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| Foto G.Trucchi-Rel-UITA (archivo) |
A
través de un extenso comunicado condenan actos de represión, violencia y
criminalización de la lucha campesina en el Bajo Aguán y exigen fin de
la impunidad
Por Giorgio Trucchi - LINyM
A través de un comunicado difundido este 31 de agosto, 14 organizaciones y redes internacionales¹ de la sociedad civil expresaron su profunda preocupación sobre los recientes actos de represión, violencia y criminalización contra las organizaciones campesinas del Bajo Aguán.
En el extenso documento, las organizaciones y redes señalaron que el 21 de agosto pasado, centenares de campesinos fueron brutalmente reprimidos mientras protestaban pacíficamente frente al edificio de la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa, Honduras. La actividad había sido organizada para pedir una reunión con el Presidente de este poder del Estado, y así solicitarle juzgar con imparcialidad el caso de las tres fincas en posesión del Marca (Movimiento autentico reivindicador campesino del Aguán) y poner fin a la criminalización de la lucha campesina.
“En vez de aceptar la solicitud de diálogo, la policía preventiva procedió con uso excesivo de la fuerza contra las y los manifestantes, dejando tres heridos hospitalizados, entre ellos un menor de 16 años. Asimismo, fueron detenidos 27 manifestantes, entre ellos dos mujeres y directivos del Muca (Movimiento unificado campesino del Aguán)”, señala el documento. Los detenidos fueron sucesivamente acusados de “manifestación y asociación ilícita y daños”, y puestos en libertad con medidas sustitutivas a la prisión.
Las 14 organizaciones internacionales, muchas de las cuales integraron la Misión internacional de Verificación sobre la situación de Derechos Humanos en el Bajo Aguán (marzo 2011) y organizaron la Audiencia Pública sobre la situación de los derechos humanos de las comunidades campesinas del Bajo Aguán (mayo 2012), manifestaron también que el 22 de agosto pasado fue reprimida una protesta campesina en Planes, municipio de Sonaguera, Colón, con un saldo de varios campesinos heridos y 19 personas detenidas, entre ellas tres menores de edad y un miembro del Observatorio permanente internacional de derechos humanos del Aguán (Opidha).
El comunicado señala que, en medio de esta nueva ola de violencia y represión contra las organizaciones campesinas del Bajo Aguán, fue herido por desconocidos Leonel Acosta Avilés (26/8), uno de los 27 detenidos durante la represión del 21 de agosto en Tegucigalpa. Asimismo, fue brutalmente asesinado José Braulio Díaz López (27/8), secretario de la Empresa Asociativa Campesina de Producción El Tranvío, miembro del Muca.
“Los últimos actos de represión y criminalización demuestran que las autoridades de Honduras aún mantienen la misma postura parcializada contra las comunidades campesinas envueltas en un conflicto agrario para el que no se encuentra solución integral, justa, pacífica y sostenible”, subrayan las organizaciones y redes firmantes.
Asesinatos e impunidad
“En vez de aceptar la solicitud de diálogo, la policía preventiva procedió con uso excesivo de la fuerza contra las y los manifestantes, dejando tres heridos hospitalizados, entre ellos un menor de 16 años. Asimismo, fueron detenidos 27 manifestantes, entre ellos dos mujeres y directivos del Muca (Movimiento unificado campesino del Aguán)”, señala el documento. Los detenidos fueron sucesivamente acusados de “manifestación y asociación ilícita y daños”, y puestos en libertad con medidas sustitutivas a la prisión.
Las 14 organizaciones internacionales, muchas de las cuales integraron la Misión internacional de Verificación sobre la situación de Derechos Humanos en el Bajo Aguán (marzo 2011) y organizaron la Audiencia Pública sobre la situación de los derechos humanos de las comunidades campesinas del Bajo Aguán (mayo 2012), manifestaron también que el 22 de agosto pasado fue reprimida una protesta campesina en Planes, municipio de Sonaguera, Colón, con un saldo de varios campesinos heridos y 19 personas detenidas, entre ellas tres menores de edad y un miembro del Observatorio permanente internacional de derechos humanos del Aguán (Opidha).
El comunicado señala que, en medio de esta nueva ola de violencia y represión contra las organizaciones campesinas del Bajo Aguán, fue herido por desconocidos Leonel Acosta Avilés (26/8), uno de los 27 detenidos durante la represión del 21 de agosto en Tegucigalpa. Asimismo, fue brutalmente asesinado José Braulio Díaz López (27/8), secretario de la Empresa Asociativa Campesina de Producción El Tranvío, miembro del Muca.
“Los últimos actos de represión y criminalización demuestran que las autoridades de Honduras aún mantienen la misma postura parcializada contra las comunidades campesinas envueltas en un conflicto agrario para el que no se encuentra solución integral, justa, pacífica y sostenible”, subrayan las organizaciones y redes firmantes.
Asesinatos e impunidad
Además, manifiestan que “persiste la violencia y violación a los derechos humanos y la impunidad por el desinterés de las autoridades correspondientes de investigar y castigar a los culpables de los atentados y asesinatos contra miembros de las agrupaciones campesinas en la zona”.
