Honduras: En el Bajo Aguán a "Pepe" Lobo se le olvidó hablar de derechos humanos

Foto G. Trucchi

Ausencia de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos. Nunca se mencionó el tema de lo asesinatos de campesinos. El dirigente del MUCA, Juan Chinchilla, sufre nuevas amenazas.

Por Giorgio Trucchi - LINyM

El presidente Porfirio Lobo y una amplia representación de su gabinete viajaron este sábado (25/2) al Bajo Aguán, para reunirse con algunas de las organizaciones campesinas que recientemente firmaron acuerdos para la legalización de las tierras donde están asentadas.

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Durante los últimos dos años, 45 campesinos organizados han sido asesinados con total impunidad, miles de familias fueron repetidamente desalojadas y no ha cesado el hostigamiento y la persecución de parte de militares, policías y guardias privados de los terratenientes y productores palmeros de la zona, contra los sectores que luchan por el acceso a la tierra y una vida digna.

Pese a eso y a las repetidas denuncias presentadas a nivel nacional e internacional, en ningún momento la delegación gubernamental mencionó la crisis de derechos humanos que vive esta zona al noreste de Honduras. Ningún miembro de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos integró dicha delegación.

Durante la reunión, que se desarrolló en medio de un fuerte despliegue militar en el asentamiento de Marañones, en la margen izquierda del río Aguán, la comunidad exigió, entre otras muchas cosas, el cese inmediato de la represión y hostigamiento por parte del Ejército, la Policía y los guardias al servicio de los terratenientes de la zona, así como la investigación de los asesinatos de campesinos y el castigo para los responsables de esos crímenes.

"Vamos a exigir que se agilicen de inmediato las investigaciones sobre el asesinato de nuestros compañeros, así como sobre los demás crímenes cometidos contra las comunidades campesinas", dijo Juan "Galindo" López Miralda.

La delegación del gobierno escuchó las demandas más urgentes de la comunidad y se comprometió a mejorar las condiciones de salud y educación, implementar un plan de vivienda y diferentes proyectos sociales, así como mejorar las infraestructuras, respetar y volver a discutir algunos detalles del el acuerdo financiero para la legalización de las tierras y la implementación de la producción de palma. También fueron entregadas las personerías jurídicas de las diferentes empresas campesinas que se han constituido en Marañones.

Sin embargo, en ningún momento se volvió a mencionar el tema de los derechos humanos, ni se contestó al planteamiento de la comunidad acerca del castigo para los responsables de los delitos cometidos.


Contestando a preguntas específicas de este corresponsal, el presidente Lobo dijo que en Honduras "tenemos una deficiencia enorme en lo que es la capacidad de investigación y hemos pedido ayuda a diferentes países". No mencionó el porqué de la ausencia de representantes de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos.


Según el director del INA (Instituto Nacional Agrario), César Ham, la demanda de un esclarecimiento de los crímenes cometidos contra las organizaciones campesinas es una tarea del Ministerio Público, del Ministerio de Seguridad y de la Secretaría de Derechos Humanos.


Opinó que la crisis de derechos humanos afecta a todo el país y que el Aguán no es la excepción. "Hay una situación grave de violación de derechos humanos en la zona que debe de irse corrigiendo. Hemos planteado la necesidad de un desarme general en el Aguán y esperamos que se pueda iniciar ya en los próximos días", dijo a la LINyM.

Pocas horas después de que concluyera la actividad en el asentamiento de Marañones,  el dirigente campesino del MUCA (Movimiento Unificado Campesino del Aguán), Juan Chinchilla, recibió nuevamente amenazas de muerte.


"Te ganarás 150 mil lempiras sólo por decirme cuando sale Juan Chinchilla. Está ejecutando muchos proyectos y queremos darle vuelta antes de las negociaciones de las tierras. Mándame un mensaje cuando salga porque lo mataremos", se lee en un mensaje enviado al celular del campesino Jeremìas Martines que fue dado a conocer por el vocero del Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Aguán, Wilfredo Paz.


Juan Chinchilla fue secuestrado por uniformados en enero del año pasado y se salvó logrando escapar de sus captores después de haber sido torturado física y psicológicamente.

En horas de la madrugada de este domingo (26/2), el Observatorio lanzó un llamado de alerta a la solidaridad nacional e internacional para que "hagan incidencia política" ante las pretensiones del régimen de profundizar la represión.