Por Giorgio Trucchi - LINyM
El Comité Uruguayo de Solidaridad con el Pueblo
de Honduras exigió este miercoles (23/5) al “gobierno ilegítimo” de Porfirio
Lobo Sosa interceder rápidamente “para evitar nuevos derramamientos de sangre”,
y demandó a la comunidad internacional - en especial a la Onu (Organización de naciones unidas) y a la Ue (Unión europea) - la
adopción de “medidas efectivas y concretas tendientes a restituir la vigencia de
los derechos humanos en Honduras”.
Este pronunciamiento se dio a raíz de la grave
situación que está viviendo el pueblo de Honduras y ante la escalada de
violencia y asesinatos perpetrados contra el gremio periodístico hondureño y
las organizaciones campesinas del Bajo Aguán.
“El Comité Uruguayo de Solidaridad con el Pueblo
de Honduras registra con indignación y legítima alarma los recientes
hechos de violencia contra campesinos en la región del Bajo Aguán y el
asesinato de otro periodista que suma 25 muertes de comunicadores desde que
Porfirio Lobo asumió la presidencia de Honduras”, se lee en el pronunciamiento.
La organización solidaria recordó el reciente asesinato
de Juan José Peralta Escoto y de José Efraín Del Cid, ambos pertenecientes al Muca
(Movimiento unificado campesino del Aguán), sumando 48 las muertes en la región
en poco más de dos años y medio.
También señaló con preocupación el ultimátum dado por el
terrateniente y productor palmero Miguel Facussé Barjum a las autoridades del
Ina (Instituto nacional agrario), para que cancelen antes del 1 de junio la
supuesta deuda de 28.5 millones de dólares por la compra de siete fincas
destinadas a las organizaciones campesinas de la zona. En caso de no hacerlo, el presidente del Grupo Dinant solicitaría el desalojo inmediato de miles de familias campesinas.
“Este ultimátum amenaza con desencadenar una nueva escalada del conflicto
agrario que viene enlutado a las familias campesinas”, manifestó el Comité de
solidaridad que se conformó hace dos años para brindar su solidaridad y apoyo
al pueblo hondureño, ante el criminal golpe de Estado de junio de 2009.
En este contexto, varias
organizaciones sociales y populares que se han involucrado en la lucha de resistencia
contra el golpe de Estado, muchas de las cuales ahora están empeñadas en la
organización del nuevo partido Libre (Libertad y Refundación) en vista de las
elecciones nacionales de 2013, denuncian que esta ola de violencia tendría una
clara connotación política.
En efecto, en las últimas
semanas han sido varios los activistas y dirigentes del Fnrp (fFrente nacional
de resistencia popular), algunos de los cuales precandidatos a diputados por
el partido Libre, asesinados por desconocidos, engrosando de esa manera la ya
larga lista de víctimas del golpe y de la estrategia normalizadora impulsada en
los últimos tres años por los poderes fácticos del país y la administración
norteamericana.
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