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| centinelaeconomico.com |
Entre los líderes se encuentra la congresita Jan Schakowsky quien
viajó a Honduras en 2009, tras el golpe de Estado, por invitación de la
prominente defensora de derechos humanos Bertha Oliva, Coordinadora
General del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecido en Honduras
(Cofadeh). En ese momento, Schakowsky levantó serias preocupaciones sobre los abusos de derechos humanos que continúan plagando el país desde hace casi tres años.
"Teniendo en cuenta el apoyo de EE.UU. para el gobierno de Honduras, incluida la asistencia para la policía, el ejército y el sistema judicial, tenemos la obligación de garantizar que los derechos humanos sean respetados", dijo Schakowsky.
En una misiva enviada este lunes a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, los congresistas denunciaron que los defensores de los derechos humanos, periodistas, líderes comunitarios y de la oposición están sujetos a "amenazas de muerte, ataques y ejecuciones extrajudiciales".
"Estados Unidos debe suspender su asistencia militar a Honduras, ante la ausencia de un serio compromiso para frenar los abusos de los derechos humanos", investigar los crímenes y enjuiciar a los responsables, dijeron en la misiva, encabezada por la legisladora demócrata de Illinois, Jan Schakowsky.
"El Gobierno hondureño tiene que saber que EE.UU. habla absolutamente en serio sobre el cese de estas violaciones a los derechos humanos", agregaron en la carta, en la que pidieron una "respuesta significativa del Departamento de Estado".
Los legisladores pidieron que el Departamento de Estado suspenda toda ayuda al Ejército y a la policía de Honduras "dadas las acusaciones creíbles" sobre los abusos atribuidos a las fuerzas de seguridad.
Además quieren que el Departamento de Estado continúe presionando al Gobierno del presidente Porfirio Lobo para que proteja los derechos humanos fundamentales, investigue los abusos en la región del Bajo Aguán y en todo el país, rinda cuentas del estado actual de varios casos, y castigue a quienes han actuado con impunidad.
La carta señala que el Gobierno hondureño debe cumplir con los acuerdos suscritos con las organizaciones campesinas para responder a los conflictos en el Bajo Aguán, y buscar soluciones exhaustivas al problema de la falta de acceso a la tierra, que alimenta ese conflicto.
Schakowsky, quien viajó a Honduras en 2009 tras el golpe de Estado que derrocó al presidente Manuel Zelaya, consideró que debido a la ayuda estadounidense Estados Unidos tiene "la obligación de asegurar que se respeten los derechos humanos.
Grupos como la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), que aboga por los derechos humanos en la región, aplaudió el envío de la carta por considerarla una "llamada de alerta para la Administración Lobo".
"Es una llamada de alerta porque 45 líderes campesinos en una pequeña área de Honduras han sido asesinados. Defensores de los derechos humanos de todo tipo... están siendo amenazados y asesinados", dijo a Efe Lisa Haugaard, directora ejecutiva de WOLA.
Agregó que el Gobierno de Lobo no ha hecho lo suficiente para protegerlos y castigar a los responsables y, muchas veces, los propios agentes del Ejército y la policía están involucrados o colaboran en la comisión de esos abusos.
La carta fue enviada tras el asesinato del periodista Fausto Flores Valle, que eleva a 19 el número de muertes violentas entre informadores desde el golpe de Estado de 2009.
En Honduras, según el estatal Comisionado de los Derechos Humanos, en los 23 meses del actual Gobierno que preside Lobo se registraron 12.838 muertes violentas, número que se eleva a 46.450 entre 2000 y 2011.
Por su parte, el grupo Reporteros sin Fronteras dijo este lunes que en una década, 26 periodistas han sido asesinados en Honduras, 19 de ellos en el periodo que siguió al golpe de Estado.
En algunos casos, se ha indicado que los agentes de seguridad actúan en connivencia con ciertos miembros de la policía y del ejército. A mediados de agosto, el gobierno de Honduras inició un operativo conjunto militar- policial conocido como Operación Xatruch II. Al menos nueve integrantes de organizaciones campesinas, incluidos dos líderes principales, han sido asesinados desde el lanzamiento de esta operación.
Según información presentada a la CIDH por grupos de derechos humanos, miembros de la comunidad fueron torturados por efectivos policiales y militares asociados a la Operación Xatruch II. En un caso, se dice que el hijo de 17 años de edad de un líder campesino fue sometido a torturas por policías y militares, quienes lo remojaron en gasolina y amenazaron con quemarlo o enterrarlo vivo.
El 1º de noviembre, se abrió fuego contra un grupo de pequeños agricultores y sus familias que regresaban de un cementerio; según se dice, los disparos provenían de agentes de seguridad privada. Durante el ataque una persona murió y cuatro resultaron heridas; uno de los heridos falleció con posterioridad.
Todavía no se ha realizado la investigación y procesamiento judicial de estos hechos. En septiembre de 2011, Human Rights Watch informó que si bien se han librado algunas órdenes de captura, ninguna persona ha sido efectivamente arrestada ni acusada por estos asesinatos. Mientras por un lado el sistema judicial de Honduras no ha procedido a someter a juicio a los autores de las ejecuciones extrajudiciales, por el otro las autoridades han demostrado gran eficiencia en la emisión de órdenes de captura contra los organizadores campesinos del Bajo Aguán, en gran medida por violación de la propiedad privada y robo de cultivos entre enero de 2010 y julio de 2011.
Subyacen a la violencia los conflictos de larga data sobre la propiedad de la tierra, los cuales exigen una resolución urgente. Una iniciativa de reforma agraria impulsada por el gobierno en la década de 1970 otorgó la titularidad de tierras a pequeños agricultores del Bajo Aguán. Según las asociaciones campesinas, muchos se vieron forzados a vender sus tierras mediante fraude y coerción.
Varias asociaciones llegaron a un acuerdo con el gobierno de Zelaya para la resolución de los conflictos sobre las tierras y, al no cumplirse este acuerdo, luego del golpe de estado de junio de 2009, pequeños agricultores comenzaron a ocupar las tierras que reclaman como propias. Hasta la fecha no se ha realizado la transferencia de tierras a los campesinos, según lo planificado de conformidad con el acuerdo celebrado entre el gobierno de Lobo y algunos de los grupos de campesinos en abril de 2010. Queda sin aclarar si el nuevo acuerdo firmado el mes pasado incluye términos que sean económicamente viables para los agricultores o si el gobierno de Lobo realizará el acuerdo tal como se pretende. El gobierno de Honduras tampoco cumple en su mayor parte con la ley hondureña existente según la cual las tierras de propiedad del estado que pertenecían al anterior Centro Regional de Entrenamiento Militar del Bajo Aguán se han de transferir a los campesinos sin tierra. Asimismo, el gobierno no ha protegido los derechos de las comunidades establecidas que tienen título de propiedad legal de largo plazo sobre sus tierras, las cuales han sido atacadas y despojadas de sus propiedades.
Sabemos que usted comparte nuestro convencimiento de que, teniendo en cuenta el apoyo de los Estados Unidos al gobierno hondureño, incluida la asistencia prestada a los sistemas de policía, militar y judicial, tenemos la obligación de asegurar que se respeten los derechos humanos. Por cierto, entendemos que los Estados Unidos está suministrando entrenamiento al Batallón 15 de las fuerzas militares de Honduras que opera en la región del Bajo Aguán.
