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Por Otramérica
Son tantos los frentes que no queremos verlo de forma aislada. ¿Qué está pasando?
Los altos precios que se pagan por las materias primas, la alta demanda por parte de los mercados del Norte Global y de Asia, han provocado una auténtica fiebre extractivista y agroindustrial en América Latina.
Extracción de metales, hidrocarburos, generación eléctrica, monocultivos… las inmensas inversiones en industrias que no producen, con salarios precarios, que provocan el despojo de la tierra y altamente contaminantes están siendo protegidas por los Gobiernos a bala. Las víctimas las ponen las comunidades que, a pesar de todo, no se dejan. Estos han sido algunos -hay más- de los casos más recientes:
Panamá / La incansable resistencia Ngäbe-Buglé
El 30 de enero se activaron miles de ciudadanos de los pueblos originarios Ngäbe y Buglé. Los diputados oficialistas habían eliminado en el último momento un artículo pactado con las autoridades tradicionales indígenas tras las fuertes protestas antimineras de estos pueblos un año antes.
Los manifestantes cortaron el día 31 de enero la carretera Interamericana, arteria principal del país, y mantuvieron el cierre mientras el Gobierno se negaba a sentarse a negociar. Después de unas refriegas el sábado 4 de febrero en la localidad de Tolé, el domingo 5 de febrero, la Policía Nacional desató un pandemónium represivo que terminó con dos manifestantes muertos, decenas de heridos y, al menos, 150 detenidos. Para sorpresa del Gobierno, se dieron manifestaciones solidarias en todo el país y cortes de calles protagonizados por docentes, sindicalistas, estudiantes y miembros de otros pueblos originarios de Panamá, como los Kuna, Emberá, Wounaan o los Naso.
El martes 7 de febrero, ante la gravedad de la crisis nacional, el Gobierno cedió y firmó el llamado como Acuerdo de San Lorenzo, en el que aceptaba todas las condiciones de los Ngäbe Buglé para levantar el cierre y establecía la negociación sobre la ley que debe prohibir la minería y la construcción de hidroeléctricas en Panamá.
Un día antes, el miércoles 8 de febrero, la brutal represión de la Policía dejó como saldo un número hasta ahora indeterminado de heridxs, golpeadxs y detenidas en el corte de Belén. Siete mujeres están detenidas en Belén, tres de ellas hospitalizadas a causa de los golpes, mientras que los varones fueron trasladados a la localidad de Londres, incluidos Gabriel Carrasco (13) y Mariano Cervantes, de quienes no se conocía el paradero. Continúan detenidos en Belén los tres integrantes de la Asamblea de Andalgalá que fueron detenidos en horas de la siesta. Según El Perfil, son un total de 40 los detenidos, incluyendo el menor de edad.
En otra región, en La Rioja, el 5 de febrero, la policía atacó a los manifestantes antiminería. Comenzaron tirando balas de goma a la distancia para luego arremeter contra la multitud, disparando incluso contra una mujer embarazada y una persona de 70 años que celebraban la Chaya -fiesta popular de origen diaguita, actualmente muy ligado al carnaval-. Denunciaron que Gendarmes y Policías atacaron selectivamente a integrantes de la asamblea contra la minería. En los hospitales se negó la información de los heridos, incomunicando en algunos casos a la personas internadas y amenazando a su vez a lxs activistas.
En Alto Pompeya, la zona levantada, no tienen ni agua potable a pesar de estar situados en una zona de extracción que genera millones de dólares en beneficios cada año.
Los miembros de la asociación de Trabajadores Circunvecinos de Apiay “ARCA”, se encontraban realizando pacíficamente una protesta en uno de los predios de Ecopetrol, para reclamar los incumplimientos que esta empresa ha tenido con los acuerdos firmados con la comunidad, siendo de repente atacados indiscriminadamente por los miembros de la policía de control de multitudes (ESMAD), quienes lanzaron un sin número de gases sin tener en cuenta la presencia de mujeres, niños y personas mayores. Generando con esto que la protesta se trasladada a la vía principal que comunica a la ciudad de Villavicencio con Puerto Gaitán, vía que sirve de comunicación de los carrotanques que transportan el crudo hacia el centro de la ciudad, la cual a causa de los enfrentamientos estuvo por más de 10 horas cerrada.
Informa el representante legal de ARCA que los motivos que generaron la movilización de las comunidades son muchos pero que dos se han convertido en una verdadero problema para la comunidad: La contratación de personal foráneo a la zona excluyendo totalmente la gente de la región, colapsando con esto la economía regional y el vertimiento de aguas residuales a los ríos lo que está llevando los niveles de contaminación a porcentajes incalculables para el medio ambiente.
