Bajo Aguán: Gravemente heridos cinco campesinos del Marca

FIAN Honduras

Eldin Noel Ortiz, Jimmy Burgos Tobías, Santos Eliseo Pavón, Gilberto López y Jorge Nájera, todos campesinos miembros de la cooperativa San Isidro, se encuentran hospitalizados a causa de las heridas que les produjeron con armas de fuego. Santos Eliseo Pavón es sobreviviente del atentado en el que murió Secundino Ruiz, dirigente del MARCA.

De acuerdo a la versión de campesinos de la misma cooperativa, alrededor de las 11:30 a.m. de hoy, hombres armados que se conducían en un automóvil color blanco y vidrios oscuros dispararon contra los cinco campesinos cuando éstos se acercaban al plantel de propiedad de esa cooperativa en Tocoa, a cuatro cuadras de la oficina principal de la policía en esa ciudad.

Las tensiones en el Bajo Aguán han aumentado desde que un tribunal ordenó a través de un Juez Ejecutor hacer efectivo el desalojo de los trabajadores y guardias de seguridad de las fincas San Isidro, La Trinidad y El Despertar, que por muchos años han estado en poder de Miguel Facussé y René Morales, y las entregarainmediatamente a los cooperativistas favorecidos con sentencias a su favor y contraestos empresarios dictadas en los años 2010 y 2011, como resultado de un litigio porla propiedad de esas fincas que lleva 18 años,

Sin embargo, medios de prensa daban a conocer pocos días después que el mismo tribunal había librado orden de desalojo contra los cooperativistas que, por cierto, nose ejecutó aparentemente por las fallas en los procedimientos utilizados y a la reacción de los campesinos que en aproximadamente mil se mantuvieron en esa propiedad protestando contra la medida de ese tribunal.

A partir de ahí se repiten amenazas de desalojo contra los campesinos, pero a la fecha estos se mantienen trabajando en las fincas; eso sí, bajo fuerte presión de la policía- ejército y los guardias de seguridad de los terratenientes.

Y el conflicto agrario se agrava con la toma que realizó el Movimiento Campesino Recuperación Nacional del Aguán de la finca Los Laureles. Se encontró en esa finca el cadáver de Irrael García Pérez (0209-1980-00212), perteneciente a esa organización campesina, ayer, 27 de julio a alrededor de las 5:00 a.m.

El ambiente se vuelve más sombrío porque ya no se sabe cuál institución del Estado podrá resolver un conflicto que tiene a su raíz una política de concentración de tierras, agua, bosques, minas y activos del Estado en un reducido grupo de empresarios.

El Instituto Nacional Agrario (INA) se declara incapaz de resolver ese conflicto y declara públicamente que hace distancia con ese problema; y, en efecto, sus funcionarios no han hecho presencia en los lugares donde se escenifican la toma de tierras.

Los tribunales de justicia han sido cuestionados por organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos por haber dictado sentencias que revierten otras en firme y ya ejecutadas a favor de los campesinos, ordenadas por esa institución del Estado, en período de vacaciones cuando, según entendidos en materia legal, no podrían haber aceptado ninguna solicitud o requerimiento sino se trataba de un hecho que calificara dentro de un proceso penal.

No sobra decir que la reacción de la más alta autoridad del régimen, Porfirio Lobo Sosa, es incomprensible. Unas veces declara que “nadie va a bailar sobre su lomo” suponemos que en el interés de mostrar inteligencia y autoridad y otras, como la más reciente, que interpreta el conflicto agrario del Bajo Aguán como un problema de seguridad nacional, que muchos han interpretado como amenaza de volver a la década de los ochenta en la que la policía-ejército se dedicó al asesinato y el desaparecimiento de personas, la persecución y la tortura.

En tal situación, reiteramos la solicitud a las organizaciones de derechos humanos, en el ámbito nacional e internacional, realizar cualquier acción a su alcance con el propósito de que se presione a régimen y se detenga la violencia.