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| Foto Luis Méndez |
Firmas para apoyar recurso de inconstitucionalidad
Por Giorgio Trucchi - Rel-UITA
Durante el primer semestre de 2011, el Congreso Nacional de Honduras reformó varios artículos de la Constitución y aprobó un reglamento para la creación de las Regiones Especiales de Desarrollo (RED), popularmente conocidas como “ciudades modelo” (charter cities).
Durante el primer semestre de 2011, el Congreso Nacional de Honduras reformó varios artículos de la Constitución y aprobó un reglamento para la creación de las Regiones Especiales de Desarrollo (RED), popularmente conocidas como “ciudades modelo” (charter cities).
Ideadas y promovidas por el economista estadounidense Paul Romer, las RED proyectan el “sueño” de grandes zonas de territorio nacional con altísimo grado de autonomía, ofrecidas por tiempo indefinido al capital transnacional para generar empleo. Para muchos, este sueño ya se ha convertido en una pesadilla.
Según su Estatuto constitucional, las RED gozarán de un regimen de territorial especial, teniendo su personalidad jurídica, su propio fuero jurisdiccional, su propio sistema de administración, sistema migratorio y su normativa legal.
Además, tendrán su propio presupuesto y el derecho a recaudar y administrar sus propios tributos, a determinar las tasas que cobran por los servicios que prestan, celebrar todo tipo de contratos y contratar sus deudas internas o externas.
Ante una decisión que aparenta ser un intento burdo para paliar la grave crisis política, económica y social originada a raíz del golpe de Estado de 2009, la Asociación de Juristas por el Estado de Derecho presentó un recurso de inconstitucionalidad en contra del decreto legislativo que creó las RED.
Para los juristas, el decreto atentaría contra preceptos pétreos establecidos en la Constitución, como la forma de gobierno y la soberanía nacional.
“En las RED aparecen poderes autónomos que hacen las veces de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, lo cual es totalmente inconstitucional. Además, entregando parte del territorio nacional de forma indefinida a extranjeros, se está violentando la soberanía del país”, expresó a Sirel, Jari Dixon, ex fiscal y miembro de la asociación que promovió el recurso.
Después de casi un año de su presentación, la Corte Suprema de Justicia aún no ha emitido una resolución.
“Ya existe un dictamen del Ministerio Público que resuelve que el decreto es inconstitucional, sin embargo la Corte se encuentra bajo una fuerte presión por parte del Congreso Nacional y el poder ejecutivo, para que declare sin lugar el recurso”, dijo Dixon.
Firmas
Ante la incertidumbre que se ha generado a raíz de la aprobación del decreto que crea las RED, varios sectores de la población hondureña han decidido apoyar la medida adoptada por la Asociación de Juristas por el Estado de Derecho, y han iniciado una recolección de firmas en todo el territorio nacional.
“Con este decreto no sólo se está atentando contra la soberanía nacional, sino que se está creando un Estado dentro de otro Estado, y sin ninguna consulta con las poblaciones que vivimos en las zonas y que vamos a ser afectadas por el proyecto”, dijo Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH).
Según la dirigente garífuna, ya existirían planes para instalar las RED en la costa del Atlántico hondureño, afectando gravemente a más de 24 comunidades garífunas, al pueblo miskito y a las familias campesinas.
OFRANEH informó también de la existencia de un memorando de entendimiento firmado entre el gobierno de Honduras y la empresa coreana Pohang Iron and Steel Company (POSCO), la tercera empresa metalúrgica a nivel mundial, para iniciar a trabajar en los análisis de factibilidad de proyectos.
“Quieren entregar enormes cantidades de tierra al capital extranjero para que haga inversiones sin ninguna restricción.Y todo se está manejando con absoluto secretismo, sin dialogar y debatir de manera seria y responsable con el pueblo hondureño.