Producto de las protestas quedo un saldo de 10 personas heridas, todas integrantes de la comunidad y una persona detenida, quien recibió la primera atención jurídica en la Unidad de Reacción Inmediata URI de la ciudad de Villavicencio por parte de una de las abogadas de nuestra fundación y que aún hoy continúa privado de la libertad.
(Informa En Pie de Lucha)
No es el único caso, como destacaba el diario La República “el caso Conga se ha convertido en el emblema de la lucha por el agua, pero hay otros cinco conflictos similares que podrían explotar en cualquier momento con lamentables consecuencias”. Se trata de Candarave, en Tacna; Huarmey, en Áncash; Río Tigre, en Loreto; Lago Chinchaycocha, en Junín; y Llusco, en Cusco.
En Candarave se defiende el agua frente a la minera Southern. En Huarmey, como explicábamos, el conflicto es con Antamina. En Loreto, la Federación de Comunidades Nativas del Alto Tigre “ha iniciado movilizaciones en Iquitos para que se declare en emergencia la cuenca del Tigre y así se la proteja de la contaminación petrolera que soporta desde hace 40 años”. Y en Junín, 11 comunidades campesinas protestan por la contaminación del lago Chinchaycocha.
Mientras, en Llusco (Chumbivilcas) casi 1.000 comuneros están apostados en las cercanías de la minera Anabi dispuestos a desalojarla por haber contaminado sus ríos.
También repudiaron que los recursos naturales están siendo explotados por mega emprendimientos como mono cultivos, minería y represas hidroeléctricas en la región. "Toda esta conflictividad genera a nuestros pueblos un déficit de la soberanía alimentaria, esto lleva a una crisis profunda, hambruna y extrema pobreza en las comunidades campesinas teniendo mayor impacto en las mujeres, niños y ancianos", manifestaron mediante un comunicado de la Vía Campesina.
La reunión concluyó el miércoles por la noche en Tegucigalpa y se remarcó la situación del Bajo de Aguán, en Honduras, y el Valle del Polochic, en Guatemala, donde informaron que hay ataques sistemáticos contra los campesinos. Y a las pocas horas, se confirmó este esquema de represión cuando el 2 de febrero la policía detenía a 13 dirigentes del MUCA, el movimiento campesino del Aguán.
Los altos precios que se pagan por las materias primas, la alta demanda por parte de los mercados del Norte Global y de Asia, han provocado una auténtica fiebre extractivista y agroindustrial en América Latina.
Extracción de metales, hidrocarburos, generación eléctrica, monocultivos… las inmensas inversiones en industrias que no producen, con salarios precarios, que provocan el despojo de la tierra y altamente contaminantes están siendo protegidas por los Gobiernos a bala. Las víctimas las ponen las comunidades que, a pesar de todo, no se dejan. Estos han sido algunos -hay más- de los casos más recientes:
Panamá / La incansable resistencia Ngäbe-Buglé
El 30 de enero se activaron miles de ciudadanos de los pueblos originarios Ngäbe y Buglé. Los diputados oficialistas habían eliminado en el último momento un artículo pactado con las autoridades tradicionales indígenas tras las fuertes protestas antimineras de estos pueblos un año antes.
Los manifestantes cortaron el día 31 de enero la carretera Interamericana, arteria principal del país, y mantuvieron el cierre mientras el Gobierno se negaba a sentarse a negociar. Después de unas refriegas el sábado 4 de febrero en la localidad de Tolé, el domingo 5 de febrero, la Policía Nacional desató un pandemónium represivo que terminó con dos manifestantes muertos, decenas de heridos y, al menos, 150 detenidos. Para sorpresa del Gobierno, se dieron manifestaciones solidarias en todo el país y cortes de calles protagonizados por docentes, sindicalistas, estudiantes y miembros de otros pueblos originarios de Panamá, como los Kuna, Emberá, Wounaan o los Naso.
El martes 7 de febrero, ante la gravedad de la crisis nacional, el Gobierno cedió y firmó el llamado como Acuerdo de San Lorenzo, en el que aceptaba todas las condiciones de los Ngäbe Buglé para levantar el cierre y establecía la negociación sobre la ley que debe prohibir la minería y la construcción de hidroeléctricas en Panamá.
Belén y Tinogasta, Catamarca (Argentina). Todos contra la Barrick Gold
El
20 de enero comenzó un bloqueo múltiple en seis puntos para aislar la
explotación de La Alumbrera, que explota desde hace 15 años la compañía
estadounidense Barrick Gold. Se trataba de ambientalistas de Catamarca,
que animados por el éxito de los resistentes al proyecto Famatina,
trataron de concienciar a los habitantes de la zona de los daños
irreversibles que está provocando La Alumbrera.
Ayer, 9 de
febrero, la policía cargó contra los manifestantes en Tinogasta. Según
informa Todo Noticias "la Infantería avanzó sobre la ruta 60 para
desalojar el corte que mantienen vecinos en contra de la empresa minera Alumbrera, en Catamarca. Dispararon balas de goma y gases. Hubo forcejeos y empujones. La Policía soltó perros para que atacarana los manifestantes. Mujeres, heridas con piedras y chicos en medio de los tironeos y gritos. 'Esto es una violación a los Derechos Humanos', lanzó un vecino, que responsabilizó al gobierno nacional. Después del primer choque, avanzaron los camiones varados en
la ruta. Los vecinos respondieron parados a la vera tirando
piedras. Susana Olivera, ambientalista, señaló: 'Esto es lamentable.
Hemos vuelto a la época de la dictadura. ¿Ésta es la democracia de la Presidenta? No respeta la dignidad de la gente. La represión ha sido terrible. Hay heridos con balas de goma y con gas pimienta'.Un día antes, el miércoles 8 de febrero, la brutal represión de la Policía dejó como saldo un número hasta ahora indeterminado de heridxs, golpeadxs y detenidas en el corte de Belén. Siete mujeres están detenidas en Belén, tres de ellas hospitalizadas a causa de los golpes, mientras que los varones fueron trasladados a la localidad de Londres, incluidos Gabriel Carrasco (13) y Mariano Cervantes, de quienes no se conocía el paradero. Continúan detenidos en Belén los tres integrantes de la Asamblea de Andalgalá que fueron detenidos en horas de la siesta. Según El Perfil, son un total de 40 los detenidos, incluyendo el menor de edad.
En otra región, en La Rioja, el 5 de febrero, la policía atacó a los manifestantes antiminería. Comenzaron tirando balas de goma a la distancia para luego arremeter contra la multitud, disparando incluso contra una mujer embarazada y una persona de 70 años que celebraban la Chaya -fiesta popular de origen diaguita, actualmente muy ligado al carnaval-. Denunciaron que Gendarmes y Policías atacaron selectivamente a integrantes de la asamblea contra la minería. En los hospitales se negó la información de los heridos, incomunicando en algunos casos a la personas internadas y amenazando a su vez a lxs activistas.
Villavicencio (Meta, Colombia). Cuando el petróleo vale más que la vida
Pobladores
de 23 veredas de los corregimientos Cuatro y Siete de Villavicencio
bloquearon el sábado 4 de febrero -por segundo día en la semana- con
llantas ardientes y piedras de río la vía a Puerto López para exigir a
la estatal Ecopetrol inversión de recursos en servicios públicos,
educación y vías como compensación social por la explotación de crudo en
la zona.En Alto Pompeya, la zona levantada, no tienen ni agua potable a pesar de estar situados en una zona de extracción que genera millones de dólares en beneficios cada año.
Los miembros de la asociación de Trabajadores Circunvecinos de Apiay “ARCA”, se encontraban realizando pacíficamente una protesta en uno de los predios de Ecopetrol, para reclamar los incumplimientos que esta empresa ha tenido con los acuerdos firmados con la comunidad, siendo de repente atacados indiscriminadamente por los miembros de la policía de control de multitudes (ESMAD), quienes lanzaron un sin número de gases sin tener en cuenta la presencia de mujeres, niños y personas mayores. Generando con esto que la protesta se trasladada a la vía principal que comunica a la ciudad de Villavicencio con Puerto Gaitán, vía que sirve de comunicación de los carrotanques que transportan el crudo hacia el centro de la ciudad, la cual a causa de los enfrentamientos estuvo por más de 10 horas cerrada.
Informa el representante legal de ARCA que los motivos que generaron la movilización de las comunidades son muchos pero que dos se han convertido en una verdadero problema para la comunidad: La contratación de personal foráneo a la zona excluyendo totalmente la gente de la región, colapsando con esto la economía regional y el vertimiento de aguas residuales a los ríos lo que está llevando los niveles de contaminación a porcentajes incalculables para el medio ambiente.
Producto de las protestas quedo un saldo de 10 personas heridas, todas integrantes de la comunidad y una persona detenida, quien recibió la primera atención jurídica en la Unidad de Reacción Inmediata URI de la ciudad de Villavicencio por parte de una de las abogadas de nuestra fundación y que aún hoy continúa privado de la libertad.
