Honduras: Organizaciones campesinas demandan el acceso a la tierra y el cese a la violencia

defensoresenlinea.com

Por Marvin Palacios - Defensores en Línea

El campesinado hondureño está sometido a una crisis agraria y alimentaria de grandes dimensiones, unido a la represión, persecución, asesinatos, y criminalización de la lucha por la tierra.

Así lo manifestaron en conferencia de prensa desarrollada en la Vía Campesina, representantes de  diversas organizaciones que demandan el acceso a la tierra y el cese a la violencia en el Bajo Aguán y otras regiones del país.

Se calcula que de 4 millones de campesinos y campesinas, más de 2 millones están en situación de indigencia total. Y más de 300 mil familias no tienen acceso a la tierra.

“Desde hace más de 20 años viene acumulándose una problemática  de grandes dimensiones en  el campo, la Ley de Modernización  para el Desarrollo del Sector Agrícola aprobada en 1992 en el gobierno nacionalista de Rafael Leonardo Callejas desarticuló el proceso de reforma agraria y dividió al movimiento campesino”, expresa un comunicado distribuido a la prensa.

A partir de la aprobación de dicha ley “las grandes empresas entre ellas las cañeras, bananeras cuyos productos son orientados a la exportación, se apoderaron de las mejores tierras del país, pues es política de Estado la reconcentración de la tierra a manos del gran capital nacional y transnacional, esto trajo consigo el despojo de los campesinos y campesinas que tanto les había costado la adquisición de sus tierras”, señala el documento.

Añade que pese a la difícil situación del agro hondureño, el campesinado continúa en pie de lucha por la tierra, tal es el ejemplo de la Asociación de Campesinos Progreseños (ADCP) en donde unas 3 mil 500 familias entraron a un proceso de recuperación de 3 644.4 hectáreas de tierras propiedad del Estado de Honduras, pero que está en manos de la Azucarera del Norte S.A. (AZUNOSA).

Estas  familias fueron desalojadas y capturados 32 campesinos y campesinas, entre ellos varios menores de edad que  posteriormente fueron puestos en libertad bajo medidas cautelares. La ADCP esperó 6 meses para que se pronunciara el Consejo Nacional Agrario, pero esto no pasó, pese a que el Instituto Nacional Agrario (INA) emitió la resolución 50-2012 a favor de las familias en marzo de 2012. Tiempo después, el Consejo Nacional Agrario aceptó una solicitud de inafectabilidad a favor de AZUNOSA favoreciendo a dicha empresa e invocando un convenio bilateral suscrito entre el gobierno de Honduras y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte que ya prescribió, de acuerdo con lo expresado por los dirigentes campesinos.

Las organizaciones campesinas demandaron el respeto irrestricto a los derechos humanos de los campesinos y campesinas y que cese de una vez por todas la persecución y el derramamiento de sangre.

Además le hicieron un llamado a los 3 poderes del Estado para que interpongan sus buenos oficios y que paren tanto atropello hacia los campesinos y campesinas de Honduras.

El movimiento campesino instó al ministro del INA, César Ham para que deje de negociar a espaldas de ellos y ellas, ya que está afectando con sus acciones a miles y miles de familias que lo único que quieren es tierra para trabajar y poder alimentarse.

En el comunicado las organizaciones exigieron al Congreso Nacional la inmediata aprobación de la Ley de Transformación Agraria Integral presentada en octubre de 2011 por el movimiento campesino y al mismo tiempo lo instaron para que otorgue una audiencia para concertar y buscar solución a la problemática agraria.

Las organizaciones denunciaron que en lo que va del año (2013) en el Bajo Aguán han sido asesinados 4 campesinos cuyos nombres son: Luis Antonio Ramos (24), Manuel Antonio Pérez (27), Juan Pérez (41) y William Alvarado (23). Por otra parte denunciaron que durante el 2012 se produjeron cientos de desalojos a grupos campesinos en distintas regiones del país y de varias organizaciones campesinas como  el Movimiento Campesino de San Manuel Cortés (MOCSAM), la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) y la Asociación Nacional de Campesinos Hondureños (ANACH), entre otras.

Finalmente instaron al campesinado hondureño a permanecer en estado de alerta permanente ante la crisis política y social, así como también la inseguridad y la problemática pública que “nos está arrastrando a una crisis agraria y alimentaria sin precedentes”.