Le solicitamos que se exhorte al gobierno de Honduras a intervenir de inmediato para proteger los derechos humanos en la región del Bajo Aguán y en todo el país. Esto debería incluir la investigación y el procesamiento judicial de todos los responsables de asesinatos, amenazas y otros abusos, incluidos los autores intelectuales de los mismos, y la inmediata suspensión la investigación y el enjuiciamiento de los efectivos militares y policiales contra quienes pesan acusaciones verosímiles de haber cometido o de haber actuado en connivencia en la comisión de tales abusos. Instamos al Departamento de Estado a que se solicite un informe que dé cuenta de la situación específica de estos casos y a que se nos suministre una valoración concreta de la situación más que una evaluación general de los esfuerzos destinados a reforzar el sistema judicial.
El gobierno de Honduras debe proporcionar medidas básicas de protección, a través de consultas con los beneficiarios, los testigos, las víctimas, los defensores de derechos humanos y los líderes campesinos que se encuentran en riesgo en la región. También creemos que el gobierno de Honduras debe regular el accionar de las empresas de seguridad privada, las cuales, hasta ahora, han actuado con impunidad. Asimismo, el gobierno de Honduras debe cumplir con los acuerdos ya firmados con las asociaciones campesinas a los efectos de solucionar los conflictos sobre la tierra en el Bajo Aguán y debe procurar soluciones integrales a la falta de acceso a la tierra y medios de subsistencia que subyace a esta conflictiva situación.
Por este medio asimismo solicitamos que se suspenda la asistencia de los Estados Unidos a los efectivos militares y policiales de Honduras, basándonos en las denuncias verosímiles recibidas que dan cuenta de graves y extensas violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad.
Destacamos que el proyecto de ley presupuestaria del año fiscal 2012, en relación con las operaciones extranjeras, exige al Departamento de Estado certificar que el gobierno de Honduras “está investigando y procesando bajo el marco de la justicia civil, de acuerdo con la legislación hondureña e internacional, a los efectivos militares y policiales que con verosimilitud son acusados de haber violado los derechos humanos, y que los militares y la
policía de Honduras están prestando colaboración a las autoridades judiciales civiles en relación con tales casos." Además de los casos del Bajo Aguán, existen numerosas acusaciones adicionales que dan cuenta de la participación policial y militar en amenazas, uso excesivo de la fuerza y ejecuciones extrajudiciales. Por ejemplo, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, la cual analizó 20 casos emblemáticos de derechos humanos resultando en muerte que tuvieron lugar entre el golpe de estado de junio de 2009 y la asunción del gobierno por parte de Lobo, determinó que más de las tres
cuartas partes de tales hechos se pueden atribuir al uso excesivo de la fuerza por parte del ejército o la policía, o a asesinatos a manos de agentes estatales. La sobrecogedora mayoría de tales crímenes permanece impune.
El gobierno de los Estados Unidos tiene la obligación de hacer cumplir en forma enérgica la ley Leahy incluida en la ley de cooperación externa y la ley sobre financiación para la defensa. Solicitamos información específica acerca de los esfuerzos realizados por la Embajada de los Estados Unidos para aplicar las disposiciones Leahy en relación con los abusos que según se denuncia fueron cometidos por efectivos policiales y militares en el Bajo Aguán, incluso con referencia al Batallón 15 y a las diversas unidades policiales y militares que han intervenido en la Operación Xatruch II.
Le agradecemos la atención que pueda dedicar a estas importantes cuestiones relacionadas con el fortalecimiento del régimen de derecho en Honduras.
Atentamente.
Cc:
Embajadora Lisa Kubiske
María Otero, Subsecretaria de Democracia y Asuntos Mundiales
Roberta Jacobson, Secretaria Asistente de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental
Michael H. Posner, Secretario Asistente de Estado para la Democracia, los Derechos Humanos
y el Trabajo
Frank Mora, Subsecretario Asistente de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental
Daniel Restrepo, Director Ejecutivo para Asuntos del Hemisferio Occidental, Consejo Nacional
de Seguridad
Kathleen FitzPatrick, Subsecretaria Asistente de Estado para la Democracia, los Derechos
Humanos y el Trabajo
Senador Patrick Leahy, Presidente, Subcomisión de Operaciones Extranjeras del Senado
"Teniendo en cuenta el apoyo de EE.UU. para el gobierno de Honduras, incluida la asistencia para la policía, el ejército y el sistema judicial, tenemos la obligación de garantizar que los derechos humanos sean respetados", dijo Schakowsky.
