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Los familiares de las
víctimas del incendio en el penal de Comayagua convocaron para este
jueves una movilización hasta la sede del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, para reclamar cese la impunidad y que los responsables
sean castigados.
El Comité de Familiares de Víctimas del Centro Penal de Comayagua (Cofavico) exigió este miércoles al presidente de Honduras, Porfirio Lobo, se disculpe públicamente con cada una de las familias de los 362 reos que murieron en la tragedia ocurrida el 14 de febrero de 2012, hace exactamente un año.
"Estamos pidiendo al Presidente que pida perdón públicamente a los familiares y que presente a los responsables para que el Ministerio Público les deduzca las responsabilidades", expresó el presidente de la asociación, Geovani Vásquez.
En el marco del primer aniversario de la tragedia, los familiares convocaron para este jueves una movilización hasta la sede del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cuyo propósito es reclamar cese la impunidad en este caso y que los responsables sean castigados.
“No buscamos dinero como ha dicho el Gobierno, nosotros buscamos la verdad, descubrir qué en realidad pasó en ese centro penal”, enfatizó Vásquez, quien perdió a su hijo de 22 años, Noé.
El activista denunció también que el director del penal, el Comandante de la Guardia y el llavero -quien resguarda las llaves de la institución- son los principales responsables por las 362 muertes, además Lobo debido a la crítica situación carcelaria del país.
“A un año de lo sucedido en Comayagua, los responsables siguen gozando de plena libertad, algunos otros han sido premiados y nosotros no tenemos una respuesta contundente del Ministerio Público”, aseveró.
Asimismo, Vásquez agregó que otra preocupación en cada familia recae en desconocer si realmente sepultaron los cuerpos de sus parientes o restos equivocados. “Muchos no quieren creer que sus parientes siguen enterrados en esos hoyos. Yo abrí mi ataúd para ver si era el cuerpo de mi hijo, pero estaba irreconocible” recordó.
En tanto, Germán Rubio, quien también perdió a su hijo de 20 años, declaró a la prensa hondureña que como comité “ya se han presentado pruebas a las autoridades y no han hecho nada. Ese caso tiene que ir a los tribunales internacionales".
En horas de la noche de ese 14 de febrero, un incendio se desató en la prisión de Comayagua, ubicada en el departamento homónimo al norte de Tegucigalpa, donde residían 852 reclusos.
Las llaves de las celdas se extraviaron o confundieron y la tardanza en abrirlas fue fatal para la mayoría de los internos en cinco de las diez celdas
Aunque las celdas estaban diseñadas originalmente para albergar a 45 personas cada una, en ese entonces se hallaban sobrecargadas y algunas contenían hasta a 110 reos. Muchos de ellos murieron atrapados, calcinados o asfixiados por el humo.
Según organismos de derechos humanos y entidades estatales, las 24 cárceles hondureñas enfrentan severos problemas de hacinamiento, ya que fueron construidas para albergar a unos ocho mil presos, pero hoy mantienen alrededor de 13 mil, el 60 por ciento de ellos sin condena.
Según la Fiscalía, en el hecho hubo negligencia por parte del Estado de Honduras, a raíz del reducido número de guardias y la sobrepoblación del penal. Sin embargo, aún no existe persona alguna condenada por las muertes.
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