Guatemala: Ciudadanía pide suspensión al Estado de Sitio decretado en Huehuetenango

prensalibre.com

Por Rosalinda Hernández Alarcón

Personas guatemaltecas y de otros países demandaron hoy se anule el Estado de Sitio en el municipio de Barillas, Huehuetenango, departamento limítrofe con Chiapas, México, decretado hace cinco días por el presidente de la República, el general retirado Otto Pérez.

Mientras se presentaba esta exigencia en una conferencia de prensa, desde un lugar desconocido, doña Aurora denunció vía telefónica que varias comunidades están siendo cateadas por elementos del ejército y la policía, “estoy escondida, pasando hambre y muy preocupada”.

La presencia del ejército en esa localidad recuerda a sus habitantes la represión que sufrieron en la década de los ochenta cuando “los militares mataron a nuestros padres, estamos viviendo mucha tristeza y terror, principalmente las mujeres con sus hijas e hijos, por favor acaben con el Estado de Sitio”, manifestó doña Aurora, quien se vio obligada a dejar su casa ante la persecución de las fuerzas de seguridad.

Hasta el momento se encuentran detenidas 12 personas, entre ellas, Carmelina López Miranda (43 años) y Esperanza Herrera Serrano (74), pero se desconoce la situación en que se encuentran todos. En especial existe preocupación por las mujeres, ya que los reportes periodísticos indican que fueron capturadas al no encontrar en su domicilio a sus respectivos esposos.

Desde hace tres años, en Barillas existe inconformidad entre las y los vecinos por la construcción de una hidroeléctrica, ya que ese proyecto se pretende instalar en un área utilizada tradicionalmente como lugar recreación y centro ceremonial, y entre las consecuencias de esa obra, señalan la limitación del uso doméstico y agrícola del agua.

El 13 de abril, 298 -del total de 305- comunidades ratificaron su rechazo a esa obra. El 2 de mayo, Andrés Francisco Miguel, Pablo Antonio Pablo y Esteban Bernabé fueron emboscados por presuntos guardias de seguridad de la empresa constructora Hidro Santa Cruz, el primero de ellos falleció y los otros dos fueron gravemente heridos.

Esta agresión provocó de inmediato varias protestas, en las que participaron más de cinco mil personas, pero desencadenaron en hechos violentos contra varios inmuebles y personal uniformado, justificación para implantar el Estado de Sitio.

Al explicar que personas están huyendo a la montaña -como ocurrió durante la guerra- ante el temor de ser capturadas, ahora que se suprimieron las garantías individuales, Doña Aurora relató con la voz entrecortada, “nosotros somos gente honrada, exigimos que sean esclarecidos los hechos violentos, que se acabe con la persecución en las comunidades”.

Con el Estado de Sitio se recupera la gobernabilidad, afirmó el presidente Pérez, quien en diferentes declaraciones ha asegurado que la construcción de hidroeléctricas y la industria minera representan “el desarrollo” para Guatemala, por ello su gobierno les da su total apoyo.

A decir de Daniel Pascual, representante de la organización indígena Waquij K’ej, la militarización en determinados municipios forma parte de un plan para dar vía libre a las empresas ya sea mineras o hidroeléctricas, con ello ignoran los resultados de las consultas comunitarias que rechazan ese tipo de proyectos.

En una carta abierta al presidente de la República, suscrita por más de 200 personas vinculadas a la investigación social, arte, luchas feministas, defensa de los derechos humanos y del territorio, indicaron que los hechos en Barillas en los que se utiliza toda la fuerza pública, son similares a los ocurridos en Livingston (Izabal) en 2008, en San Juan Sacatepéquez (Suchitepéquez) en 2009, en Polochic (Alta Verapaz) en 2011 y en Cunén (Quiché) en 2012.

Esta misiva fue calificada como una Alerta Humanitaria, la cual será entregada a representantes de los tres poderes del Estado, a embajadas y organismos de cooperación, ya que existe una tendencia por parte de las entidades gubernamentales y medios de comunicación conservadores de calificar de “terroristas”, “agentes del narcotráfico” u “opositores al desarrollo” a las personas organizadas que manifiestan su repudio a las empresas nacionales y transnacionales que destruyen la naturaleza, y al mismo tiempo, reivindican su derecho a la consulta establecido en el Artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo.