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Por Equipo Otramérica
El Tambor es un proyecto que se pretende desarrollar rn los límites municipales de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo (Departamento de Guatemala).
Los vecinos de la zona llevan meses haciendo turnos para evitar que entren o salgan vehículos de la mina y han exigido a las autoridades una consulta pública.
A finales de octubre el alcalde de San Pedro Ayampuc, Roberto Aquino, había prometido dicha consulta. Hoy, la respuesta del Gobierno ha sido la violencia y la detención de los líderes comunitarios Milton Carrera, de 40 años, Francisco Oliva Flores, 57, Tomás Aquino, 57, Israel Oliva, de 71 años e Isabel Muralles.
A finales de octubre el alcalde de San Pedro Ayampuc, Roberto Aquino, había prometido dicha consulta. Hoy, la respuesta del Gobierno ha sido la violencia y la detención de los líderes comunitarios Milton Carrera, de 40 años, Francisco Oliva Flores, 57, Tomás Aquino, 57, Israel Oliva, de 71 años e Isabel Muralles.
Ya a mediados de noviembre el Comité de Unidad Campesina (CUC) de Guatemala denunciaba “las constantes amenazas e intimidaciones que sufren pobladores de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc que defienden su territorio de la explotación minera y que fue objeto para que los asesores jurídicos del Comité de Unidad Campesina (CUC), presentaran un Recurso de Exhibición Personal a su favor. De acuerdo con los comunitarios, desde el 14 de noviembre unas 200 personas que se dicen ser trabajadores de la mina Progreso Derivada VII o proyecto minero El Tambor, encabezadas por el militar Pablo Silas Orozco, les están violando la libertad de locomoción e intentando retener a los pobladores de comunidades aledañas a la minera”.
Hoy, en un llamado urgente las organizaciones de la zona denunciaban que los policías “están lanzando gases lacrimógenos contra la gente, mientras trabajadores de la Empresa Kappes Cassiday & Associates – “KCA” – Exmingua S.A. impiden el paso. (…) Alertamos y pedimos la presencia de bomberos voluntarios y cuerpos de socorro, pues ya hay niños y niñas intoxicadas, según información de personas de las comunidades”.
La Coordinación de ONG y Cooperativas (Congecoop) ha denunciado la represión policial y se ha solidarizado con los campesinos de la comunidad La Puya, San pedro Ayampuc, y exigen que se detenga esta acción. Varios ciudadanos han realizado un plantón soldiario con La Puya frente al Ministerio de Gobernación para rechazar el desalojo efectuado hoy en horas de la mañana.
La versión del Gobierno parece más cercana a la empresa que a la población civil ya que, según el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, la falta de acuerdos en una mesa de negociación ha provocado la pérdida de casi 3 millones de dólares para la empresa que mantiene la mina sin poder operarla. El ministro asegura que no se ha llegado a ningún acuerdo ya que "ha habido grupos radicales que quieren que el estado actúe contrario a la ley y los compromisos del Estado", según señala Prensa Libre.
Hoy, en un llamado urgente las organizaciones de la zona denunciaban que los policías “están lanzando gases lacrimógenos contra la gente, mientras trabajadores de la Empresa Kappes Cassiday & Associates – “KCA” – Exmingua S.A. impiden el paso. (…) Alertamos y pedimos la presencia de bomberos voluntarios y cuerpos de socorro, pues ya hay niños y niñas intoxicadas, según información de personas de las comunidades”.
La Coordinación de ONG y Cooperativas (Congecoop) ha denunciado la represión policial y se ha solidarizado con los campesinos de la comunidad La Puya, San pedro Ayampuc, y exigen que se detenga esta acción. Varios ciudadanos han realizado un plantón soldiario con La Puya frente al Ministerio de Gobernación para rechazar el desalojo efectuado hoy en horas de la mañana.
La versión del Gobierno parece más cercana a la empresa que a la población civil ya que, según el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, la falta de acuerdos en una mesa de negociación ha provocado la pérdida de casi 3 millones de dólares para la empresa que mantiene la mina sin poder operarla. El ministro asegura que no se ha llegado a ningún acuerdo ya que "ha habido grupos radicales que quieren que el estado actúe contrario a la ley y los compromisos del Estado", según señala Prensa Libre.
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