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El Acuerdo firmado recientemente por el Presidente Otto Pérez Molina para limitar la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Guatemala cierra la puerta a la justicia para miles de víctimas en el país, dijo hoy Amnistía Internacional.
El Acuerdo Gubernativo 370-2012 limita la competencia de la Corte Interamericana a hechos ocurridos después de 1987, cuando el Estado de Guatemala reconociera la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Sin embargo, es jurisprudencia de esta Corte, desde los primeros casos resueltos por la misma, que cuando se trate de un “delito permanente” o de una “situación continuada,” como es el caso de la desaparición forzada de personas, que contiene hechos y efectos posteriores a la fecha de reconocimiento de su competencia, entonces le corresponde pronunciarse, como la Corte ha hecho desde entonces en reiteradas ocasiones.
El conflicto armado interno, que dejó un saldo de más de 200,000 muertos (entre ellos aproximadamente 45,000 desaparecidos) duró desde 1960 hasta 1996, cuando se firmaron los Acuerdos de Paz. La mayor parte de estas graves violaciones de derechos humanos se cometieron antes de 1987 y permanecen impunes.
En efecto, este Acuerdo dejará a las miles de víctimas de casi 30 años de conflicto que siguen clamando justicia, sin acceso a la Corte – su último recurso si el sistema judicial en Guatemala les niega justicia.
Como órgano judicial autónomo de la Organización de los Estados Americanos, es la Corte Interamericana quien tiene autoridad para resolver la interpretación y aplicación de la Convención Americana y otros instrumentos legales relevantes. El Estado guatemalteca tiene el derecho de litigar casos ante el sistema interamericano con todos los medios a su alcance y de buena fe, pero no puede decidir unilateralmente aplicar la Convención en la manera que más le conviene, ignorando la competencia de la Corte y su jurisprudencia.
“El gobierno de Pérez Molina pretende extender la impunidad para violaciones de derechos humanos cometidas en el conflicto interno armado, que incluyeron genocidio, masacres, desapariciones forzadas, violencia sexual y tortura,” dijo Sebastián Elgueta, investigador sobre Guatemala de Amnistía Internacional.
“Un Acuerdo Gubernativo de esta naturaleza desconoce la esencia misma del sistema interamericano de protección, el carácter vinculante de las decisiones de la Corte Interamericana, y carece por tanto de todo efecto jurídico. La patente ilegalidad del Acuerdo Gubernativo adoptado por el órgano ejecutivo guatemalteco hace necesario que el mismo sea dejado sin efecto prontamente.”
Varios casos de graves abusos a los derechos humanos que ocurrieron antes de 1987 están actualmente en espera de una decisión de la Corte Interamericana, y la Corte dictó sentencia en tres casos emblemáticos, todos cuyos hechos tuvieron inicio antes de 1987, en los últimos cuatro meses de 2012. El nuevo acuerdo dejará las sentencias en estos casos sin implementar y podría detener el cumplimiento de algunas de las medidas de reparación que actualmente reciben familiares de víctimas de abusos.
“La intención de limitar la capacidad del sistema interamericano de cumplir con su esencial función de protección de los derechos humanos es una afronta a cientos de miles de víctimas del conflicto, todavía en esperas de que el Estado de Guatemala cumpla con sus obligaciones en materia de justicia, verdad y reparación,” dijo Sebastián Elgueta.
Amnistía Internacional llama al Presidente y Comandante General del ejército de Guatemala a romper el ciclo de la impunidad, y colaborar con esfuerzos existentes para localizar a los desaparecidos y proveer información que contribuya a determinar responsabilidades criminales por los crímenes de lesa humanidad que ocurrieron durante el conflicto interno armado.
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