En una misiva enviada este lunes a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, los congresistas denunciaron que los defensores de los derechos humanos, periodistas, líderes comunitarios y de la oposición están sujetos a "amenazas de muerte, ataques y ejecuciones extrajudiciales".
"Estados Unidos debe suspender su asistencia militar a Honduras, ante la ausencia de un serio compromiso para frenar los abusos de los derechos humanos", investigar los crímenes y enjuiciar a los responsables, dijeron en la misiva, encabezada por la legisladora demócrata de Illinois, Jan Schakowsky.
"El Gobierno hondureño tiene que saber que EE.UU. habla absolutamente en serio sobre el cese de estas violaciones a los derechos humanos", agregaron en la carta, en la que pidieron una "respuesta significativa del Departamento de Estado".
Los legisladores pidieron que el Departamento de Estado suspenda toda ayuda al Ejército y a la policía de Honduras "dadas las acusaciones creíbles" sobre los abusos atribuidos a las fuerzas de seguridad.
Además quieren que el Departamento de Estado continúe presionando al Gobierno del presidente Porfirio Lobo para que proteja los derechos humanos fundamentales, investigue los abusos en la región del Bajo Aguán y en todo el país, rinda cuentas del estado actual de varios casos, y castigue a quienes han actuado con impunidad.
La carta señala que el Gobierno hondureño debe cumplir con los acuerdos suscritos con las organizaciones campesinas para responder a los conflictos en el Bajo Aguán, y buscar soluciones exhaustivas al problema de la falta de acceso a la tierra, que alimenta ese conflicto.
Schakowsky, quien viajó a Honduras en 2009 tras el golpe de Estado que derrocó al presidente Manuel Zelaya, consideró que debido a la ayuda estadounidense Estados Unidos tiene "la obligación de asegurar que se respeten los derechos humanos.
Grupos como la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), que aboga por los derechos humanos en la región, aplaudió el envío de la carta por considerarla una "llamada de alerta para la Administración Lobo".
"Es una llamada de alerta porque 45 líderes campesinos en una pequeña área de Honduras han sido asesinados. Defensores de los derechos humanos de todo tipo... están siendo amenazados y asesinados", dijo a Efe Lisa Haugaard, directora ejecutiva de WOLA.
Agregó que el Gobierno de Lobo no ha hecho lo suficiente para protegerlos y castigar a los responsables y, muchas veces, los propios agentes del Ejército y la policía están involucrados o colaboran en la comisión de esos abusos.
La carta fue enviada tras el asesinato del periodista Fausto Flores Valle, que eleva a 19 el número de muertes violentas entre informadores desde el golpe de Estado de 2009.
En Honduras, según el estatal Comisionado de los Derechos Humanos, en los 23 meses del actual Gobierno que preside Lobo se registraron 12.838 muertes violentas, número que se eleva a 46.450 entre 2000 y 2011.
Por su parte, el grupo Reporteros sin Fronteras dijo este lunes que en una década, 26 periodistas han sido asesinados en Honduras, 19 de ellos en el periodo que siguió al golpe de Estado.
