"Aquí debemos dejar siempre bien claro: nosotros no estamos a favor de la actitud machista dominante, represiva, agresiva y violenta que hombres usan contra su pareja", manifestó el religioso, quien pidió una norma equilibrada.
De acuerdo con Wendy Puerto, también representante de las Asambleas de Dios, resulta necesario reformar la ley para establecer cuestiones como los trámites de mediación entre las partes en temas específicos como la violencia patrimonial y económica.
Al momento de su aprobación, los diputados apreciaron que la legislación concibe campañas educativas, castigos más severos a los culpables y medidas socioeducativas que eviten la reincidencia.
Según afirmaron, la visión resulta amplia al abordar fenómenos como agresión física, psicológica, sexual, patrimonial, económica y laboral.
Para la diputada Marta Marina González, titular de la Comisión de Juventud, Niñez y Familia del Parlamento, un elemento clave es la labor educativa, pues en Nicaragua "hay toda una cultura patriarcal, que viene de generación en generación, y esos valores negativos se ha venido transmitiendo y reproduciendo".
Dotar al país de una norma como esta, significa responder a "la demanda y el grito de las mujeres que se están sintiendo afectadas, unas, porque son asesinadas; otras, porque son violentadas físicamente, económicamente, laboralmente, sexualmente, y psicológicamente, entre otras cosas", respondió la legisladora en entrevista concedida una televisora local.
Consultada por periodistas, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, recalcó en días recientes que "la ley es para combatir la violencia, no es una ley contra los hombres", en alusión a distintas críticas.
"Me llama la atención cuando oigo a un pastor u otras personas de otras iglesias (decir) que la ley crea un desequilibrio en el hogar, pero no es la ley, es la violencia la que crea ese desequilibrio", expuso la magistrada, quien recordó que ninguna legislación por sí sola cambiará la situación.
Está por verse si el texto entrará o no en proceso de reforma; pero por lo pronto sería un éxito que la polémica resultara provechosa para ganar conciencia social sobre los abusos a la vista y favorecer del desarrollo de una cultura a favor de la equidad de género.
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