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Por lamarea.com
La Caixa arrasa el planeta, Justicia social y ambiental y Allibera’t de la banca. Estos tres mensajes colgados de la fachada de la sede central de CaixaBank en Barcelona un día de diciembre de 2011 les pueden costar a ocho activistas de Ecologistas en Acción ocho meses de cárcel y 2.400 euros a cada uno.
La acción no violenta tuvo lugar en el marco del Congreso Confederal de la organización ecologista. La idea era denunciar “la enorme acumulación de poder político y económico en el sector bancario”, así como la “responsabilidad directa que tiene esta entidad financiera con la situación española actual y la destrucción del medio ambiente global”.
El delito del que se les acusa es “allanamiento de establecimiento abierto al público”, tipificado en el código penal. Pero una de las abogadas, Anaïs Franquesa, niega que puede ser juzgada la acción desde este punto de vista, porque “nadie entró en el edificio, pues las pancartas se colgaron desde el exterior”.
Tom Kucharz, uno de los acusados, explica que aquella mañana CaixaBank llamó a los Mossos d’Esquadra, quienes identificaron a algunos de los más de 300 activistas que estaban apoyando la acción a las puertas de la entidad financiera. Niega que hubiese algún alboroto. No obstante, y pese a haber sido archivado el caso por el juez en un primer momento, el banco recurrió. La decisión está ahora en manos de la Audiencia Provincial, aunque todavía no se sabe cuándo habrá una sentencia en firme.
“Estamos acostumbrados a sufrir medidas de criminalización y represión de las acciones de desobediencia civil. Sinceramente, creo que buscan dar una lección ejemplarizante a partir de este suceso para atemorizar a la sociedad y desmovilizarla. Pero no va a funcionar”, asegura Kucharz.
Lo que Ecologistas en acción pretendía era señalar con el dedo “a una entidad financiera responsable de un gran número de muertes y desahucios, de la destrucción del planeta a través de sus participaciones en empresas dañinas como Repsol, Gas Natural–Fenosa o Abertis y de la especulación urbanística española que nos ha llevado a este periodo de miseria”, explica el activista.
Un manifiesto firmado por más de 200 asociaciones y organizaciones sociales, solicita que se archive la causa por considerarla legítima. “La discriminación en el uso del aparato judicial a favor del poder establecido no es nueva: mientras que las personas y/o entidades vinculadas a las élites político-financieras disponen de medios posibles para evadir sanciones (penales o económicas) -cuando no se les indulta-, a las personas que protestan para denunciar un orden injusto se les aplica con toda la dureza”, añade el texto suscrito por Izquierda Unida, ATTAC, Greenpeace y diferentes asambleas de barrio y plataformas vinculadas al 15-M, entre otros muchos.
“Es cierto que Ecologistas en Acción podía haber escogido otro medio para comunicar sus críticas a la entidad. Probablemente hubiera sido más efectivo que hubiese pagado anuncios en los medios de comunicación de masas, como hace CaixaBank. Sin embargo es obvio que Ecologistas en Acción, ni ningún otro movimiento social, tiene la capacidad económica para hacerlo”, explica la plataforma ecologista en su comunicado.
Tom Kucharz, uno de los acusados, explica que aquella mañana CaixaBank llamó a los Mossos d’Esquadra, quienes identificaron a algunos de los más de 300 activistas que estaban apoyando la acción a las puertas de la entidad financiera. Niega que hubiese algún alboroto. No obstante, y pese a haber sido archivado el caso por el juez en un primer momento, el banco recurrió. La decisión está ahora en manos de la Audiencia Provincial, aunque todavía no se sabe cuándo habrá una sentencia en firme.
“Estamos acostumbrados a sufrir medidas de criminalización y represión de las acciones de desobediencia civil. Sinceramente, creo que buscan dar una lección ejemplarizante a partir de este suceso para atemorizar a la sociedad y desmovilizarla. Pero no va a funcionar”, asegura Kucharz.
Lo que Ecologistas en acción pretendía era señalar con el dedo “a una entidad financiera responsable de un gran número de muertes y desahucios, de la destrucción del planeta a través de sus participaciones en empresas dañinas como Repsol, Gas Natural–Fenosa o Abertis y de la especulación urbanística española que nos ha llevado a este periodo de miseria”, explica el activista.
Un manifiesto firmado por más de 200 asociaciones y organizaciones sociales, solicita que se archive la causa por considerarla legítima. “La discriminación en el uso del aparato judicial a favor del poder establecido no es nueva: mientras que las personas y/o entidades vinculadas a las élites político-financieras disponen de medios posibles para evadir sanciones (penales o económicas) -cuando no se les indulta-, a las personas que protestan para denunciar un orden injusto se les aplica con toda la dureza”, añade el texto suscrito por Izquierda Unida, ATTAC, Greenpeace y diferentes asambleas de barrio y plataformas vinculadas al 15-M, entre otros muchos.
“Es cierto que Ecologistas en Acción podía haber escogido otro medio para comunicar sus críticas a la entidad. Probablemente hubiera sido más efectivo que hubiese pagado anuncios en los medios de comunicación de masas, como hace CaixaBank. Sin embargo es obvio que Ecologistas en Acción, ni ningún otro movimiento social, tiene la capacidad económica para hacerlo”, explica la plataforma ecologista en su comunicado.
Fuente: La Marea
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