ONU rechaza decisión de justicia uruguaya de frenar ley sobre delitos de dictadura

"Me preocupa seriamente que estos hechos puedan restablecer las sombras de  la impunidad en un país que ha comenzado a conciliarse con la verdad y la  justicia", dijo la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Navi Pillay

Por AFP

La ONU, a través de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Navi Pillay, manifestó su preocupación  por la decisión de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay de declarar  inconstitucionales artículos de una ley de 2011 que había determinado que los delitos cometidos en la última dictadura (1973-1985) eran imprescriptibles.

"Estoy sorprendida y preocupada por este fallo de la Suprema Corte, que  declara inconstitucionales algunos artículos de la ley que permitió llevar ante  la justicia violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen  militar de 1973 a 1985, anulando así la amnistía de facto en el país", expresó  la Alta Comisionada, citada en un comunicado del organismo.

"Me preocupa seriamente que estos hechos puedan restablecer las sombras de  la impunidad en un país que ha comenzado a conciliarse con la verdad y la  justicia, para el pleno cumplimiento de sus obligaciones derivadas del derecho  internacional", añadió.

La decisión de la Corte, adoptada el viernes por cuatro votos contra uno,  "abre el camino para el cierre de las investigaciones en curso sobre  violaciones de derechos humanos, violando el derecho de las víctimas a la  verdad, justicia y reparación", sostuvo el comunicado.

"Esta alarmante noticia se produce solo días después de que la jueza Mariana Mota -quien ha estado a cargo de investigar cerca de 50 casos de  violaciones a los derechos humanos cometidas durante ese periodo- fuera  abruptamente trasladada por la Suprema Corte de su jurisdicción penal a un  tribunal civil", agregó el texto.

LA LEY

La ley cuestionada por la Suprema Corte fue aprobada en octubre de 2011 por  el oficialista Frente Amplio (izquierda) con la meta de derogar de hecho una  norma de 1986 que frenó durante años los juicios a militares por violaciones de  los derechos humanos, y cumplir con un fallo de la Corte Interamericana de  Derechos Humanos (Corte IDH) que ordenó a Uruguay investigar y juzgar los  delitos de la dictadura.

Los artículos considerados inconstitucionales declaraban los delitos  cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo de 1985  "crímenes de lesa humanidad de conformidad con los tratados internacionales" y  afirmaban que "no se computará plazo alguno, procesal, de prescripción o de  caducidad" para su juzgamiento.

La Corte justificó su decisión en que la cuestionada ley viola el principio  de no retroactividad establecido en la Constitución.