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Por Rogéria Araújo | Adital
Incluso con una clara oposición de la población hondureña, la Ley de
Minería fue aprobada el último 23 de enero y sigue generando polémica entre las
organizaciones que lucharon y resistieron su aprobación.
En el contexto
latinoamericano la industria minera viene destruyendo poblaciones y aumentando los
conflictos en los pueblos originarios.
El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) –que sigue
casos criminales en países como Chile y Argentina– afirmó, ante la aprobación,
que la oposición a esta industria ha crecido considerablemente dado que el
pueblo es conciente de que estos tipos de inversiones agreden el patrimonio
natural de las poblaciones vulnerables.
"Esta actividad no respeta derechos, destruye la base de subsistencia de
las personas e inhibe las posibilidades del buen vivir de las comunidades en
sus territorios. Cada nuevo proyecto minero viene, sin duda, acompañado por un
conflicto con las comunidades donde los gobiernos se alinean con las empresas
transnacionales”, destaca el Observatorio.
En relación con esto, los números son muy expresivos. Según la base de
datos del OCMAL los conflictos mineros en la región latinoamericana llegan a
120 y ocurren en 15 países.
En el caso de Honduras la cuestión no será diferente. Como un país que
continúa bajo los efectos de un golpe de estado instaurado en 2009, la economía
sigue oscilante y la coyuntura política se encamina a prácticas de gobiernos
neoliberales que ven en el enlace con las grandes empresas transnacionales la
solución de sus crisis.
"Esta ley constituye un enorme retroceso en la protección ambiental y
social de Honduras y es un reflejo de los poderes de hecho y económicos que rigen
los destinos del país contra la voluntad y los verdaderos intereses de la mayoría
de los habitantes que quieren un desarrollo sustentable y con igualdad para
toda la población, especialmente las más vulnerables”, se afirma en el
comunicado.
El Observatorio agrega que existe una atención especial de toda América
Latina orientada hacia Honduras y de solidaridad con su población. Los
movimientos organizados están listos para denunciar cualquier acción que atente
contra la seguridad personal, social y ambiental de esta población.
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