Traducción no oficial de la carta
Honorable Hillary Clinton
Secretaria de Estado
Departamento de Estado
2201 C Street NW
Washington, DC 20520
Estimada Señora Secretaria Clinton:
Deseamos expresar nuestra preocupación por la grave situación relacionada con los derechos humanos en la región del Bajo Aguán en Honduras, y solicitamos al Departamento de Estado que se tomen medidas efectivas para solucionar el problema. Los abusos que se producen en esta área del citado país reflejan una modalidad más amplia de violaciones de los derechos humanos dentro de la cual defensores de derechos humanos, periodistas, líderes comunitarios y activistas de la oposición son objeto de amenazas de muerte, ataques y ejecuciones extrajudiciales. Valoramos la declaración del Departamento de Estado realizada el 9 de noviembre de 2011 en la cual se instaba a las autoridades de Honduras a poner fin a la violencia y la impunidad en el Bajo Aguán. Exhortamos al Departamento de Estado para que se mantenga esfuerzos para urgir al gobierno de Honduras a proteger los derechos humanos esenciales de sus ciudadanos y para que se investiguen y sometan a juicio los abusos.
Entre septiembre de 2009 y el 8 de febrero de 2012 fueron asesinadas cuarenta y cinco personas asociadas a organizaciones de campesinos. Desde mayo de 2011 se encuentra desaparecido Francisco Pascual López, otro integrante de una asociación de campesinos. También han sido asesinados siete agentes de seguridad, un policía, un periodista y su pareja, y tres personas más.
Esta crítica situación fue el tema al cual se refirió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su audiencia de octubre de 2011. La conclusión a la cual llegó la CIDH la llevó a manifestar su particular preocupación por “la situación del Bajo Agúan, en Honduras… [la CIDH] recibió información sobre la criminalización de la lucha campesina y la militarización de la zona, lo que habría puesto a los campesinos y a defensores y defensoras de derechos humanos en la zona del Bajo Aguán en una situación de alto riesgo.”
Según información presentada a la CIDH por grupos de derechos humanos, los testimonios recogidos a través de testigos señalan a los agentes de seguridad privada de las tierras en disputa como autores de muchos de estos crímenes.
Secretaria de Estado
Departamento de Estado
2201 C Street NW
Washington, DC 20520
Estimada Señora Secretaria Clinton:
Deseamos expresar nuestra preocupación por la grave situación relacionada con los derechos humanos en la región del Bajo Aguán en Honduras, y solicitamos al Departamento de Estado que se tomen medidas efectivas para solucionar el problema. Los abusos que se producen en esta área del citado país reflejan una modalidad más amplia de violaciones de los derechos humanos dentro de la cual defensores de derechos humanos, periodistas, líderes comunitarios y activistas de la oposición son objeto de amenazas de muerte, ataques y ejecuciones extrajudiciales. Valoramos la declaración del Departamento de Estado realizada el 9 de noviembre de 2011 en la cual se instaba a las autoridades de Honduras a poner fin a la violencia y la impunidad en el Bajo Aguán. Exhortamos al Departamento de Estado para que se mantenga esfuerzos para urgir al gobierno de Honduras a proteger los derechos humanos esenciales de sus ciudadanos y para que se investiguen y sometan a juicio los abusos.
Entre septiembre de 2009 y el 8 de febrero de 2012 fueron asesinadas cuarenta y cinco personas asociadas a organizaciones de campesinos. Desde mayo de 2011 se encuentra desaparecido Francisco Pascual López, otro integrante de una asociación de campesinos. También han sido asesinados siete agentes de seguridad, un policía, un periodista y su pareja, y tres personas más.
Esta crítica situación fue el tema al cual se refirió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su audiencia de octubre de 2011. La conclusión a la cual llegó la CIDH la llevó a manifestar su particular preocupación por “la situación del Bajo Agúan, en Honduras… [la CIDH] recibió información sobre la criminalización de la lucha campesina y la militarización de la zona, lo que habría puesto a los campesinos y a defensores y defensoras de derechos humanos en la zona del Bajo Aguán en una situación de alto riesgo.”
Según información presentada a la CIDH por grupos de derechos humanos, los testimonios recogidos a través de testigos señalan a los agentes de seguridad privada de las tierras en disputa como autores de muchos de estos crímenes.