Según datos de estas organizaciones y redes internacionales, serían 53 las personas afines y afiliadas a las organizaciones campesinas del Bajo Aguán, más un periodista y su pareja, que han sido asesinadas desde septiembre de 2009 hasta la fecha, en el marco del conflicto agrario que aqueja a la región. Además, un campesino continúa desaparecido desde el 15 de mayo de 2011. Ninguno de estos crímenes ha sido investigado.
Ante esta situación, las 14 organizaciones y redes lamentaron que ante la protesta pacífica, la respuesta sigue siendo “la ejecución de violencia y criminalización”. Además, remarcaron que continúa “la amenaza de desalojos forzosos contra las comunidades campesinas favorecidas por sentencias firmes que restituyeron su derecho a la tierra”.
También dijeron estar convencidas que el camino hacía la solución del conflicto del Bajo Aguán debe ser “a través del irrestricto respeto y la plena protección de los derechos humanos, y no mediante la violencia, la represión y la criminalización de la lucha campesina”. Reiteraron que, en cuanto parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Honduras está obligada a “respetar, proteger y garantizar estos derechos, cuyos titulares también son las y los campesinos hondureños”.
Finalmente, las organizaciones y redes internacionales volvieron a presentar las recomendaciones incluidas en la Declaración final de la Audiencia Pública. Entre otros puntos pidieron investigar y sancionar de forma expedita todos los crímenes cometidos, el cese inmediato de la represión y de los desalojos forzosos contra las comunidades campesinas, así como la búsqueda “de una solución integral, justa, pacífica y sostenible a las demandas campesinas”.
Igualmente, solicitaron a la comunidad internacional insistir para que el Estado hondureño investigue y sancione los crímenes, procurar que la cooperación internacional bilateral y multilateral con el Estado hondureño y las compañías privadas “no contribuya a violaciones de derechos humanos”, así como “suspender la cooperación internacional que promueve la militarización y que agrava la situación de derechos humanos”, en particular en el caso de la asistencia militar de Estados Unidos.
“Las organizaciones internacionales seguiremos monitoreando con mucha atención la situación del Bajo Aguán, tomando en consideración que el conflicto agrario del Bajo Aguán es el más grave, en términos del grado de violencia en contra de las y los campesinos en Centro América, en los últimos 15 años”, concluye el extenso comunicado.
Ante esta situación, las 14 organizaciones y redes lamentaron que ante la protesta pacífica, la respuesta sigue siendo “la ejecución de violencia y criminalización”. Además, remarcaron que continúa “la amenaza de desalojos forzosos contra las comunidades campesinas favorecidas por sentencias firmes que restituyeron su derecho a la tierra”.
También dijeron estar convencidas que el camino hacía la solución del conflicto del Bajo Aguán debe ser “a través del irrestricto respeto y la plena protección de los derechos humanos, y no mediante la violencia, la represión y la criminalización de la lucha campesina”. Reiteraron que, en cuanto parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Honduras está obligada a “respetar, proteger y garantizar estos derechos, cuyos titulares también son las y los campesinos hondureños”.
Finalmente, las organizaciones y redes internacionales volvieron a presentar las recomendaciones incluidas en la Declaración final de la Audiencia Pública. Entre otros puntos pidieron investigar y sancionar de forma expedita todos los crímenes cometidos, el cese inmediato de la represión y de los desalojos forzosos contra las comunidades campesinas, así como la búsqueda “de una solución integral, justa, pacífica y sostenible a las demandas campesinas”.
Igualmente, solicitaron a la comunidad internacional insistir para que el Estado hondureño investigue y sancione los crímenes, procurar que la cooperación internacional bilateral y multilateral con el Estado hondureño y las compañías privadas “no contribuya a violaciones de derechos humanos”, así como “suspender la cooperación internacional que promueve la militarización y que agrava la situación de derechos humanos”, en particular en el caso de la asistencia militar de Estados Unidos.
“Las organizaciones internacionales seguiremos monitoreando con mucha atención la situación del Bajo Aguán, tomando en consideración que el conflicto agrario del Bajo Aguán es el más grave, en términos del grado de violencia en contra de las y los campesinos en Centro América, en los últimos 15 años”, concluye el extenso comunicado.
¹ APRODEV (Asociación de Agencias de Desarrollo ligadas al Consejo Mundial de Iglesias), CIDSE (Alianza Internacional de Organizaciones Católicas para el Desarrollo), CIFCA (Iniciativa de Copenhague para América Central y México), FESPAD (Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho), FIAN Internacional (Organización Internacional por el Derecho a la Alimentación), FIDH (Federación Internacional de Derechos Humanos), HIC (Habitat International Coalition), LAWG (Latin America Working Group), La Vía Campesina, MISEREOR, OXFAM, PIDHDD (Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo), Rel-UITA (Regional latinoamericana de la Unión Internacional de los Trabajadores de la Alimentación, Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines), TROCAIRE
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