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| FIAN Honduras (Archivo) |
Juez no pudo ejecutar resolución amañada que revierte la histórica sentencia a favor del Marca
Centenares de campesinos pertenecientes al Marca (Movimiento auténtico reivindicador campesino del Aguán) y a las demás organizaciones del Bajo Aguán se hicieron presentes este miercoles (18/7) en la entrada de la finca San Isidro, sector de Sinaloa, y lograron frustrar el desalojo ordenado en los días pasados por la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán y de La Ceiba.
El pasado 29 de junio, el Juzgado de Letras de Tegucigalpa ejecutó las sentencias dictadas a favor de cientos de familias que integran el Marca, restituyéndoles el derecho de propiedad sobre tres fincas (San Isidro, La Trinidad y El Despertar) que venían reclamando desde hace 18 años, y que aparentemente fueron adquiridas de forma ilegal por los terratenientes y productores palmeros Miguel Facussé Barjum y René Morales Carazo.
Pese a tratarse de sentencias firmes y ejecutoriadas, contra las cuales no cabe recurso alguno, la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán y la de La Ceiba emitieron una resolución con la que admitieron un recurso de amparo presentado por los terratenientes y suspendieron los efectos de las sentencias, abriendo paso a nuevos desalojos contra las familias campesinas.
Según el Marca y su apoderado legal, el abogado Antonio Trejo, la decisión de los jueces de revertir las sentencias respondería a un tráfico de influencias y a las fuertes presiones ejercidas por los terratenientes, violentando también varios artículos de la Ley sobre justicia constitucional.
"Llegaron unos 300 entre efectivos del ejército y de la policía pero no pudieron realizar el desalojo. Había mucha gente del Marca y de las demás organizaciones campesinas y populares del sector y los ánimos estaban bien enardecidos. No iban a permitir que se volviera a violentar el derecho que las familias campesinas tienen sobre estas tierras. Finalmente los efectivos tuvieron que retirarse, aunque esto no quiere decir que mañana no vuelvan a intentarlo aquí y en las otras dos fincas", dijo Vitalino Álvarez, vocero del Muca (Movimiento unificado campesino del Aguán).
En declaraciones a medios locales, el comisionado general de la Policía, Kenneth Sabillón, dijo que las partes en conflicto tienen que sentarse a dialogar, porque "no es posible que un día nos digan que hay que desalojar a los guardias (de seguridad de los terratenientes) y el siguiente día nos digan que hay que desalojar a los campesinos".
Mario Matute, secretario general de la cooperativa San Isidro, manifestó que tienen toda la documentación y las sentencias que los posesiona de las tierras. "Hemos demostrado en los tribunales que tenemos la razón y hoy nos plantamos frente a la entrada de la finca con nuestras familias, nuestros hijos. De aquí no nos vamos a mover. Vamos a defender nuestras tierras y nuestros derechos aunque nos toque morir por ellos", aseveró.
Pese a tratarse de sentencias firmes y ejecutoriadas, contra las cuales no cabe recurso alguno, la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán y la de La Ceiba emitieron una resolución con la que admitieron un recurso de amparo presentado por los terratenientes y suspendieron los efectos de las sentencias, abriendo paso a nuevos desalojos contra las familias campesinas.
Según el Marca y su apoderado legal, el abogado Antonio Trejo, la decisión de los jueces de revertir las sentencias respondería a un tráfico de influencias y a las fuertes presiones ejercidas por los terratenientes, violentando también varios artículos de la Ley sobre justicia constitucional.
"Llegaron unos 300 entre efectivos del ejército y de la policía pero no pudieron realizar el desalojo. Había mucha gente del Marca y de las demás organizaciones campesinas y populares del sector y los ánimos estaban bien enardecidos. No iban a permitir que se volviera a violentar el derecho que las familias campesinas tienen sobre estas tierras. Finalmente los efectivos tuvieron que retirarse, aunque esto no quiere decir que mañana no vuelvan a intentarlo aquí y en las otras dos fincas", dijo Vitalino Álvarez, vocero del Muca (Movimiento unificado campesino del Aguán).
En declaraciones a medios locales, el comisionado general de la Policía, Kenneth Sabillón, dijo que las partes en conflicto tienen que sentarse a dialogar, porque "no es posible que un día nos digan que hay que desalojar a los guardias (de seguridad de los terratenientes) y el siguiente día nos digan que hay que desalojar a los campesinos".
Mario Matute, secretario general de la cooperativa San Isidro, manifestó que tienen toda la documentación y las sentencias que los posesiona de las tierras. "Hemos demostrado en los tribunales que tenemos la razón y hoy nos plantamos frente a la entrada de la finca con nuestras familias, nuestros hijos. De aquí no nos vamos a mover. Vamos a defender nuestras tierras y nuestros derechos aunque nos toque morir por ellos", aseveró.
Para Yoni Rivas, secretario general del Muca, lo que está ocurriendo en el Bajo Aguán es muy preocupante. "Un nuevo desalojo podría generar un desenlace fatal, debido a que los campesinos y campesinas del Marca están dispuestos a defender la tierra hasta con su propia vida.
Pese a la violencia y a la represión, en el Bajo Aguán hay un despertar de las comunidades, las cuales ya no están dispuestas a aguantar más represión. Si las desalojan de sus tierras no cabe la menor duda de que van a recuperarlas nuevamente", concluyó.
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