Por Mopassol
La reciente masacre
de integrantes de la comunidad miskita en el Río Patuca, en Honduras, el
pasado 11 de mayo cuando dos helicópteros de la agencia antidrogas de
Estados Unidos (DEA en sus siglas en ingles), dispararon sobre una canoa
en la que viajaban los campesinos matando a dos mujeres embarazadas,
dos hombres e hiriendo gravemente a otros cuatro, evidencia no sólo la
continuidad del terrorismo de Estado impuesto por el golpe militar de
junio de 2009 contra el presidente Manuel Zelaya, sino también la
trágica ocupación militar norteamericana en ese país.
Los asesinatos cotidianos de
campesinos, dirigentes sindicales y políticos, maestros, estudiantes y
periodistas – en este caso suman 25 asesinados desde principios de 2010-
permiten comprobar que el actual gobierno de Porfirio Lobo, surgido de
elecciones convocadas y digitadas por los militares golpistas de junio
de 2009, es sólo una continuidad de esa dictadura. Los asesinatos
cometidos por la fuerzas de ocupación en este país son cotidianos y
evidencian que ése es el proyecto-guión de Estados Unidos para América
Latina, si los dejamos avanzar. La tasa de crímenes alcanza al 86,5 por
ciento por cada cien mil habitantes. Se estiman alrededor de 700
homicidios mensuales y unas 20 víctimas diarias. El 55 por ciento de los
homicidios ocurrieron en la zona norte del país (Atlántida, Cortés y
Francisco Morazán). El 84,6 por ciento con armas de fuego, Y en casi el
28 por ciento de los asesinatos participaron sicarios.
Se conoce
que hay asesores israelíes, paramilitares y sicarios colombianos,
después de un acuerdo de los golpistas con el ex presidente de Colombia
Alvaro Uribe, así como ex militares argentinos y de la Fundación Uno
América, que participó activamente en el golpe. Centenares de personas
han sido detenidas y torturadas. Pero al no poder doblegar la
resistencia y al entender que no tienen posibilidad de ganar en nuevas
elecciones, la represión aumenta cada día. No podemos dejar solo al
pueblo hondureño. Es nuestro deber pronunciarnos solidariamente ante las
enérgicas denuncias que realizan las organizaciones populares de
Honduras, denuncias que la gran prensa silencia de manera sistemática.
Lo
más grave, en el caso de los miskitos fue el intento de justificación
de esos asesinatos por parte del Director de la Policía Nacional,
Ricardo Ramírez Cid, quien dijo que ”hubo un intercambio de disparos en
la escena”. Aún cuando se observó que las víctimas estaban desarmadas y
los sobrevivientes hospitalizados en La Ceiba relataron que les
dispararon a mansalva con ametralladoras y granadas. Lo mismo sucede con
los crímenes y amenazas contra los campesinos del Aguán. El pueblo
miskito es uno de los más golpeados por la tragedia de la ocupación de
ese país centroamericano, así como por la corrupción policial y militar
en el tema del narcotráfico, además del feudalismo imperante en esa zona
del país, sumida en una enorme pobreza. Hay más de 1700 lisiados y
decenas de muertos en la comunidad miskita.
El diario New York
Times en su edición del pasado 5 de mayo encabeza un artículo señalando
que la “Armada de los Estados Unidos, usando lecciones del conflicto de
la década pasada (Irak) en la guerra que está siendo peleada en la selva
miskita, ha construido un campamento (centro operativo) con poca
notoriedad pública pero con apoyo del gobierno hondureño”. El citado
artículo reconoce la instalación de tres “bases de operaciones de
avanzada” ubicadas en Mocorón, Puerto Castilla y El Aguacate”.
El
Comando Sur del Pentágono está auspiciando en toda Centroamérica lo que
llaman “estados fallidos” para justificar las intervenciones en nombre
de la seguridad nacional, el viejo esquema con que sembraron dictaduras
en todo el continente en el siglo XX. En esa dirección apuntan los
“acuerdos de seguridad” que Estados Unidos viene estableciendo con los
países de la región.
