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Un grupo de profesionales del derecho, defensoras de derechos humanos y dirigentes del movimiento organizado del país acompañaron la acción de interponer un nuevo recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra el decreto legislativo número 283-2010, ratificado con el decreto número 4-2011, mediante los cual se reforma la Constitución de la República para crear las Regiones Especiales de Desarrollo (RED), más conocidas como ciudades modelo.
El abogado Oscar Humberto Cruz Sánchez, en representación de la periodista Carmen Gabriela Díaz Sánchez, interpuso una garantía de inconstitucionalidad por vía de acción, en forma total y por razón de contenido en contra de los decretos antes expuestos por considerar que éstos afectan disposiciones irreformables como los relativos al territorio nacional y a la forma de gobierno, contemplados en el artículo 374 constitucional y los artículos 304 y 329.
El recurso señala que el Congreso Nacional se excedió en sus funciones delegadas por el Soberano y que violentó una serie de artículos constitucionales y Tratados Internacionales para vulnerar los derechos del pueblo hondureño y entregar la soberanía del territorio, a empresas mercantiles extranjeras.
“Las Regiones Especiales de Desarrollo serán el resultado de verdaderas e inequívocas transacciones mercantiles impulsadas con capital nacional y principalmente extranjero que incluyen ineludiblemente el territorio nacional como cosa mercantil, pues bajo esa óptica se concibe su desarrollo”, sostiene el recurso.
La reforma conducida por el poder Legislativo que preside Juan Orlando Hernández se contrapone a los artículos 13 y 19 de la Constitución de la República, pues conlleva la enajenación del territorio nacional.
Las inversiones extranjeras que se espera captar a partir de las condiciones creadas por las Regiones Especiales de Desarrollo (RED) , implican para el Estado de Honduras, enajenar el territorio nacional, lo que expresamente lo prohíbe nuestra Constitución en sus artículos irreformables números 13 y 19 que disponen: Artículo 13 “En los casos a que se refieren los artículos anteriores (territorio nacional), el dominio del Estado es inalienable e imprescriptible” y artículo 19 “Ninguna autoridad puede celebrar o ratificar tratados u otorgar concesiones que lesionen la integridad territorial, la soberanía e independencia de la República.- Quien lo haga será juzgado por el delito de traición a la patria. La responsabilidad en este caso es imprescriptible.”
El Congreso Nacional pretende dar posesión a extranjeros cerca de nuestras costas
La mayor promoción de las “charter city” o “Ciudades Modelo” como denominan a las Regiones Especiales de Desarrollo (RED), sus principales impulsadores desde el Poder Legislativo y Ejecutivo, es la de asegurar a los inversionistas extranjeros la autonomía territorial, organizativa y funcional, lo que implica necesariamente ceder a favor de los inversionistas, principalmente extranjeros, parte del territorio nacional, es decir, “enajenar o conceder” parte del territorio nacional, expone el recurso de inconstitucionalidad.
La soberanía, que el artículo 2 de la Constitución reconoce como un atributo exclusivo del pueblo como autoridad suprema, se ejerce en la totalidad del territorio nacional que le pertenece, al respecto, las RED (o ciudades modelo ) mediante la reforma constitucional impugnada, cercenan el territorio y violentan la soberanía, pues el pueblo (único soberano) dejará de ejercer su autoridad en esa circunscripción.
Las “RED” privatizarán el Estado de Honduras
Y como la reforma no pone límites al número de Regiones Especiales de Desarrollo que se puedan crear, con el transcurso de los años, el Estado de Honduras ya no tendrá la división política actual de 18 departamentos, sino de Regiones Especiales de Desarrollo, con lo que se habrá privatizado el Estado de Honduras y por lo tanto habrá desaparecido como tal para dar paso a una gran corporación mercantil.
Sin duda, la reforma al artículo 329 es inconstitucional en virtud de que siempre implicará, aun bajo los subterfugios que se les pueda ocurrir a los interesados, enajenar el territorio nacional.