(Informa En Pie de Lucha)
Perú. De Conga a Huarmey. El agua no se vende
El
jueves 2 de febrero los vecinos de Huarmey que protestaban por la
contaminación de sus acuíferos por parte de la minera Antamina sólo
recibieron la respuesta de la Policía. Avanzaba el paro de 48 horas
decretado en la región y la policía despejó la Carretera Panamericana
Norte a punta de gases lacrimógenos y perdigones. La represión provocó
una mayor reacción de los manifestantes, que levantaron piquetes cerca
del Asentamiento Humano “La Victoria”. La Policía bloqueó la carretera
en el sur, a la altura del peaje de Huarmey, y por el norte, en el
distrito de Culebras.No es el único caso, como destacaba el diario La República “el caso Conga se ha convertido en el emblema de la lucha por el agua, pero hay otros cinco conflictos similares que podrían explotar en cualquier momento con lamentables consecuencias”. Se trata de Candarave, en Tacna; Huarmey, en Áncash; Río Tigre, en Loreto; Lago Chinchaycocha, en Junín; y Llusco, en Cusco.
En Candarave se defiende el agua frente a la minera Southern. En Huarmey, como explicábamos, el conflicto es con Antamina. En Loreto, la Federación de Comunidades Nativas del Alto Tigre “ha iniciado movilizaciones en Iquitos para que se declare en emergencia la cuenca del Tigre y así se la proteja de la contaminación petrolera que soporta desde hace 40 años”. Y en Junín, 11 comunidades campesinas protestan por la contaminación del lago Chinchaycocha.
Mientras, en Llusco (Chumbivilcas) casi 1.000 comuneros están apostados en las cercanías de la minera Anabi dispuestos a desalojarla por haber contaminado sus ríos.
Centroamérica. La tierra sigue siendo de los otros
Según
informaba ANSA el 26 de enero, organizaciones campesinas, indígenas y
afrodecendientes de Centroamérica denunciaron en Honduras "una situación
crítica", debido a la represión, criminalización de sus luchas,
destrucción de cultivos, persecución judicial y acaparamiento de
tierras.También repudiaron que los recursos naturales están siendo explotados por mega emprendimientos como mono cultivos, minería y represas hidroeléctricas en la región. "Toda esta conflictividad genera a nuestros pueblos un déficit de la soberanía alimentaria, esto lleva a una crisis profunda, hambruna y extrema pobreza en las comunidades campesinas teniendo mayor impacto en las mujeres, niños y ancianos", manifestaron mediante un comunicado de la Vía Campesina.
La reunión concluyó el miércoles por la noche en Tegucigalpa y se remarcó la situación del Bajo de Aguán, en Honduras, y el Valle del Polochic, en Guatemala, donde informaron que hay ataques sistemáticos contra los campesinos. Y a las pocas horas, se confirmó este esquema de represión cuando el 2 de febrero la policía detenía a 13 dirigentes del MUCA, el movimiento campesino del Aguán.
Chile: el sur caliente
El año 2012 comenzó mal para los Mapuche en Chile.
La represión policial, las agresiones de los carabineros, las
detenciones de líderes y lideresas Mapuche ha sido una constante.
Allanamientos de las comunidades por contingentes militarizados,
detenciones arbitrarias, procesamiento de los líderes Mapuche aplicando
la ley antiterrorista de la dictadura de Pinchet... Las comunidades
Mapuche luchan por sus territorios, mantienen un duro conflicto con
empresas madereras, sufren el accionar de escuadrones paramilitares
contratados por los terratenientes, están resistiendo contra los
proyectos hidroeléctricos y contra la estigmatización y la
criminalización de su lucha por parte del Gobierno.
Mientras,
también al sur de Chile, Pescadores artesanales, ANEF, CUT y el
Movimiento Ciudadano Patagonia Unida-Patagonia sin Represas, junto a
otras organizaciones, se unen en torno a reivindicaciones regionales.
Esta semana se escenificó el clima de tensión en la zona donde las amenazas ambientales y sociales se multiplican.
Venezuela: minería militar
Julio González, capitán del sector Yuwaei Merú, y Ramón Elías Mujica, del pueblo de Karunken, fueron detenidos
el viernes 2 de febrero por efectivos castrenses. La Guardia Nacional
inició la aprehensión de representantes indígenas acusados de desarmar a
militares en La Paragua, el pasado octubre, en protesta por la
protección del Ejército de los mineros ilegales que están afectando
gravemente a su territorio.
Miembros de 13 comunidades
originarias exigieron la liberación de los voceros y rechazaron que una
Fiscalía Militar lleve el caso. También apresaron a la autoridad de la
comunidad Musuk Pa, Alexis Romero y el sábado a Norberto Pinto, de Kurum
Pupai.
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