En algunos casos, se ha indicado que los agentes de seguridad actúan en connivencia con ciertos miembros de la policía y del ejército. A mediados de agosto, el gobierno de Honduras inició un operativo conjunto militar- policial conocido como Operación Xatruch II. Al menos nueve integrantes de organizaciones campesinas, incluidos dos líderes principales, han sido asesinados desde el lanzamiento de esta operación.
Según información presentada a la CIDH por grupos de derechos humanos, miembros de la comunidad fueron torturados por efectivos policiales y militares asociados a la Operación Xatruch II. En un caso, se dice que el hijo de 17 años de edad de un líder campesino fue sometido a torturas por policías y militares, quienes lo remojaron en gasolina y amenazaron con quemarlo o enterrarlo vivo.
El 1º de noviembre, se abrió fuego contra un grupo de pequeños agricultores y sus familias que regresaban de un cementerio; según se dice, los disparos provenían de agentes de seguridad privada. Durante el ataque una persona murió y cuatro resultaron heridas; uno de los heridos falleció con posterioridad.
Todavía no se ha realizado la investigación y procesamiento judicial de estos hechos. En septiembre de 2011, Human Rights Watch informó que si bien se han librado algunas órdenes de captura, ninguna persona ha sido efectivamente arrestada ni acusada por estos asesinatos. Mientras por un lado el sistema judicial de Honduras no ha procedido a someter a juicio a los autores de las ejecuciones extrajudiciales, por el otro las autoridades han demostrado gran eficiencia en la emisión de órdenes de captura contra los organizadores campesinos del Bajo Aguán, en gran medida por violación de la propiedad privada y robo de cultivos entre enero de 2010 y julio de 2011.
Subyacen a la violencia los conflictos de larga data sobre la propiedad de la tierra, los cuales exigen una resolución urgente. Una iniciativa de reforma agraria impulsada por el gobierno en la década de 1970 otorgó la titularidad de tierras a pequeños agricultores del Bajo Aguán. Según las asociaciones campesinas, muchos se vieron forzados a vender sus tierras mediante fraude y coerción.
Varias asociaciones llegaron a un acuerdo con el gobierno de Zelaya para la resolución de los conflictos sobre las tierras y, al no cumplirse este acuerdo, luego del golpe de estado de junio de 2009, pequeños agricultores comenzaron a ocupar las tierras que reclaman como propias. Hasta la fecha no se ha realizado la transferencia de tierras a los campesinos, según lo planificado de conformidad con el acuerdo celebrado entre el gobierno de Lobo y algunos de los grupos de campesinos en abril de 2010. Queda sin aclarar si el nuevo acuerdo firmado el mes pasado incluye términos que sean económicamente viables para los agricultores o si el gobierno de Lobo realizará el acuerdo tal como se pretende. El gobierno de Honduras tampoco cumple en su mayor parte con la ley hondureña existente según la cual las tierras de propiedad del estado que pertenecían al anterior Centro Regional de Entrenamiento Militar del Bajo Aguán se han de transferir a los campesinos sin tierra. Asimismo, el gobierno no ha protegido los derechos de las comunidades establecidas que tienen título de propiedad legal de largo plazo sobre sus tierras, las cuales han sido atacadas y despojadas de sus propiedades.
Sabemos que usted comparte nuestro convencimiento de que, teniendo en cuenta el apoyo de los Estados Unidos al gobierno hondureño, incluida la asistencia prestada a los sistemas de policía, militar y judicial, tenemos la obligación de asegurar que se respeten los derechos humanos. Por cierto, entendemos que los Estados Unidos está suministrando entrenamiento al Batallón 15 de las fuerzas militares de Honduras que opera en la región del Bajo Aguán.