El recurso apunta que la Asamblea Nacional Constituyente (El pueblo reunido) como poder originario proclamó que la soberanía corresponde al pueblo en virtud de que no puede ser de otra manera, y que la ejerce en todo el territorio nacional; el Poder Constituido (Congreso Nacional) no puede, siendo apenas su representante sin los atributos del representado (el pueblo), limitar a la autoridad suprema e impedir que ejerza, sin restricciones de ningún tipo, sus potestades en todo el territorio nacional.-
Por otra parte, el recurso señala en sus puntos medulares que las reformas a los artículos 304 y 329 trascienden su ámbito original y vulneran la soberanía como fuente primaria de la forma de gobierno. La soberanía corresponde al pueblo (artículo 2 constitucional) del cual emanan, como forma de gobierno, todos los poderes del Estado, y siendo el Estado de Honduras una república (artículo 1 constitucional) y no una monarquía o una sociedad mercantil; no puede la soberanía radicar ni delegarse en una persona o en un grupo de personas como las que pudieran radicar en las RED, o en la ficción de una persona jurídica, ni siquiera bajo la figura de la representación.-
“Por ello, tampoco los Poderes del Estado que son únicamente sus representantes, pueden suplantar al pueblo y mucho menos excluirlo de las decisiones en asuntos trascendentales y tampoco de los que no lo son, como lo hace al disponer flagrantemente que el Estatuto Constitucional de las Regiones Especiales de Desarrollo “sólo podrá ser modificado, reformado, interpretado o derogado, previo referéndum a los ciudadanos que habiten la Región Especial de Desarrollo de que se trate”
Y entonces, ¿qué pasará con el pueblo del Estado de Honduras que estaría fuera de las Regiones Especiales de Desarrollo?, ¿será que a partir de ahora se le despoja de su atributo esencial que es la soberanía y por lo tanto queda derogado el artículo constitucional 2 que proclama “La soberanía corresponde al pueblo del cual emanan todos los poderes del Estado que se ejercen por representación…?”.
El escrito presentado ante la Sala de lo Constitucional también apunta que las reformas a los artículos constitucionales 304 y 329 vulneran las atribuciones de los Poderes del Estado constituidos soberanamente como forma de gobierno.
El decreto que crea las Ciudades Modelos también trasgrede el artículo 107 ya que la Constitución establece que ningún extranjero podrá adquirir tierras a 40 kilómetros de las costas al interior del territorio nacional y establece además que en ningún tiempo podrán crearse órganos jurisdiccionales de excepción.
Otros profesionales del derecho y dirigentes sociales interpusieron recursos de inconstitucionalidad como la abogada Karla Escalante, la Directora Ejecutiva del Centro de Derechos de Mujeres (CDM) Gilda Rivera y Lorena Zelaya. También acompañaron las acciones Betty Matamoros, la periodista Sandra Maribel Sánchez, el dirigente obrero Carlos H. Reyes y la canta-autora hondureña Karla Lara, entre otras.
La oposición frontal a las Ciudades Modelos fue iniciada hace varios meses por la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH) acompañada del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP) y en las últimas semanas ese rechazo a las Ciudades Modelos e ha manifestado a través de varios recursos de inconstitucionalidad interpuestos ante la Corte Suprema de Justicia.
En las últimas horas el presidente del Congreso Nacional anunció que en el departamento de Cortés en Cuyamel se instalará la primera “Ciudad Modelo” de inversionistas estadounidenses.
La Comisión para la Promoción de Alianzas Público-Privadas (Coalianza) y ejecutivos de la empresa NKG de Estados Unidos, firmaron el martes 4 de septiembre un convenio para la construcción en Honduras de la primera Red Especial de Desarrollo o Ciudad Modelo.
En el Congreso Nacional se firmó el convenio para emprender el proyecto de ciudades modelo o chárter y estuvo como testigo de honor el presidente del Poder Legislativo Juan Orlando Hernández.
“Es un momento de gran trascendencia para nuestro país, para esta generación de hondureños y para la generación de políticos, académicos, asesores que decidimos tirar la vista al futuro y no tenerle temor al cambio”, dijo Hernández.
El también aspirante presidencial por el partido Nacional reveló que “hay tres posibles sitios: la región del Valle de Sula, la región adyacente a Puerto Castilla, ya sea en Sico-Paulaya o el valle de Agalta; y la región del sur de Honduras. Hay que estar cerca de puertos y en eso los hondureños tenemos muchas facilidades”.
Michael Strong, ejecutivo de NKG, expresó que “trabajaremos de cerca con el gobernador de la ciudad modelo para asegurar que la región pueda contar con la mejor policía, la mejor jurisprudencia y transparencia. La meta principal de nuestro proyecto es crear la base para una comunidad segura y próspera para los hondureños”.
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