A la situación de Honduras que se agrava
cada día sumando ya miles de muertos, se suma la tragedia mexicana,
sobre la que se extiende un silencio cómplice. Desde que México firmó
con Estados Unidos el Plan Mérida en el año 2006 (una réplica del Plan
Colombia) y Washington envió armas y asesores para una supuesta guerra
contra el narcotráfico, más de 55 mil personas han sido secuestradas y
asesinadas en forma atroz, sembrando el terror en el norte de ese país.
Existen unos diez mil desaparecidos. Las Fuerzas Armadas intervienen
directamente en el conflicto y nadie ignora a esta altura de los
acontecimientos que la mayoría de esos muertos nada tienen que ver con
el narcotráfico y que Estados Unidos entregó armas a los grupos
paramilitares como los Zetas, como se ha descubierto investigando la
Operación Castaway (Operación Náufrago ) o Rápido y Furioso.
Supuestamente,
se trataba de una operación encubierta de la DEA para entregar armas y
“conocer” las vías del contrabando. Pero esas armas fueron a parar a
manos de los paramilitares mexicanos, que se entrenan en tortura con la
población civil, y con inmigrantes que van hacia Estados Unidos y son
asesinados y despedazados, como se ha visto en la aparición de cadáveres
en distintos lugares.
México ha sido convertido en un estado
fallido, y caótico que según políticos republicanos amenaza ahora “la
seguridad de Estados Unidos”, y por lo tanto podría ser pasible de una
intervención, especialmente si en las elecciones próximas no ganan sus
“elegidos” como gobernantes. Las armas de EE.UU también fueron para las
“maras” creadas en ese país y luego enviadas a sus países de origen,
tanto El Salvador como Honduras y Guatemala, con la finalidad de
mantener el crimen y el caos.
Honduras bajo terrorismo de Estado
encubierto y Guatemala, donde el feminicidio y la violencia del viejo
militarismo y paramilitarismo contrainsurgente se potencia con la
llegada a la presidencia de un oficial de los “Kaibiles” la fuerza
especial más brutal de todos los tiempos, preparada en Estados Unidos y
autora de crímenes de lesa humanidad y de desaparición de aldeas
enteras, cuyos pobladores fueron eliminados.
Estos integran la
cifra de más de 90 mil desaparecidos durante las dictaduras militares
guatemaltecas, la más alta de América Latina considerando además la
población de poco más de diez millones de habitantes.
Esta es
parte de la realidad centroamericana, a lo que se añade el gobierno
derechista de Panamá, que ya ha producido matanzas indígenas,
persecución de trabajadores y firmado con Estados Unidos la instalación
de doce bases militares y centros operativos rodeando todo el país, que
había logrado liberarse del Comando Sur a fines de 1999.
La
tragedia ilimitada en Centroamérica se continúa con la virtual ocupación
de Colombia con por lo menos ocho bases militares extranjeras y un
terrorismo de Estado encubierto desde hace años y ahora en una supuesta
“Democracia de Seguridad”, donde continúan las matanzas militares y
paramilitares día por día y se impide cualquier proceso de paz que
signifique producir un verdadero cambio en ese país. Colombia es el país
de América Latina que junto con Guatemala, tiene la mayor cifra de
muertos y desaparecidos del continente a lo largo del siglo XX y lo que
va del XXI.
Ante esta realidad, a lo que se unen los tratados de
libre comercio firmados con varios gobiernos de la región, la invasión
de las agencias de Estados Unidos en el continente y la militarización
de la región en ascenso, con las consecuencias sociales y políticas que
estamos viendo, el Movimiento por la Paz, la Soberanía y la Solidaridad
entre los Pueblos (Mopassol), llama a organizaciones populares a
extender su solidaridad y realizar actos y demandas para detener la
masacre de pueblos hermanos y denunciar los graves peligros de una
profundización de la intervención extranjera, que inevitablemente se
extendería hacia todo el continente.
Es hora de decir basta al
crimen y detener la guerra de baja intensidad, la invasión silenciosa de
las fundaciones del poder imperial y la militarización que intenta una
recolonización regional en el siglo XXI.
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