Ya hemos visto como en el pasado han entregado el territorio para la explotación minera, los megaproyectos hidroelétricos y turisticos, la expansión de los monocultivos, la maquila. Una vez más se está privilegiando el interés del capital extranjero sobre los derechos del pueblo”, manifestó Miranda.
Para la dirigente garífuna, esta nueva forma de "colonialismo disfrazado" oculta también el interés del capital transnacional para instalarse en las zonas donde se concentran los recursos naturales del país.
“En nombre del desarrollo, Honduras está a la venta, y esto no es más que el reflejo de un Estado fallido, que aún no recupera su institucionalidad después del golpe de Estado”, concluyó la dirigente garífuna.
Además, tendrán su propio presupuesto y el derecho a recaudar y administrar sus propios tributos, a determinar las tasas que cobran por los servicios que prestan, celebrar todo tipo de contratos y contratar sus deudas internas o externas.
Ante una decisión que aparenta ser un intento burdo para paliar la grave crisis política, económica y social originada a raíz del golpe de Estado de 2009, la Asociación de Juristas por el Estado de Derecho presentó un recurso de inconstitucionalidad en contra del decreto legislativo que creó las RED.
Para los juristas, el decreto atentaría contra preceptos pétreos establecidos en la Constitución, como la forma de gobierno y la soberanía nacional.
“En las RED aparecen poderes autónomos que hacen las veces de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, lo cual es totalmente inconstitucional. Además, entregando parte del territorio nacional de forma indefinida a extranjeros, se está violentando la soberanía del país”, expresó a Sirel, Jari Dixon, ex fiscal y miembro de la asociación que promovió el recurso.
Después de casi un año de su presentación, la Corte Suprema de Justicia aún no ha emitido una resolución.
“Ya existe un dictamen del Ministerio Público que resuelve que el decreto es inconstitucional, sin embargo la Corte se encuentra bajo una fuerte presión por parte del Congreso Nacional y el poder ejecutivo, para que declare sin lugar el recurso”, dijo Dixon.
Firmas
Ante la incertidumbre que se ha generado a raíz de la aprobación del decreto que crea las RED, varios sectores de la población hondureña han decidido apoyar la medida adoptada por la Asociación de Juristas por el Estado de Derecho, y han iniciado una recolección de firmas en todo el territorio nacional.
“Con este decreto no sólo se está atentando contra la soberanía nacional, sino que se está creando un Estado dentro de otro Estado, y sin ninguna consulta con las poblaciones que vivimos en las zonas y que vamos a ser afectadas por el proyecto”, dijo Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH).
Según la dirigente garífuna, ya existirían planes para instalar las RED en la costa del Atlántico hondureño, afectando gravemente a más de 24 comunidades garífunas, al pueblo miskito y a las familias campesinas.
OFRANEH informó también de la existencia de un memorando de entendimiento firmado entre el gobierno de Honduras y la empresa coreana Pohang Iron and Steel Company (POSCO), la tercera empresa metalúrgica a nivel mundial, para iniciar a trabajar en los análisis de factibilidad de proyectos.
“Quieren entregar enormes cantidades de tierra al capital extranjero para que haga inversiones sin ninguna restricción.Y todo se está manejando con absoluto secretismo, sin dialogar y debatir de manera seria y responsable con el pueblo hondureño.
Ya hemos visto como en el pasado han entregado el territorio para la explotación minera, los megaproyectos hidroelétricos y turisticos, la expansión de los monocultivos, la maquila. Una vez más se está privilegiando el interés del capital extranjero sobre los derechos del pueblo”, manifestó Miranda.
Para la dirigente garífuna, esta nueva forma de "colonialismo disfrazado" oculta también el interés del capital transnacional para instalarse en las zonas donde se concentran los recursos naturales del país.
“En nombre del desarrollo, Honduras está a la venta, y esto no es más que el reflejo de un Estado fallido, que aún no recupera su institucionalidad después del golpe de Estado”, concluyó la dirigente garífuna.
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