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La
transnacional podría encontrar en Brasil un límite hasta ahora
impensado: cinco millones de productores de soja le reclaman una fortuna
por “apropiación indebida” de regalías
Por Daniel Gatti - Rel-UITA
En juego están unos 7.500 millones de dólares que los sembradores de soja de todo tamaño (pequeños, medianos y grandes), podrían cobrar de manos de la mayor empresa de agroquímicos del planeta.
En abril pasado, un juez de primera instancia de Rio Grande do Sul, Giovanni Conti, que entendía en un pleito presentado tres años antes por productores sojeros de ese estado, ordenó a la transnacional estadounidense dejar de cobrar regalías por la patente que detenta sobre una semilla de soja transgénica.
La patente, falló el magistrado, estaba vencida
desde 2003. Conti intimó entonces a la empresa no solo a dejar de
percibir el canon correspondiente (2 por ciento de la producción
generada a partir de esa semilla) sino a devolver el dinero recaudado
desde 2004, es decir unos 2.000 millones de dólares.
La transnacional apeló, pero a mediados de junio la Suprema Corte de Justicia de Brasil extendió la validez del fallo del tribunal riograndense a todo el territorio nacional.
Si la resolución de abril quedara firme, Monsanto debería pagar a los cinco millones de productores brasileños de soja –ya no únicamente a los miles de Rio Grande- unos 7.500 millones de dólares.
Todavía se está lejos de una resolución definitiva –se estima que antes de fines de 2013 no habrá novedades- pero la transnacional, que figura en la lista de las más resistidas y boicoteadas por los pequeños y medianos agricultores de todo el planeta, podría llegar a conocer un revés que jamás soñó.
De demandante a demandada
Habitualmente sucede a la inversa: es Monsanto la que denuncia a los agricultores ante la justicia para cobrar las regalías sobre los paquetes tecnológicos que les vende.
“Cuando no gana, presiona, chantajea, atemoriza, pero es raro que no termine saliéndose con la suya, porque allí donde se instala acaba montando un circuito redondo del que es difícil que alguien pueda salir”, dice Marie Monique Robin, una periodista francesa “especializada” en esta transnacional y autora de investigaciones como “El mundo según Monsanto”.
La historia de la transnacional en Brasil es, acaso, curiosa. Su soja genéticamente modificada, que comenzó a producir en los primeros años noventa en Estados Unidos, ingresó al país de contrabando desde Argentina hacia finales de esa década.
Durante varios años las semillas transgénicas de la oleaginosa estuvieron prohibidas en Brasil, pero no hubo esfuerzo que las frenara.
En 2005, el gobierno del presidente Lula da Silva legalizó el cultivo, según alegó porque no podía combatir el hecho consumado de su imposición, y después destinó millones y millones de dólares a desarrollarlo. A tal punto, que Brasil es hoy el segundo productor y exportador mundial de soja transgénica, que 17 de los 25 estados del país están sembrados con ella y que la famosa hojita verde de laboratorio genera el 26 por ciento de las exportaciones agropecuarias brasileñas.
La soja Roundup Ready (RR), genéticamente modificada para resistir al herbicida Roundup, fabricado por la propia transnacional, ocupa casi el 90 por ciento de los 25 millones de hectáreas de territorio brasileño sembradas con la oleaginosa.
Por usar esa semilla patentada, los productores brasileños deben pagarle un 2 por ciento de su cosecha anual en royalties al comprarla, y otro 2 por ciento cuando venden su cosecha.
"La ley prevé el derecho de los productores de multiplicar las semillas que compran, y en ninguna parte del mundo se cobra con la producción final. Los productores están pagando un impuesto privado sobre la producción", comentó una de las abogadas de los productores demandantes, Jane Berwanger.
Paradójicamente, Monsanto no debe hacer frente esta vez en Brasil a ninguno de sus oponentes tradicionales (agricultores familiares, productores de otros rubros, sindicatos, grupos ambientalistas, movimientos sociales, comunidades nativas) sino a quienes son objetivamente sus aliados, los productores sojeros que han incorporado sin mayor drama una tecnología que multiplica sus ganancias.
“No hay como Monsanto para esquilmar”, decía recientemente la francesa Robin.
Más allá de esta situación, no se escucha entre los sojeros reclamos por los daños sanitarios y ambientales generados por los productos que Monsanto elabora y ellos utilizan, o por el desplazamiento hacia las periferias urbanas de decenas de miles de campesinos expulsados por el avance de la soja, o por la amenaza que la oleaginosa representa para el Cerrado, un área de 2 millones de quilómetros cuadrados que concentra el 5 por ciento de la biodiversidad mundial.
Aun así, dijo un productor lechero de una pequeña localidad de Rio Grande, “toda dificultad de Monsanto hay que celebrarla”. Máxime cuando no es la única que la transnacional enfrenta en Brasil, y en especial en ese estado del sur del país.
A fines de agosto, un tribunal de segunda instancia de la ciudad de Porto Alegre condenó a la empresa a pagar al Estado 500.000 reales (unos 250.000 dólares) por una “publicidad engañosa” sobre la soja transgénica.
El aviso, de 2004, promovía las “bondades” del producto de laboratorio cuando éste todavía estaba prohibido en Brasil.
