Honduras: Congreso podría destituir a operadores de justicia

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Por El Heraldo

La Comisión Especial del Congreso Nacional, encargada de analizar las ejecutorias de los representantes del sector justicia y seguridad, dio anoche su veredicto. 

La Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP),  el Ministerio Público, la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional, la Corte Suprema de Justicia, la Secretaría de Defensa y la Dirección de Investigación e Inteligencia fueron las evaluadas por la comisión. Sin embargo, las primeras dos son las que se llevaron la peor parte.

La Comisión recomendó en su informe improbar la conducta del titular de la DIECP, Eduardo Villanueva, y del fiscal general Luis Rubí. En ambos casos sugiere su destitución.

Según el informe, el director de la DIECP cometió una “falta grave” en el cumplimiento de la ley al haber delegado al director de la Policía Nacional la función de decidir a quiénes se les aplicarían las pruebas de confianza.

En la mira el MP

En el caso de Rubí señala que lo alcanzado por este funcionario representa resultados “totalmente inaceptables”.

La otra recomendación relacionada con el MP es su intervención y la creación de una nueva ley.

Estas acciones se materializarán este día cuando la Comisión Especial presentará un proyecto de decreto para que sea aprobado por el pleno, mediante el cual se crea la interventora y el plazo en que estará en funcionamiento, que puede ser de entre 90 y 120 días.

Sin embargo, a pesar de que en materia de seguridad los fracasos son significativos al mantenerse en el primer trimestre de 2013 una cifra de 1,586 personas muertas, para una relación de 18 personas fallecidas violentamente al día, las acciones sugeridas por el Congreso contra los titulares de Seguridad y la Policía Nacional no fueron drásticas.

Entre las recomendaciones hechas por la Comisión Especial se plantea también “declarar estado de emergencia en materia de seguridad ciudadana a efecto de que la comunidad internacional coadyuve con el Estado de Honduras en la lucha contra la criminalidad que abate al pueblo hondureño”.

Pero, además, se habla de la socialización de una superintendencia o instituto de aplicación de pruebas de confianza a los funcionarios y empleados del Poder Ejecutivo, Ministerio Público y Poder Judicial, a efecto de lograr la depuración de toda la cadena de operadores de justicia, certificando la idoneidad y conducta de los funcionarios que velan por la seguridad de la sociedad hondureña.

Ajetreado día

La Comisión Especial se reunió desde las 11:00 de la mañana e hizo varios borradores del informe, el que sufrió borrones y tachones. En algunos de estos borradores habían llegado al acuerdo de pedir no solo la salida del director de la DIECP, sino también la del fiscal Luis Alberto Rubí.

No obstante, hubo acuerdos al más alto nivel sobre la permanencia de Rubí, a quien le quitarán todos los poderes para dárselos a una comisión interventora y ,como expresó el congresista Renán Inestroza, la destitución del fiscal implicaba “violentar la institucionalidad”, cosa que el Congreso hizo cuando despidió a cuatro magistrados de la Sala Constitucional.

La sesión fue convocada a las 3:00 de la tarde, pero se inició pasadas las 8:00 de la noche. Durante largas horas hubo cabildeos entre las bancadas, tiempo en el cual el hemiciclo fue plaza de rumores y especulaciones debido a la desinformación generalizada de los diputados.

Esta desinformación no solo cundió entre los liberales y diputados de otros partidos, sino también entre los oficialistas. El diputado Oswaldo Ramos Soto lamentó que no se les informara nada y que un reducido grupo de personas decidan el destino de instituciones que le competen a todos los hondureños.

A las 4:00 de la tarde, los dirigentes de la Alianza por la Paz y la Justicia arribaron al Congreso, entre ellos la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, Aurora de Pineda, José Murillo y Omar Rivera, quienes lamentaron que no fueron invitados para conocer el informe.

Julieta Castellanos dijo que no recibieron invitación para escuchar el informe final, pero le pidieron el favor a German Leitzelar de que les consiguiera el permiso para estar presentes en el hemiciclo. Más tarde se reunieron con los jefes de bancada y la comisión especial, quienes les dieron a conocer el contenido del informe.

Tarde

Por lo avanzado de la noche, el documento apenas fue objeto de discusión. La existencia de dos informes, uno corregido, se puso en evidencia cuando el que leía el diputado Mario Pérez no concordaba con el que estaban exponiendo en las pantallas.

Varios congresistas, entre ellos el liberal Wenceslao Lara, afirmó que “si no se hace un desarme en el país, por muchos decretos y recomendaciones que se aprueben seguirá el derrame de sangre en Honduras, por lo que pidió que se tomara en consideración ese tema.

Gonzalo Rivera reclamó que en el informe no aparece el tema de los permisos que se otorgan a los privados de libertad, en su mayoría criminales, que salen a delinquir con el permiso de los directores de presidios.

El jefe de la bancada liberal, Yani Rosenthal, dijo que independiente de las decisiones que se tomen con respeto a la depuración de los órganos de justicia, se debe reforzar a los operadores de justicia que están frente de estas instituciones, por tanto pidió que se retome el tema de la creación de la Agencia Técnica de Investigación Nacional, sin perjuicio de que exista la Dirección de Investigación Criminal en la Policía.

Respecto a las pruebas de confianza, el diputado udeísta Sergio Castellanos expresó que las pruebas de confianza, psicométricas y patrimoniales deben aplicarse no solo a la cúpula policial sino también a los jueces y fiscales, pero que se apliquen con metas y que den resultados inmediatos.

En relación a las cámaras de seguridad, Castellanos expuso que es una prioridad que comiencen a funcionar y que el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad presente un plan de respuesta rápida para enfrentar a los criminales.