Le solicitamos que se exhorte al gobierno de Honduras a intervenir de inmediato para proteger los derechos humanos en la región del Bajo Aguán y en todo el país. Esto debería incluir la investigación y el procesamiento judicial de todos los responsables de asesinatos, amenazas y otros abusos, incluidos los autores intelectuales de los mismos, y la inmediata suspensión la investigación y el enjuiciamiento de los efectivos militares y policiales contra quienes pesan acusaciones verosímiles de haber cometido o de haber actuado en connivencia en la comisión de tales abusos. Instamos al Departamento de Estado a que se solicite un informe que dé cuenta de la situación específica de estos casos y a que se nos suministre una valoración concreta de la situación más que una evaluación general de los esfuerzos destinados a reforzar el sistema judicial.
El gobierno de Honduras debe proporcionar medidas básicas de protección, a través de consultas con los beneficiarios, los testigos, las víctimas, los defensores de derechos humanos y los líderes campesinos que se encuentran en riesgo en la región. También creemos que el gobierno de Honduras debe regular el accionar de las empresas de seguridad privada, las cuales, hasta ahora, han actuado con impunidad. Asimismo, el gobierno de Honduras debe cumplir con los acuerdos ya firmados con las asociaciones campesinas a los efectos de solucionar los conflictos sobre la tierra en el Bajo Aguán y debe procurar soluciones integrales a la falta de acceso a la tierra y medios de subsistencia que subyace a esta conflictiva situación.
Por este medio asimismo solicitamos que se suspenda la asistencia de los Estados Unidos a los efectivos militares y policiales de Honduras, basándonos en las denuncias verosímiles recibidas que dan cuenta de graves y extensas violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad.
Destacamos que el proyecto de ley presupuestaria del año fiscal 2012, en relación con las operaciones extranjeras, exige al Departamento de Estado certificar que el gobierno de Honduras “está investigando y procesando bajo el marco de la justicia civil, de acuerdo con la legislación hondureña e internacional, a los efectivos militares y policiales que con verosimilitud son acusados de haber violado los derechos humanos, y que los militares y la
policía de Honduras están prestando colaboración a las autoridades judiciales civiles en relación con tales casos." Además de los casos del Bajo Aguán, existen numerosas acusaciones adicionales que dan cuenta de la participación policial y militar en amenazas, uso excesivo de la fuerza y ejecuciones extrajudiciales. Por ejemplo, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, la cual analizó 20 casos emblemáticos de derechos humanos resultando en muerte que tuvieron lugar entre el golpe de estado de junio de 2009 y la asunción del gobierno por parte de Lobo, determinó que más de las tres
cuartas partes de tales hechos se pueden atribuir al uso excesivo de la fuerza por parte del ejército o la policía, o a asesinatos a manos de agentes estatales. La sobrecogedora mayoría de tales crímenes permanece impune.
El gobierno de los Estados Unidos tiene la obligación de hacer cumplir en forma enérgica la ley Leahy incluida en la ley de cooperación externa y la ley sobre financiación para la defensa. Solicitamos información específica acerca de los esfuerzos realizados por la Embajada de los Estados Unidos para aplicar las disposiciones Leahy en relación con los abusos que según se denuncia fueron cometidos por efectivos policiales y militares en el Bajo Aguán, incluso con referencia al Batallón 15 y a las diversas unidades policiales y militares que han intervenido en la Operación Xatruch II.
Le agradecemos la atención que pueda dedicar a estas importantes cuestiones relacionadas con el fortalecimiento del régimen de derecho en Honduras.
Atentamente.
Cc:
Embajadora Lisa Kubiske
María Otero, Subsecretaria de Democracia y Asuntos Mundiales
Roberta Jacobson, Secretaria Asistente de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental
Michael H. Posner, Secretario Asistente de Estado para la Democracia, los Derechos Humanos
y el Trabajo
Frank Mora, Subsecretario Asistente de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental
Daniel Restrepo, Director Ejecutivo para Asuntos del Hemisferio Occidental, Consejo Nacional
de Seguridad
Kathleen FitzPatrick, Subsecretaria Asistente de Estado para la Democracia, los Derechos
Humanos y el Trabajo
Senador Patrick Leahy, Presidente, Subcomisión de Operaciones Extranjeras del Senado
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