Monsanto "enalteció un producto cuya venta estaba prohibida y no aclaró que sus pretendidos beneficios son muy cuestionados en el medio científico", dice el fallo del juez instructor del caso, Jorge Antonio Maurique.
Si la sentencia es ratificada, Monsanto deberá pagar el cuarto de millón de dólares y además difundir una publicidad en la que consten los efectos negativos de los productos con los que modifica las semillas de soja.
Fuente: Rel-UITA
La transnacional apeló, pero a mediados de junio la Suprema Corte de Justicia de Brasil extendió la validez del fallo del tribunal riograndense a todo el territorio nacional.
Si la resolución de abril quedara firme, Monsanto debería pagar a los cinco millones de productores brasileños de soja –ya no únicamente a los miles de Rio Grande- unos 7.500 millones de dólares.
Todavía se está lejos de una resolución definitiva –se estima que antes de fines de 2013 no habrá novedades- pero la transnacional, que figura en la lista de las más resistidas y boicoteadas por los pequeños y medianos agricultores de todo el planeta, podría llegar a conocer un revés que jamás soñó.
De demandante a demandada
Habitualmente sucede a la inversa: es Monsanto la que denuncia a los agricultores ante la justicia para cobrar las regalías sobre los paquetes tecnológicos que les vende.
“Cuando no gana, presiona, chantajea, atemoriza, pero es raro que no termine saliéndose con la suya, porque allí donde se instala acaba montando un circuito redondo del que es difícil que alguien pueda salir”, dice Marie Monique Robin, una periodista francesa “especializada” en esta transnacional y autora de investigaciones como “El mundo según Monsanto”.
La historia de la transnacional en Brasil es, acaso, curiosa. Su soja genéticamente modificada, que comenzó a producir en los primeros años noventa en Estados Unidos, ingresó al país de contrabando desde Argentina hacia finales de esa década.
Durante varios años las semillas transgénicas de la oleaginosa estuvieron prohibidas en Brasil, pero no hubo esfuerzo que las frenara.
En 2005, el gobierno del presidente Lula da Silva legalizó el cultivo, según alegó porque no podía combatir el hecho consumado de su imposición, y después destinó millones y millones de dólares a desarrollarlo. A tal punto, que Brasil es hoy el segundo productor y exportador mundial de soja transgénica, que 17 de los 25 estados del país están sembrados con ella y que la famosa hojita verde de laboratorio genera el 26 por ciento de las exportaciones agropecuarias brasileñas.
La soja Roundup Ready (RR), genéticamente modificada para resistir al herbicida Roundup, fabricado por la propia transnacional, ocupa casi el 90 por ciento de los 25 millones de hectáreas de territorio brasileño sembradas con la oleaginosa.
Por usar esa semilla patentada, los productores brasileños deben pagarle un 2 por ciento de su cosecha anual en royalties al comprarla, y otro 2 por ciento cuando venden su cosecha.
"La ley prevé el derecho de los productores de multiplicar las semillas que compran, y en ninguna parte del mundo se cobra con la producción final. Los productores están pagando un impuesto privado sobre la producción", comentó una de las abogadas de los productores demandantes, Jane Berwanger.
Paradójicamente, Monsanto no debe hacer frente esta vez en Brasil a ninguno de sus oponentes tradicionales (agricultores familiares, productores de otros rubros, sindicatos, grupos ambientalistas, movimientos sociales, comunidades nativas) sino a quienes son objetivamente sus aliados, los productores sojeros que han incorporado sin mayor drama una tecnología que multiplica sus ganancias.
“No hay como Monsanto para esquilmar”, decía recientemente la francesa Robin.
Más allá de esta situación, no se escucha entre los sojeros reclamos por los daños sanitarios y ambientales generados por los productos que Monsanto elabora y ellos utilizan, o por el desplazamiento hacia las periferias urbanas de decenas de miles de campesinos expulsados por el avance de la soja, o por la amenaza que la oleaginosa representa para el Cerrado, un área de 2 millones de quilómetros cuadrados que concentra el 5 por ciento de la biodiversidad mundial.
Aun así, dijo un productor lechero de una pequeña localidad de Rio Grande, “toda dificultad de Monsanto hay que celebrarla”. Máxime cuando no es la única que la transnacional enfrenta en Brasil, y en especial en ese estado del sur del país.
A fines de agosto, un tribunal de segunda instancia de la ciudad de Porto Alegre condenó a la empresa a pagar al Estado 500.000 reales (unos 250.000 dólares) por una “publicidad engañosa” sobre la soja transgénica.
El aviso, de 2004, promovía las “bondades” del producto de laboratorio cuando éste todavía estaba prohibido en Brasil.
Monsanto "enalteció un producto cuya venta estaba prohibida y no aclaró que sus pretendidos beneficios son muy cuestionados en el medio científico", dice el fallo del juez instructor del caso, Jorge Antonio Maurique.
Si la sentencia es ratificada, Monsanto deberá pagar el cuarto de millón de dólares y además difundir una publicidad en la que consten los efectos negativos de los productos con los que modifica las semillas de soja.
Fuente: Rel-UITA
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