Comunicado
Las organizaciones internacionales firmantes condenamos el asesinato del abogado y defensor de derechos humanos de campesinos y campesinas, Antonio Trejo y del fiscal especial para los derechos humanos del departamento de Choluteca, Eduardo Díaz Mazariegos.
En la noche del sábado 22 de septiembre del 2012, el representante legal del Movimiento Auténtico Reivindicador del Aguán (MARCA) Antonio Trejo (41 años) fue asesinado a balazos cuando se encontraba en las inmediaciones del aeropuerto Toncontín, en Tegucigalpa.
El abogado Trejo representó legalmente a las cooperativas campesinas de la región del Bajo Aguán integrantes del MARCA, en su lucha por el acceso a la tierra para realizar su derecho humano a la alimentación y vivienda, entre otros. Tras 18 años de litigio, el abogado Trejo logró que el Juzgado de Letras Civil de Francisco Morazán y el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo dictaran sentencias confirmando que la adquisición de las fincas San Isidro, La Trinidad y El Despertar, con una extensión total de 1.776 hectáreas, por parte de los empresarios Miguel Facussé y René Morales era ilegal y restituyen el derecho a la tierra de los campesinos y campesinas.
El pasado 29 de junio, fuerzas de seguridad pública de Honduras entregaron las tres fincas a los campesinos del MARCA, en ejecución de las sentencias firmes dictadas a su favor.
No obstante, abusando de los recursos legales que el sistema hondureño ofrece para tornar ineficaz la protección judicial de los campesinos y campesinas, los empresarios interpusieron demandas de amparo para revertir la restitución de tierras. Más grave aún, dichos amparos fueron arbitrariamente concedidos, en contra de lo que establece el ordenamiento legal hondureño, revirtiendo así la restitución de las tierras y ordenando el desalojo contra los campesinos y campesinas del MARCA.
El Informe de la Misión de Verificación Internacional dio cuenta de las amenazas que el abogado Trejo recibió contra él y su familia. Esto también fue denunciado por el mismo abogado Trejo ante autoridades estatales como la Dirección General de la Investigación Criminal; y ante la señora Margaret Sekaggya, Relatora Especial de la ONU, ante quien denunció la situación de los defensores de derechos humanos en el Bajo Aguán. Desde la emisión de las sentencias favorables a los campesinos y campesinas del Bajo Aguán, las amenazas contra el abogado Trejo y su familia se intensificaron.
El 24 de septiembre de 2012, el fiscal especial para los derechos humanos del departamento de Choluteca, Eduardo Díaz Mazariegos, fue asesinado a balazos por desconocidos, en las inmediaciones del Ministerio Público en la ciudad de Choluteca, Honduras.
Las organizaciones internacionales hemos realizado un monitoreo constante de la situación en el Bajo Aguán, inter alia, mediante la Misión Internacional de Verificación sobre la situación de Derechos Humanos en el Bajo Aguán, realizada en marzo de 2011 , y la Audiencia Pública Internacional sobre la situación de derechos humanos de las comunidades campesinas del Bajo Aguán , realizada el 28 de mayo del año en curso en Tocoa, Colón.
Según nuestra documentación, 54 personas afines y afiliadas a las organizaciones campesinas del Bajo Aguán, más un periodista y su pareja, han sido asesinados desde septiembre de 2009 hasta la fecha en el marco del conflicto agrario que aqueja a la región. Además, un campesino continúa desaparecido desde el 15 de mayo de 2011.
Observamos con preocupación que según datos proporcionados por la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, no se ha realizado ninguna investigación imparcial ni seria de estos crímenes.
Las organizaciones firmantes hacemos un llamado urgente a las instituciones estatales para investigar de manera imparcial y expedita el asesinato del abogado Antonio Trejo y del fiscal Eduardo Díaz Mazariegos, sancionar a los responsables mediatos e inmediatos de estos crímenes, así como proporcionar las medidas de reparación integral para sus familias.
Asimismo, reiteramos las recomendaciones incluidas en la Declaración de la Audiencia Pública sobre la situación de los derechos humanos de las comunidades campesinas en el Bajo Aguán, realizada el 28 de mayo de 2012 en Tocoa, Honduras:
Al Estado hondureño:
a. Investigar y sancionar de forma seria y expedita todos los crímenes y demás violaciones graves de derechos humanos cometidas en el Bajo Aguán, incluyendo la condena de los autores materiales e intelectuales de estos hechos.
b. Cesar de inmediato la represión, hostigamiento y la violencia contra los y las integrantes de las comunidades campesinas.
c. Adoptar medidas efectivas que brinden protección a las personas en riesgo.
d. No emprender más desalojos forzosos.
e. Buscar una solución integral, justa, pacífica y sostenible a las demandas campesinas, mediante el cumplimiento de las disposiciones legales y de los compromisos políticos acordados con las organizaciones campesinas.
f. Regular debidamente el funcionamiento de las empresas de seguridad privada para garantizar el pleno respeto de los derechos humanos.
h. Invitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que realice una visita in loco.
A la Comunidad Internacional:
• Procurar que la cooperación internacional bilateral y multilateral que se brinda al Estado hondureño y a las compañías privadas, no contribuya a violaciones de derechos humanos, y esté condicionada al respeto irrestricto de los mismos.
• Revisar por parte de la cooperación internacional y bancos multilaterales, todos sus acuerdos de cooperación financiera con las fuerzas de seguridad pública y las empresas privadas, presuntamente involucradas en actos de violencia, hostigamiento y violaciones de derechos humanos en la región.
• Promover, en el marco de la cooperación, en particular de la Unión Europea y de Estados Unidos, un concepto de seguridad basada en la promoción de justica y del pleno respeto de los derechos humanos.
• Suspender la cooperación internacional que promueve la militarización y que agrava la situación de derechos humanos, en particular en el caso de la asistencia militar de Estados Unidos.
Las organizaciones internacionales seguiremos monitoreando con mucha atención la situación del Bajo Aguán, tomando en consideración que el conflicto agrario del Bajo Aguán es el más grave, en términos del grado de violencia en contra de las y los campesinos en Centro América, en los últimos 15 años.
APRODEV (Asociación de Agencias de Desarrollo ligadas al Consejo Mundial de Iglesias)
CDM Watch
CIFCA (Iniciativa de Copenhague para América Central y México)
FESPAD (Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho)
FIAN Internacional (Organización Internacional por el Derecho a la Alimentación)
LAWG (Latin America Working Group)
La Vía Campesina
OBS (Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos)
PIDHDD (Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo)
Rel-UITA (Regional latinoamericana de la Unión Internacional de los Trabajadores de la Alimentación,
Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines)
Sister of Mercy
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