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Per German Reyes - Comun-Noticias
Tegucigalpa.
La falta de solidaridad del Colegio de Periodistas de Honduras y de la
Asociación de Prensa Hondureña, para con sus agremiados, se
evidenció una vez más, cuando un reducido grupo de periodistas
independientes, pero afiliados a esas organizaciones, realizaron una
manifestación frente al Ministerio Público,.
Exigen justicia por los asesinatos de veinte comunicadores sociales en
los últimos dos años y la investigación de las amenazas de muerte que a
diario reciben los profesionales de las comunicaciones.
“Lamentamos
que el Colegio de Periodistas al que pertenezco y demás organizaciones
de la prensa no estén presentes”, dijo la periodista Mavis Cruz, quien
junto a su esposo, el tambien periodista, Carlos Panting, se desplazó
desde San Pedro Sula para acompañar la manifestación.
Mavis
Cruz, quien es directora del programa Noticias a la Hora que se
transmite por Radio Libertad, denuncio el pasado primero de marzo, ser
víctima de amenazas de muerte. La comunicadora social interpuso la
denuncia ante la Fiscalía del Ministerio Publico y ante la oficina
Regional del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, en San Pedro
Sula, pero quince días después, no se visualiza la existencia de resultados de las investigaciones.
Según la profesional de las comunicaciones, el gremio periodístico no puede callar ante la difícil situación y “seguiremos denunciando y exigiendo investigación”, manifestó.
“Que la falta de respuesta inmediata del esclarecimiento de los casos denunciados, tanto la Fiscalía General de la Republica, como los demás entes de seguridad del Estado, serán los responsables al
exponer las vidas de más periodistas, gremio que ha sufrido la perdida
de 25 comunicadores y comunicadoras”, dice un comunicado de prensa que
fue entregado a los medios de comunicación.
De
igual manera, el comunicado exige que el gobierno central, el
Ministerio Publico, la Corte Suprema de Justicia y la Secretaria de
Seguridad, sean más diligentes y eficaces en la
investigación de los asesinatos y amenazas a muerte contra los
periodistas y comunicadores sociales en todo el país.
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